Vino como un huracán dispuesto a barrer la corrupción de nuestra vida política, y ahí le tenéis, convertido en un sultán. Sátrapa disfrazado de Presidente demócrata que se desvive por todos nosotros (eso es, al menos, lo que sale de su boca). Se desvive por vivir, pero al margen de la verdadera realidad. Vive una realidad imaginaria que solo está en su cabeza, y que ha supuesto una traición a todos nosotros y a él mismo. Porque, amén de no haber cumplido ni una sola de sus promesas, sigue en las mismas batuecas empeñando en hacernos creer que todo lo que hace es por nuestro bien y que seguimos viviendo en un Estado de Derecho.

Ha ejercido buena parte de su mandato bajo la más absoluta ilegalidad de unos estados de alarma inconstitucionales, y al margen del Congreso adonde, cuando acude es para no oír ni contestar a lo que se le pregunta. Ha estado gobernando a golpe de Decretos leyes. Pedro Sánchez, ha emitido más de 90 decretos ley desde fue nombrado jefe del ejecutivo a principios de junio de 2018, cuando triunfó la moción de censura contra Mariano Rajoy. El Presidente del Gobierno roza ya el centenar de este tipo de decretos en los tres años que lleva en la Moncloa, y será el presidente que más rápido alcanzará esa cifra de continuar con el ritmo que lleva marcando desde principios de su legislatura.[1]

Y encima, tanto él como su “equipo” (interno, externo y medio pensionista) tienen la osadía de proclamar que desacatarán las sentencias de los Tribunales cuando no le satisfagan sus sentencias. Porque desde que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la pésima costumbre de acosar a los jueces que no dictan resoluciones favorables a sus intereses políticos, otros gobiernos autonómicos se contagian de impunidad y lo imitan, sin que aquí pase nada. Esto es lo que, sistemáticamente, hace el Gobierno Catalán con descaro al que ya están siguiendo otros. Hace poco, la juez decana de Palma de Mallorca denunció que el Ejecutivo de Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol, no está respetando la independencia de los jueces porque sus resoluciones han revocado su arbitraria decisión de confinar.[2] ¿Consecuencias de semejantes e intolerables declaraciones? Ninguna, por desgracia.

Y luego vienen presumiendo de “justicia social”, “Presupuestos sociales” y similares palabras huecas que, para colmo, resultan ser completamente falsas, porque este Gobierno solo adopta medidas para mantenerse en la poltrona, y eso es todo. Subvenciones a compañías venezolanas (como PLUS ULTRA), para pagar favores. Subvenciones (disfrazadas bajo la denominación de “subsidio social”) a los jóvenes de 18 años, porque son quienes estrenarán el derecho a voto. Y, por el contrario, restricciones a los alquileres (también disfrazadas de medida social) que van a arruinar al Sector de la construcción, con la enorme cantidad de empleo que ello supone. Porque aquí, el plan (no nos dejemos engañar) es que la clase media pague el gasto de Sanchez por mantenerse en la Moncloa y ahí está el Proyecto de Presupuestos Generales recientemente aprobado.

Y si para muestra basta con un botón, reproduzco parte del cómic difundido por los propios socialistas para la promoción de aquellas ayudas que puso en marcha PSOE de Aragón en 2019. El diálogo del cómic entre los dos jóvenes transcurre con esta literalidad:[3]

- ¿Qué pasa Manuela? ¿Dónde vas tan rápido?

- ¡Hola Mateo! Pues a pillar unos cómics y sacar unas entradas para el teatro.

-Yo, como estoy pelado, aquí me quedo.

- ¿Qué dices, chaval? ¡Esto lo pago con el bono cultural!

- ¿Y eso qué es?

- Pues una ayuda de 150 euros que el Gobierno de Aragón nos da a los jóvenes de entre 18 y 22 años para gastar en cultura, y como el Ayuntamiento pone otros 150 euros, tengo 300 para comprar libros, ir a espectáculos, exposiciones… ¡en todo Aragón, claro!

-¡300 eurazos! ¿Y qué hay que hacer para pillarlos?

-Pues votar al PSOE, que es a quien se le ha ocurrido la idea…

Todo lo anterior, es una auténtica barbaridad, que supone el incremento de un gasto público (que, entre pitos y flautas, va a superar los 200.000 millones de euros), más otras partidas adicionales que pretenden colar de “rondón”. Un gasto público que se dispara (especialmente para quienes pagamos impuestos), sin que, con ello, el auténtico bienestar de los ciudadanos se incremente lo más mínimo. Lo comido por lo servido y, aunque suban las pensiones o el SMI, el incesante incremento en determinados productos básicos (como la electricidad o el gas) se comerán cualquier beneficio social, que es lo único que anuncian a bombo y platillo, omitiendo el resto. Bombo y platillo de puros “chamarileros”, que es lo que realmente son, porque no arreglan ni uno solo de los problemas reales que tenemos los ciudadanos.

