El próximo día 29 de octubre, fecha de indudable resonancia histórica para el patriotismo español, está previsto que se celebre, si Dios no lo remedia, un juicio, uno más, contra dos significados patriotas españoles cuyo único delito ha sido el haber manifestado su amor a España en un acto público celebrado, para mayor consternación de la chusma separatista, en la muy española ciudad de Barcelona, mal que le pese a esa gentuza.

Los citados patriotas, ejemplo vivo de lealtad y amor a España, son Manuel Andrino, Jefe Nacional de la Falange, y Pedro Pablo Peña, Jefe Nacional de Alianza Nacional. Los hechos “gravísimos” por los que se les acusa de un delito de odio son los discursos que ambos pronunciaron el 12 de Octubre de 2013, Día de la Hispanidad, en Monjuic, ante una nutrida concurrencia de público entusiasmado con sus vibrantes palabras. Aquel lejano día, tan especial y querido por quienes sentimos el orgullo de ser españoles, tuve la suerte de poder estar entre los asistentes, participando en un evento que nos hizo emocionar a los allí presentes, finalizando con una solemne ceremonia de jura de bandera mientras sonaban los acordes del himno nacional.

Tanto Manuel Andrino como Pedro Pablo Peña manifestaron su amor por España, defendiendo de manera rotunda la unidad de la Patria, y llegando a decir el primero de ellos que estaba dispuesto a cumplir el sagrado juramento de bandera que en su día prestó durante el servicio militar, en el que juró por Dios defender a España hasta derramar la última gota de sangre, la propia y si fuera preciso, como muy bien precisó el Jefe Nacional de la Falange, la del enemigo de enfrente que pretenda acabar con la nación española.

Y ahora resulta que manifestar la voluntad de hacer cumplir ese sagrado juramento, si las circunstancias lo exigiesen, constituye un delito de odio según afirma el fiscal de la odiosa Fiscalía del Odio de Barcelona. Increíble, pero cierto. ¡Válgame Dios cómo está la Justicia en España!

O sea, que un tipejo cualquiera puede hacer todo lo posible para destruir a España, promoviendo el odio contra los españoles, e insultándolos a diario, como por desgracia ocurre con tanta frecuencia en Cataluña y en la Provincias Vascongadas, pero también en otras partes de España donde por desgracia se han desarrollado separatismos de toda laya y condición, como si de una planta venenosa se tratara. Recordemos, sin ir más lejos, el artículo que hace unos años publicó el infame traidor Joaquín Torra, ex presidente de la Generalidad de Cataluña para más señas, recientemente inhabilitado por un período de 18 meses por una sentencia  del Tribunal Supremo. “Terrible” condena sin duda alguna para un “patriota” catalán tan ejemplar, que desobedeció reiteradamente la orden de la Junta Electoral Central de descolgar de un balcón del Palacio de la Generalidad una asquerosa pancarta a favor de sus colegas, los separatistas golpistas catalanes que hace tres años dieron un golpe de Estado contra España, declarando la independencia de Cataluña. Golpistas que por cierto, a pesar de haber sido condenados a once años de cárcel por un delito de sedición, se van a beneficiar en poco tiempo del indulto que ya les está preparando el magnánimo Gobierno de Sánchez, según reconoció hace escasos días el actual ministro de Justicia, el ínclito Sr. Campo.

 

En el citado artículo del delincuente Torra se decía entre otras “lindezas” que los españoles hablábamos la “lengua de las bestias”, como prueba de su amor por el idioma español, ése que tanto él como sus predecesores en el cargo, o sea en la poltrona de la Generalidad, han tratado de erradicar en Cataluña por todos los medios posibles, a pesar de ser junto con el catalán el idioma oficial de Cataluña, por lo menos en teoría. Otra cosa por desgracia es la realidad. Sin embargo a este individuo no le llamó al orden ningún fiscal del Odio, ni tampoco ningún juez, haciéndole declarar por un presunto delito de odio, ¡que eso sí que es odio y del bueno! Se ve que en realidad era una muestra de “cariño” hacia España.

 

Ejemplos como éste se vienen produciendo por desgracia en nuestra Patria a diario, especialmente, aunque no sólo, en las regiones donde más ha prendido la llama del criminal separatismo, también en el resto de España; y para mayor vergüenza sin que se produzca la más mínima reacción en contra por parte de las autoridades, ya sean gubernativas, o judiciales.

Con lo cual los españolitos de a pie comprobamos, una vez más, cómo la ley que verdaderamente se aplica en todos estos casos no es la sacrosanta Constitución de 1978, no, aquí en España lo que de verdad rige y se impone es la doble vara de medir, ya saben: para unos muy larga, y para otros muy corta. Son las cosas de esta maravillosa democracia que dicen algunos que “nos hemos dado”. Eso significa que el patriotismo español lleva más de cuarenta años sufriendo un agravio comparativo sistemático y permanente. Por todo ello la confianza que podemos tener en la Justicia los españoles que todavía creemos en España es ninguna.

En consecuencia, a los españoles no nos queda otro remedio que seguir luchando y clamando por que en España se haga justicia de verdad, y exigir por todos los medios que se deje de perseguir al patriotismo español; persecución que debería dirigirse realmente hacia todos aquellos cuyo objetivo principal en su miserable vida es la desintegración de España. De lo contrario la existencia del Estado de Derecho en nuestra querida Patria será una vulgar falacia, por mucho que desde los medios de comunicación del Sistema, que más bien lo son de manipulación, nos estén dando la matraca diariamente con las excelencias del maravilloso Estado social, democrático y de Derecho del que “disfrutamos” desde que se aprobó la malhadada Constitución española de 1978.

Por todo ello, tanto Manuel Andrino como Pedro Pablo Peña deben ser absueltos de una acusación tan absurda como infundada del delito de odio. Si llegan a ser condenados nos encontraremos ante un nuevo atropello judicial como el que perpetró hace escasos meses el Tribunal Supremo en el “caso Blanquerna”, y estaremos más cerca de la desaparición en España de la auténtica justicia, es decir, de aquélla que consiste en dar a cada uno lo suyo.