Por fin, parece que tras casi 10 años desde que se produjo la tragedia de Angrois, llenos de despropósitos judiciales, el próximo 20 de Septiembre comenzará el juicio por el mayor accidente ferroviario español de los últimos 90 años. 80 personas fallecidas, más de 140 heridas y miles de familiares y amigos desolados por tamaña desgracia.

Afortunadamente, como ciudadanos nosotros no tenemos obligación alguna de suponer la presunción de inocencia política a quienes en calidad de tal eran los máximos responsables antes y después del accidente, Blanco y Pastor, sencillamente porque la presunción de inocencia política no existe. Incluso en la penal tampoco, porque nosotros no somos parte concernida en la causa y tenemos libertad de considerar a o b. Este Foro no es juez de nadie, ni aspira a serlo y si la juez que ha de ver en esta causa advirtiera algún ilícito en ellos, que haga justicia según su leal saber y entender. Pero, nosotros sí consideramos, sin veredicto definitivo alguno de tipo jurisdiccional, que estas personas son, al menos, culpables políticamente.

Bajo el primero, según recuerdan las propias víctimas recogiendo lo que dice el propio auto del instructor, hubo modificaciones importantes del proyecto original, cuando era ministro de Fomento José Blanco, "cuya repercusión en la seguridad resulta obvia sin que conste que previamente se hubiere evaluado el riesgo que dichos cambios pudieran comportar para la seguridad". O lo que es lo mismo, que para garantizarse la inauguración se produjeron modificaciones cuya finalidad no era otra que acortar plazos, que se tradujeron en una cadena de despropósitos.

¿O acaso no es un despropósito que Galicia sea la única región en que solo exista un tramo que permite circulaciones de 300 km/h, por aquel entonces aislado del resto de la red convencional, que convivía con muchos tramos de la red gallega sin prácticamente tocar desde su inauguración en el siglo XIX?, ¿o que este tramo, a diferencia del resto de la casi práctica totalidad de la red de AV española, se haya construido en ancho ibérico?, ¿o que dicho tramo Orense-Santiago el ministro Blanco lo publicitase como de alta velocidad y bajo la ministra Pastor, el entonces director de Adif, una vez producido el accidente lo negase?, ¿o que una vez concebidas todas estas chapuzas no se hubiese llevado a cabo el preceptivo estudio previo de riesgos que evaluase la idoneidad de tales medidas?

Bajo la ministra Pastor, se produjo otro de los hitos más importantes que desembocaron en que se produjese el accidente, que no es otro que se autorizase la desconexión del sistema ERTMS, uno de los sistemas más avanzados en seguridad de la circulación ferroviaria y el tren quedase en innumerables circulaciones desprotegido ya que el sistema ASFA, alternativo al que se suprimió no es un sistema de seguridad en si mismo, sino un sistema de anuncio de señales y frenado, inadecuado e insuficiente para líneas de AV. Lo mismo que en el caso de los cambios en el proyecto original, en este caso la instrucción también deja claro que porque el sistema ERTMS generaba   retrasos se decidió retirarlo, "sin   previamente   realizar una evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación". Más claro, agua.

A todo esto, el entonces ministerio de Fomento, Renfe y Adif se dedicaron a hacer lo imposible para torpedear la investigación: aún no se ha creado una investigación técnica independiente sustitutiva de la oficial, que nunca lo fue, tal y como ha venido solicitando la ERA en reiteradas ocasiones; las demoras del ministerio, Renfe y Adif de hasta cuatro años en la entrega de documentación oficial al juzgado; la inacción y desistimiento de Renfe en la toma de medidas urgentes ante la alerta de un jefe de maquinistas sobre el evidente peligro de la curva de A Grandeira y un largo etcétera.

Tampoco se salva la justicia respecto de extremos a los que ya nos hemos referido en un artículo anterior: la sustitución del primer juez instructor que parece quería llegar a responsabilidades que el segundo no consideró oportunas; la inoperancia del fiscal y sobre todo, la dilación de la instrucción en un claro desprecio a las víctimas y sus familiares.

La instrucción ha concluido con solo dos imputados: el maquinista y el director de seguridad de Adif en aquel entonces. No nos parece justo que solo el último eslabón de una larga cadena y un director más de otros muchos, así como mandos técnicos y políticos (los presidentes de Adif y Renfe) carezcan de responsabilidad alguna. Que sepamos, en este caso no es de aplicación el principio castrense de la obediencia debida y tampoco encontramos justificación alguna de que los políticos bajo cuyo mando ocurrieron los hechos no sean enjuiciados, no ya penalmente, sino mediante la reprobación política y el abandono de la misma.

Vamos a ser claros: no es de recibo que en un accidente que costó tantas vidas, heridos y dolor, con una larga cadena de responsabilidades fallidas, cuando no inanes, se sustancie con el enjuiciamiento del eslabón más débil de la cadena debido a un despiste no provocado por él y del director de seguridad de las las infraestructuras, como si no hubiese muchos responsables más por arriba y cuando ya se había advertido de la falta de protección de esa maldita curva que ya no debería haber estado allí.

Y finalmente, para quienes sostienen que las responsabilidades políticas no existen, bajo el entonces ministro se modificó el proyecto inicial por puras razones políticas para decir que la Alta Velocidad había llegado a Galicia y escenificar su inauguración, bajo el mandato de la entonces ministra se desprotegió el tren porque ese sistema de seguridad provocaba retrasos en una línea inaugurada apenas hacía dos años. ¿Caben mayores irresponsabilidades políticas?