Muy al contrario, agravan nuestros problemas y miran hacia otro lado cuando quien delinque forma parte de su equipo. Porque aquí se puede robar y saquear los comercios (como han hecho los furibundos PCR o la kale borroka vasca), se pueden apropiar de tu casa los okupas y se pueden mostrar muñecos con la cara de Rey con una soga colgada al cuello. No pasa nada porque se encuentran amparados por quienes arropan a Sanchez en el Congreso. Y es que, el Proyecto de Ley de Presupuestos (indispensable para que Sanchez siga en la Moncloa), tiene contrapartidas que no figuran en los mismos, como son las concesiones a los defensores de los etarras y a los separatistas catalanes sin cuyos votos este Proyecto no saldría adelante. Unos Presupuestos llenos de subvenciones, de más gasto público inútil (que luego no se traduce en nada práctico), y de más empleo público (porque estamos hasta el gorro de funcionarios que luego no funcionan).

Pero ni una sola medida de fomento para la creación de empleo, para inversiones en donde pueda participar la iniciativa privada o para ayuda a las PYMEs, que son quienes realmente crean empleo. Para muestra el Proyecto de Ley de Vivienda, pactado por PSOE y Unidas Podemos, que incluirá la obligatoriedad de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida.[4] Esta propuesta comunista pretende que las constructoras y promotoras privadas agranden el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida, y de ese porcentaje, la mitad a alquiler social para los más vulnerables.

Obvio es decir que esta obligación ha caído en el sector constructor y promotor como un jarro de agua fría, puesto que consideran que teniendo que reservar un porcentaje de sus promociones a vivienda protegida «no salen las cuentas. Ya tenemos nuestros planes de negocio cerrados y hemos hecho inversiones en compra de suelo para poder construir viviendas, ahora no será rentable», explican desde el sector. Y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) apunta que esta medida puede traer al mercado español de alquiler efectos negativos, similares a los que ha dejado en Cataluña. En concreto, calculan que desde que entró en vigor la ley, en la región el 55,3% de los promotores y constructores ha parado la inversión esperando un nuevo escenario; mientras que un 31,6% ha reducido su inversión y un 3,1% ha trasladado su inversión a otro territorio. «Estos datos reafirman la previsible reducción de la oferta, la actividad y el empleo», adelanta ASPRIMA.[5] ¿Presupuesto progresistas? Amos anda …

Total, que hemos vuelto a ser un “país de pandereta”, en donde su clase dirigente vive a costa de los demás, y un país al que se lo lleva el viento, porque cada vez queda menos tejido empresarial y nuestros mimbres cada vez dan para menos. Y un país en donde ya ni nos entendemos en la misma lengua y que reniega de su propia historia. Un país, en definitiva, al que, a poco que nos descuidemos y no pongamos freno a tanto disparate, será barrido por el viento y le pasará lo que a María Sarmiento …

 

 

 

 

[1] Vid: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/pedro-sanchez-punto-alcanzar-100-decretos-ley-que-fue-nombrado-presidente/20210624194240255379.html

 

[2] “Los jueces argumentan conforme a criterios de libertades y protección de los derechos, pero Armengol y su equipo han pretendido deslegitimarlos. Es demasiado. La izquierda solo quiere una sumisión absoluta de todos los poderes del Estado. Eso sí, cada juez intimidado o perturbado en su independencia tiene la obligación de buscar amparo en el CGPJ. No bastan las denuncias públicas de un día, y el Poder Judicial debería estar en guardia y ser más combativo. Por su propio bien, porque Sánchez ha normalizado el acoso y no hace prisioneros”. Vid: https://www.abc.es/opinion/abci-editorial-abc-sanchez-normalizado-acoso-politico-jueces-202107022339_noticia.html

 

 

[3] Vid: https://okdiario.com/espana/comic-del-psoe-confiesa-objetivo-del-bono-cultural-si-quieres-pillar-300-eurazos-votanos-7908790

 

[4] Esta propuesta comunista pretende que las constructoras y promotoras privadas agranden el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida, y de ese porcentaje, la mitad a alquiler social para los más vulnerables. De momento, se desconoce cómo se aplicará dicha medida y si tendrá efecto para toda obra nueva. Al igual que otras muchas propuestas incluidas en la Ley de Vivienda, esta imposición ya ha sido aplicada con anterioridad en otras zonas y no ha conseguido el efecto buscado; sino todo lo contrario. En concreto, esta medida fue aprobada por Ada Colau en Barcelona en 2018. Desde entonces los promotores deben reservar el 30% de cada promoción a vivienda protegida, lo cual ha tenido un efecto nefasto en el sector residencial barcelonés. La Asociación de Promotores de Cataluña asegura que se ha producido una reducción de la actividad constructora en la ciudad condal. Vid: https://okdiario.com/economia/gobierno-obligara-constructores-reservar-30-sus-promociones-vivienda-protegida-7909664

 

 

[5] Cfr; misma fuente antes citada