El 1 de abril de 1936 el General Franco dio por finalizada la Guerra Civil que había dividido y enfrentado a los españoles durante tres interminables años mediante el siguiente comunicado: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”.

El final de la contienda con la incontrovertible victoria del bando nacional se ha convertido en secular caballo de batalla de una izquierda incapaz de aceptar la derrota, a pesar de que hayan transcurrido más de 80 años desde que la misma se produjo.

Desde un punto de vista psicológico, como consecuencia de su fracaso en el campo de batalla, los socialcomunistas españoles son presa de un sentimiento de odio forjado a fuego lento en el horno del rencor. Este indeseable y autodestructivo sentimiento, transmitido de generación en generación, es el que impide a una buena parte de socialistas y comunistas superar el amargo trance y avanzar libres de taras psicológicas por el camino de la concordia nacional. Debido a ello sufren una suerte de disociación cognitiva, que los ha llevado a la promulgación de una serie de leyes que tienen como objetivo ganar una guerra que en lo más profundo de su tenebrosa alma saben irremediablemente perdida.

Éste fue esencialmente el espíritu que guió a José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de promulgar en octubre de 2007 la Ley de Memoria Histórica y es el que más recientemente, concretamente en julio de 2021, ha llevado a Pedro Sánchez a refinar de manera indecente dicha ley, mediante el Proyecto de Ley de Memoria Democrática (LMD), cuya invalidez -por su falta de idoneidad legal, su sesgo ideológico, su carácter sectario y sus tintes inquisitoriales- resulta evidente para cualquier persona con un mínimo de honestidad, sentido común y conocimiento de la historia. De hecho, como se señala en el “Manifiesto por la Historia y por la Libertad”, firmado por más de 200 historiadores, “Ningún Parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la historia, pues de hacerlo criminalizaría la historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado”. En esa misma línea de pensamiento se posiciona el historiador Santos Juliá cuando manifiesta a propósito del revisionismo político de la historia que “Imponer una memoria histórica es propia de regímenes autoritarios o de utopías totalitarias”, retratando de esta manera con clarividente precisión lo que la coalición socialcomunista pretende llevar a cabo en España.

En el ámbito estrictamente jurídico la LMD adolece, como señala en su blog el jurista Álvaro Bernad, de dos defectos que la invalidan como instrumento para impartir justicia. Así, en primer lugar, la LMD pretende interpretar el pasado mediante el establecimiento de una versión oficial de la historia, cuando, por definición, el Derecho no tiene la facultad de entrar en valoraciones de lo acontecido en tiempos pretéritos, sino que tiene como misión regular el presente desde el punto de vista legal. De esta forma, la coalición socialcomunista se arroga una omnisciencia histórica, a partir de la cual suponen estar habilitados para reescribir la historia en función de sus propios criterios e intereses, demostrando con ello no su capacidad interpretativa de la realidad, sino el arrogante resentimiento que impulsa su acción de gobierno. A su vez, en segundo lugar, la LMD pretende imponer su visión de la historia al conjunto de la ciudadanía en un despótico ejercicio de poder. Así, por un lado, recurre al adoctrinamiento masivo, al señalar que se deberán llevar a cabo acciones educativas encaminadas a actualizar el contenido curricular de la ESO y el Bachiller, así como desarrollar proyectos de investigación   y divulgación que garanticen que la ciudadanía conozca su versión de la historia. Si ello no fuera suficiente, la LMD también establece sanciones, que van desde los 200 euros hasta los 150.000 euros, para penalizar a todo aquel que no comulgue con sus planteamientos y no se pliegue a sus dicterios. Es decir, se pasa de un derecho penal de acto -que castiga a las personas por lo que hacen- a un derecho penal de autor -que sanciona a los individuos por lo que piensan-, estableciéndose así un ordenamiento jurídico semejante al implementado por los regímenes nazi y soviético.

Por si todo ello no fuera suficientemente aberrante, resulta que la LMD es también, a todas luces, anticonstitucional, ya que conculca la libertad ideológica (Artículo 16), la libertad de expresión (Artículo 20), la libertad de reunión (Artículo 21), la libertad de asociación (Artículo 22) y la libertad de enseñanza (Artículo 27). En consecuencia, la LMD supone de facto la eliminación del “Principio de legalidad”, según el cual todo aquello que emana del Estado debe regirse por la legalidad vigente y no por la arbitraria voluntad del poder político.

Cabe, por tanto, concluir esta apartado señalando que la LMD constituye una amenaza para todas y cada una de las libertades individuales recogidas en la Constitución, reflejándose con ello fielmente el espíritu totalitario que anima a la coalición socialcomunista en su ejercicio del poder.

