El lobby LGTB y su sangonera, la ideología de género, han sido masacradores, inclementes y matonistas. Una de sus primeras y principales pieza de caza mayor fue un Juez de intachable historial, recta profesionalidad y honesto proceder. Se trató del ahora ex Juez Ferrín Calamita.

Ferrín Calamita era de la vieja escuela o, dicho de otro modo, de la escuela de la normalidad jurídica española y europea. Pertenecía a los estrictos aplicadores del derecho. Se topó con el navajismo colérico de un lobby, el LGTB, ya cargado de poder en España tras haberle regalado Zapatero la ley de matrimonio y adopción para homosexuales. Zapatero, y su comisario “arcoíris” Pedro Zerolo, junto a los medios de comunicación esbirros de PRISA, comenzaron a esparcir la tinta corrosiva del ácido totalitario contra los defensores de la moral pública, el honor del derecho y la prevalencia de los intereses del menor ante las agresiones del lobby LGTB. Calamita se les cruzó por el camino.

Como Juez de Familia, Ferrín Calamita cuestionó, en 2006, la adopción de una niña llamada Candela, por una pareja de lesbianas. Como es habitual en un proceso de adopción, y dado que el derecho a adoptar no es un derecho absoluto ni privativo del adulto, el entonces Juez encargó informes psicológicos y sociales para atisbar  si esta situación era la mejor para la niña.  Calamita fue entonces vapuleado por el lobby LGTB, por sus compañeros de profesión -salvo excepciones- y por todos los medios y políticos de la izquierda; el sambenito de un supuesto machismo católico heteropatriarcal fue azuzado contra el entonces Juez. El PP, partido que había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de matrimonio homosexual, se abstuvo de proteger al Juez, actuando de forma cobarde y miserable y demostrando que lo suyo en política, una vez más, era y es traicionar.

Ni siquiera pudo emitir el fallo de la sentencia sobre la adopción. Fue suspendido e inhabilitado por 10 años.  Finalmente el Consejo General del Poder Judicial le expulsó de la carrera judicial y el Tribunal Supremo ratificó esta decisión. En España se había naturalizado la aberración: el interés del homosexual adulto –lesbianas, en este caso-, prevalecía sobre el menor y sobre la protección garantista hacia éste.

Recientemente, y 14 años después de los hechos, aquella niña adoptada por las lesbianas “aguerridas” que persiguieron a Calamita junto al agit prop de la izquierda, hoy ya convertida en una adolescente de 14 años, fue abandonada por sus “mamás” y entregada a los “servicios sociales”. La actuación de estas individuas, deleznable y a todas luces reprochable, demostrativa de su irresponsabilidad ha dado, 14 años después, la razón a las dudas razonables del ex Juez de familia. Calamita, que hoy ejerce como abogado, plasmó en redes sociales hace unos días: “Si no recuerdo mal, naciste en febrero de 2006, por lo que ahora tendrás 14 años. No nos conocemos personalmente. Yo fui el Juez de Familia de Murcia que tramitó la solicitud de adopción presentada en mayo de 2006 por Vanesa, basada en el hecho de ser cónyuge de tu madre, Susana, como si ese solo dato le otorgase un derecho absoluto a la adopción, que no existe y sí el tuyo, al desarrollo armónico de tu personalidad”

Calamita continua: “ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales. Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia. He hecho gestiones para averiguar tu paradero, pero lógicamente no me han facilitado ningún dato en ese organismo de la Consejería de la Comunidad de Murcia que ahora se llama de Familias y LGTBI”.

Y concluye la carta abierta a la niña recordándole que al tener más de doce años “tienes derecho a ser oída por un juez y que, cuando cumplas los 16, puedes instar la emancipación o habilitación de edad, y ejercitar acciones legales acto seguido contra el Estado y/o la Comunidad de Murcia -y contra tus dos "mamás". A tu disposición para lo que te pueda ayudar, tanto en lo personal como en lo profesional jurídico. Se ha menoscabado tu dignidad y tus derechos básicos como persona, sujeto de derechos. Una grave injusticia”

El Juez Calamita tenía razón sospechando de la no idoneidad de la pareja de lesbianas para adoptar a esa niña. Fue fiel cumplidor del derecho de familia al supeditar el derecho de adopción al del desarrollo armónico, pleno y libre de la personalidad que asiste al menor y al concebirlo no como un derecho absoluto sino limitado, y condicionado a la felicidad e integridad de la vida personal y moral de la menor a adoptar.

Con su actuación tuitiva de los derechos de la menor, Ferrín Calamita cumplía, además de con los procedimientos del ordenamiento jurídico interno español, con la jurisprudencia internacional que permitía a Estados y a Jueces denegar el acceso de homosexuales adultos a la adopción de menores. El 26 de febrero de 2002 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció contra la decisión de un homosexual parisino, Philippe Fretté, que tenía el deseo de adoptar y le había sido denegado vez tras vez por la Justicia francesa. Finalmente llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que no poder adoptar violaba el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El Tribunal de Estrasburgo dictaminó en su fallo:
1.Que no permitir adoptar a los homosexuales era totalmente compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos.
2. Que el derecho de los menores debía primar sobre cualquier otra consideración, lo que implicaba la legitimidad de negar la adopción a homosexuales
3. Que el Estado francés podía prohibir la adopción a los homosexuales por la protección de la moral.

