La distribución de representantes parlamentarios entre los partidos políticos en España sigue las reglas de la Ley D´Hondt, que puede definirse como el sistema por el que se distribuyen partes del territorio en circunscripciones repartiendo los puestos de representación entre los partidos que tengan más de un tres por ciento de los votos. El perverso desarrollo que se provoca en la realidad electoral con la Ley D´Hondt ha sido criticado en bastantes ocasiones, como pasó con las elecciones generales, celebradas el pasado día 20 de diciembre. El Consejo de Estado, en un informe, señala que “por su parte, la fórmula D’Hondt es conocida por su propensión a beneficiar a los partidos grandes y, al mismo tiempo, perjudicar a los pequeños, especialmente cuando éstos son de ámbito nacional” y que “la regla D’Hondt es tenida comúnmente por la menos proporcional de las existentes”.

Los grandes partidos políticos se han visto protegidos por la aplicación de las reglas de distribución de escaños del Congreso que recoge la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, cuya Exposición de Motivos indica que “Un sistema electoral en un Estado democrático debe garantizar, como elemento nuclear del mismo, la libre expresión de la soberanía popular”. Lo curioso es que falta un mecanismo acertado.

Por el sistema vigente, el PP y el PSOE tienen menos problemas para conseguir más parlamentarios que partidos que, obteniendo bastantes votos, tienen pocos representantes por la dispersión de sus electores. Las reglas fijadas también benefician a las formaciones regionalistas, que, normalmente, consiguen con facilidad un amplio número de candidatos electos.

Resulta necesario destacar que Rosa Díez indica en un artículo, publicado en el diario El País, que “el sistema actual conculca dos derechos fundamentales: el derecho pasivo de todas las formaciones políticas a ser elegidas en igualdad de condiciones y el derecho activo de cada uno de los ciudadanos de elegir en igualdad de condiciones” y que “el argumento principal para proponer una reforma urgente de la Ley Electoral es la defensa de la igualdad, consagrada y conectada en distintos artículos claves de nuestra Constitución: el 1.1 (igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico); 9.2 (participación de los ciudadanos en la vida política); 23.2 (acceso a los cargos públicos) y 68.1 (voto igual)”.

Pablo Iglesias y Albert Rivera ya han propuesto realizar una reforma electoral que sirva para cambiar el panorama político y los problemas que sufren muchas formaciones políticas que, por tener muchos votos dispersos, consiguen una representación parlamentaria menor de la que correspondería por otro método de asignación de parlamentarios. La vía que parece más acertada, como señala Rodrigo Tena Arregui, es la que se refiere a la modificación de la Constitución, aunque, según Víctor Gómez Frías, también es posible no cambiar la norma superior del ordenamiento jurídico para alterar el sistema electoral.

El problema es que parece complicado reformar la Ley Orgánica 5/1985 para garantizar la igualdad y la representación proporcional, ya que los principales partidos políticos no quieren que cambien aspectos que les benefician. Probablemente, cualquier formación política que ocupe su posición tendrá su misma postura.