Ya en el terreno histórico, la LMD supone un vergonzoso falseamiento de la historia y, por lo tanto, un ataque directo a la verdad. Así, la LMD establece de forma puerilmente maniquea que en la Guerra Civil se enfrentaron dos bandos, uno de los cuales, el bando republicano, era en esencia de carácter angelical, mientras que el otro, el bando nacional, presentaba connotaciones absolutamente maléficas. Semejante planteamiento dicotómico, como no podía ser de otra manera, resulta incompatible con los hechos acaecidos, lo cual es fácilmente demostrable si repasamos con una mínima objetividad los acontecimientos que desencadenaron el conflicto. Por razones obvias resulta imposible desarrollar en un artículo un relato global de lo sucedido durante la II República, por lo que nos centraremos tan solo en algunas de las más significativas tropelías cometidas por la izquierda republicana.

En primer lugar, es necesario resaltar que, como consecuencia de un anticlericalismo rabiosamente radical, la persecución religiosa fue una de las notas dominantes durante la II República. Así, además de la quema de cientos de iglesias y conventos, el bando republicanos asesinó a más de 4.000 sacerdotes, más de 2.000 frailes, casi 300 monjas y alrededor de 3.000 seglares, todo lo cual suma la nada despreciable cifra de 10.000 muertos, cuyo único delito fue el de ser cristianos.

Por otra parte, de la mano de Largo Caballero, el PSOE sufrió una imparable “bolchevización” que le llevó a convertirse en un partido esencialmente antidemocrático y partidario de la dictadura del proletariado. Así, Largo Caballero declaraba que “Quiero decirles a las derechas que, si triunfan, tendremos que ir a la guerra civil declarada”. Por su parte el PCE no era otra cosa que la sección española de la III Internacional Comunista, también conocida como Comintern, de tal forma que eran agentes soviéticos los que determinaban las políticas que los comunistas españoles debían llevar a cabo. Fruto de todo ello la izquierda española siguió una deriva totalitaria que desembocó en el “Golpe de Estado de octubre de 1934”, el cual provocó gravísimos incidentes en todo el territorio español, si bien con particular éxito en Asturias. Algunos historiadores, como Pío Moa en “Los mitos de la Guerra Civil”, Javier García Isac en “La II República sin complejos” o Stanley G. Payne en “El camino del 18 de julio”, han señalado que este ataque al orden constitucional republicano fue uno de los principales desencadenantes de la Guerra Civil e incluso, yendo más allá, el hispanista británico Gerald Brenan considera que la intentona golpista de octubre de 1934 fue la primera batalla entre nacionales y socialcomunistas.

Para terminar esta breve crónica de luctuosos acontecimientos protagonizados por las izquierdas durante la II República no podemos dejar de referirnos a la manipulación de las elecciones de febrero de 1936 que dio la victoria al Frente Popular. Así, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en su obra ”1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular”, han demostrado sin dejar lugar a la duda, por un lado, que en los meses previos a las elecciones imperó un ambiente de violencia extrema contra las fuerzas políticas de derechas, y, por otro lado, que tras la celebración de la cita electoral los dirigentes del Frente Popular instigaron a sus partidarios para que secuestraran las urnas y amañaran las actas, cosa que efectivamente hicieron. De esta forma la derrota electoral del Frente Popular se convirtió en una fraudulenta victoria que habría de cambiar para siempre el curso de la historia.

A propósito de lo que estaba sucediendo en España bajo el mandato del Frente Popular resultan del todo esclarecedoras las reflexiones de una mujer como Clara Campoamor, declarada feminista y republicana, la cual, en su obra escrita desde el exilio “La revolución española vista por una republicana”, manifestaba lo siguiente: “Se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se ataca a todos los adversarios tildándolos de fascistas. Iglesias y edificios públicos eran incendiados. En las carreteras del Sur eran detenidos los coches como en los tiempos del bandolerismo y se exigía a los viajeros una contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional. Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. (…) Se vislumbraba con demasiada claridad que el triunfo del Gobierno no sería el triunfo de un régimen democrático dentro del cual el ciudadano gozaría de libertad. Sería una época de enfrentamientos internos entre los grupos obreros con distinta ideología, que se disputarían el poder y la gloria de instaurar en el país regímenes opuestos: el comunismo bolchevique o el libertarismo anarquista. El resultado solo puede ser una dictadura del proletariado más o menos temporal en detrimento de la República Constitucional”.

En definitiva, a tenor de todo lo expuesto, resulta obvio que el General Franco no protagonizó una insurrección específicamente antirrepublicana, sino que, en sentido estricto, comandó el alzamiento contra el Gobierno del Frente Popular, esencialmente violento, totalitario e ilegítimo, con la finalidad de evitar que España se convirtiera en una nación sometida a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en ese momento presidida por Iósif Stalin, uno de los mayores genocidas de la historia de la humanidad. Visto lo visto, parece que, contra todo pronóstico, lo consiguió.