El violento final de la presidencia de Trump de nuevo nos demuestra el doble rasero moral con que los medios de comunicación actúan. La violencia de Black Lives Matter no se trató con la misma severidad con la que se está valorando la de los partidarios de Trump. Suponiendo que no se trate de una operación de falsa bandera. 

En todo caso, unos actuaban indignados contra lo que consideran un abuso policial intolerable, los otros actúan desesperados contra lo que entienden ha sido un pucherazo electoral. Pero como es habitual, la violencia se juzga según la ideología de quien la ejerce. Lo llevamos viendo décadas con los crímenes del comunismo y los crímenes del nazismo, equivalentemente condenables, sin embargo, los genocidios y la represión marxista se oculta o se relativiza, cuando no se justifica. En España lo experimentamos con nuestra guerra civil y la represión ejercida en ambos bandos. ¿Alguien duda de que si todo lo que ha sucedido con la pandemia hubiera acecido con un gobierno de derechas en vez de ultraizquierda, hace meses que estaríamos viendo arder sedes del PP? Ninguna novedad, el absoluto dominio que sobre los medios de comunicación ejerce el consenso capitalismo-socialdemocracia, convierte a estos en instrumentos de manipulación en vez de en medios de información.

Pero lo que ningún analista está destacando es la grave responsabilidad que el poder judicial norteamericano ha tenido en estos sucesos violentos. Una Administración de Justicia neutral  es indispensable para mantener la paz social.  Cuando las evidencias de irregularidades electorales son innegables, con independencia de que las mismas tengan o dejen de tener relevancia para determinar el resultado electoral, la obligación de los Tribunales es efectuar una exhaustiva investigación. Por un lado, para garantizar que el ganador del proceso electoral ha  conseguido llegar a la Casa Blanca limpiamente, por otro, para  tranquilizar a la opinión pública y castigar a quiénes estuvieran implicados en aquellas irregularidades. Ciertamente  19.000 votos en un Estado, 18.000 en otro y 13.000 en el de al lado, no van a cambiar nada. Pero si esos votos se computaron debido a un fraude electoral, el responsable debería ser castigado. ¿Qué credibilidad puede tener un sistema judicial que no persigue un delito electoral?. Las consecuencias son gravísimas. Si una parte de la población cree que se han amañado las elecciones  y no puede confiar en que los Tribunales lleguen al fondo del asunto, se la está acorralando con imprevisibles consecuencias, ya que considerará que el sistema democrático es un cuento. 

Si Biden fuese un hombre de Estado, un patriota, repetiría los comicios, para borrar la sombra de fraude que va a pesar sobre su mandato y cerrar el paso a todas las teorías conspirativas que han visto en las irregularidades detectadas la punta del iceberg.  Pero Biden es un agente del mundialismo y mucho nos tememos que los globalistas han aprendido la lección de la derrota de Hillary Clinton y  jamás volverán a asumir el riesgo de que el pueblo decida libremente y se atreva a apartarse de la consigna que sus medios de comunicación predican. Biden será presidente, pero para muchos estadunidenses habrá llegado a la presidencia gracias a las trampas, no al apoyo popular.