Ferrín Calamita fue derribado por cumplir con la ley, y por ser católico, aspecto utilizado contra él por la horda progre. La aprobación de la ley de matrimonio y adopción para homosexuales de Rodríguez Zapatero que el PP de Rajoy mantuvo y el de Pablo Casado apoya, volatilizó el concepto romano, cristiano y europeo de matrimonio -heterosexual y monógamo- que como institución irrevocable estaba grabado en la tradición del derecho europeo. ZP destruyó 1500 años de tradición legal y filosófica occidental. En el libro VIII de “Las leyes”, Platón estableció que ningún legislador sensato decretaría el matrimonio entre homosexuales: porque iba contra la naturaleza y porque sus efectos serían irreversibles para la sociedad. En semejante premisa, Platón sería seguido por el derecho romano y por el cristianismo. La tradición jurídica occidental fue así hasta la llegada al poder de Zapatero bajo el palio de un atentado/golpe de “Estado”, y la extensión en Europa del poder de los lobbies de George Soros y de las tesis anti-occidentales de la Escuela de Frankfurt, que coparían desde entonces las instituciones de Bruselas, escribiéndoles su agenda ideológica.

El derecho natural como fuente de bien común, la naturaleza como “fuerza del derecho”, como fue teorizado por el genial abogado y orador romano Cicerón en el siglo I a.C, había sido triturado por la izquierda para dar paso a los “diseños sociales” a gusto de un lobby minoritario, pero apoyado por el Club Bilderberg y los grandes magnates financieros y bancarios llamado LGTB.

Los diseños anti natalistas partidarios de las formas de sexualidad estéril, del aborto y de la reducción poblacional, tesis apuntaladas por David Rockefeller en sus habituales discursos ante la ONU y, una vez fallecido éste, y con igual intensidad, por el magnate Bill Gates, fueron llevados al poder de forma definitiva en España cuando la masonería anticristiana inspiró la legislación abortista y homosexualista de Rodríguez Zapatero.  

La institución familiar en España, y como basamento de ella, el bienestar del menor, dejaron de ser amparados en España y, en su lugar, nos abonamos al invierno demográfico de la menor tasa de fecundidad de Europa pero, eso sí, sufragando, todos los años, una cantidad de centenares de millones de euros destinados a la ideología de género y a los lobbies feministas y LGTB. La generalidad valenciana entregó, el pasado año, más de 700. 000 euros a organizaciones LGTB. El Ayuntamiento de Valencia, en 2020, otorgará a colectivos de esta índole más de 100.000 euros. Imaginen estas cantidades repetidas en todos –o casi todos- los Ayuntamientos de España y todas las Autonomías así como la Administración estatal.

¿Qué régimen específico fiscal de ayuda directa, acceso a viviendas y protección jurídica y económica de estimulo a la natalidad tienen las familias heterosexuales en España? Ninguno. Pero más de 30 millones de euros anuales van destinados al fomento de políticas abortistas.

Cuando derribaron al Juez Calamita se abrió en España una puerta a la infertilidad, al despotismo LGTB y a la persecución del disidente. Cualquier demostrado católico cabal en la judicatura que cometiera desliz a favor de la justicia y la razón, sería removido. Reconocidos masones de izquierda ocupaban las más altas magistraturas, y sentencias vergonzantes como la profanación del cadáver de Franco o el aval constitucional a la aberrante y anti-igualitaria “ley de violencia de género” serían posibles.  El ex ministro de Justicia Fernando Ledesma (1982-1989) pronunció hace unos años, en homenaje a Pascual Sala (que fuera presidente del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo y magistrado del Constitucional) un discurso en el que destacó “la pertenencia de ambos a la masonería”. En el mismo acto se reconoció la pertenencia a la masonería, durante décadas, de los presidentes del Supremo.  Esa Justicia masónica que ha tenido en su función jurisdiccional al mencionado Pascual Sala, fue la que arrojó la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó a Bildu revocando la decisión del Tribunal Supremo o la Sentencia que avaló el matrimonio homosexual. El propio Pascual Sala, que se colocó en 2015 en el despacho jurídico del separatista Miquel Roca, ha llegado a reconocer que “él no ve delito de rebelión en los actos del 1-0 de los separatistas catalanes, y también tiene problemas para ver el de sedición”.

Un Juez como Calamita molesta a cualquier magistrado masonazo de la izquierda encabronada.  Ya en aquel lejano 2006, y para los nuevos tiempos que esperaban a España, donde la masonería y los lobbies de izquierdas LGTB iban a tener un protagonismo excepcional, Calamita molestaba.

14 años después de haber sido criminalizado injustamente, expulsado canallescamente  y pese a tener la constatación sobrada de su razón cuando actuó como Juez de Familia en defensa de la dignidad de una menor, ni el Consejo general del Poder Judicial ni los Jueces implicados pedirán perdón a Calamita ni reconocerán su “error”.

Porque no fue un error; fue el inicio de una caza de brujas contra los representantes puros de las ideas de justicia e imperio de la ley que la agenda LGTB y el poder masónico quisieron cargarse, y al parecer –y a la vista está- lo están logrando.