O sea, el de la coca, las “puti” y las cigalas y el de la señora juez instructor que levantó las alfombras hasta con los Presidentes dentro. Asique antes de seguir los pasos del juicio que se está celebrando estos días me van a permitir que les recuerde la biografía del principal culpable por el que se destapó todo y el de la jueza Mercedes Carmen Alaya, por ser ella desde el juzgado número 6 de Sevilla la que tiró de la alfombra y destapó el robo mayor del siglo: 680 millones de euros. Veamos sus biografías:

Francisco Javier Guerrero Benítez

Francisco Javier Guerrero Benítez nació en la localidad sevillana de El Pedroso en 1956. Militante del PSOE, estuvo vinculado a otros importantes políticos socialistas, como su paisano José Antonio Viera. Ocupó la dirección general de Trabajo y Seguridad Social desde el 26 de septiembre de 1999 hasta el 2 de abril de 2008, fecha en la que fue cesado de su cargo.

Trama de los ERE

El escándalo de los ERE es un caso de corrupción política vinculado a la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE desde los años ochenta. Su origen radica en la investigación del caso de extorsión en Mercasevilla, en el que se descubrió la incursión en un ERE de esta empresa de un militante del PSOE-A, cuando este nunca había trabajado para ella. Posteriormente salieron a la luz situaciones similares, así como falsas prejubilaciones, que acabaron por conformar y dar nombre a la trama de los ERE.3​

Vinculación con la trama

Francisco Javier Guerrero Benítez fue imputado por la juez instructora del caso con motivo de la concesión de ayudas ilegales a diversos trabajadores y por incluir a los mismos en empresas en las que nunca trabajaron, así como por repartir arbitrariamente y sin control alguno ayudas millonarias a empresas en crisis de forma indiscriminada. Cabe mencionar que entre los favorecidos por las ayudas concedidas figuran amigos y vecinos, su suegra y militantes del PSOE, además de algunos sindicalistas.

Guerrero, que adquirió un considerable poder dentro de la Administración autonómica, pudo conceder en un solo día subvenciones públicas por valor de 1.3 millones de euros a su propio chófer, Juan Francisco Trujillo. Éste declaró que dicho dinero, o al menos una parte del mismo, era destinado a pagar "cocaína, fiestas y copas" del exdirector de Trabajo.

Guerrero destinó unos 65 millones del total del fondo de reptiles (647) a veintiún expedientes de subvenciones directas, según la información proporcionada por la agencia IDEA, que pagaba las ayudas. Estas concesiones millonarias eran repartidas sin control alguno y llegaron a diversos ayuntamientos, principalmente de Sevilla. Debido a esto, fue expulsado del PSOE en el año 2011, antes de que se le condenase.

Condena y prisión

Guerrero Benítez fue condenado en el denominado "procedimiento específico de los ERE" a siete años, once meses y un día de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación. Fue uno de los diecinueve ex altos cargos del Gobierno de la Junta de Andalucía que recibieron una condena mayor.

Permaneció en prisión en dos ocasionesː del 9 de marzo al 22 de octubre de 2012 ingresó sin fianza decretada por la juez Alaya. Y del 22 de marzo al 5 de junio de 2013, regresó a prisión.

Fallecimiento

A las seis de la mañana del 11 de octubre de 2020, comenzó a sentirse mal debido a problemas respiratorios. Falleció poco después en su domicilio de la capital hispalense, a causa de un ataque al corazón

La Fiscalía añade que Trujillo, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, "dispuso" del total de 1.350.000 euros transferidos por IDEA "como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron para de forma engañosa justificar la concesión de las ayudas".

 

Mercedes Carmen Alaya Rodríguez

Alaya Rodríguez se licenció en Derecho a los 23 años de edad; dos años después, a los 25, y después de aprobar las oposiciones a la judicatura, comenzó su carrera judicial en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Carmona, a finales de 1988, en donde permaneció por un período de dos años.

En 1990 cambió su destino a Fuengirola, en Málaga, donde instruyó en el Juzgado de Primera Instancia número 4 y donde tuvo su primer caso de repercusión mediática, después de procesar al alcalde de la localidad por presunta malversación de fondos públicos.

Dos años después, en 1992, retornó a Sevilla como titular del Juzgado de Primera Instancia número 204​ y, seis años más tarde, en 1998, le fue asignada la titularidad del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital hispalense3​4​ En marzo de 2015, obtuvo plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla, donde solicitó un retraso en su incorporaciónión, “hasta que la instrucción de las mismas esté avanzada o concluida para no causar un importante menoscabo al servicio público que se presta”. La Comisión Permanente del CGPJ, acordó que no cesase en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital andaluza, hasta que un nuevo titular se incorpore al mismo.8​«Un total de 236 magistrados obtienen nuevos destinos en el “macroconcurso” de traslado convocado el pasado 9 de diciembre».

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó favorablemente la petición de prórroga solicitada y consideró que “habría de extenderse temporalmente, al menos, hasta la toma de posesión del nuevo magistrado que se incorpore a dicho Juzgado de Instrucción

Caso ERE

Artículo principal: Escándalo de los ERE en Andalucía

El llamado Caso ERE es una investigación en torno a una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía por presuntas irregularidades con los llamados expedientes de regulación de empleo (ERE) a lo largo de una década y con un fondo de ayuda económica a empresas en crisis.9​ Esta investigación se originó a partir de otra investigación relacionada con la empresa Mercasevilla, (ver apartado correspondiente), en la que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas, llevadas a cabo desde 2001.16​17​

Por este caso, cuyo desarrollo tiene implicaciones políticas mayores,18​19​ Alaya Rodríguez comenzó a recibir mayor atención mediática y tanto su desempeño laboral como su vida privada han sido escrutadas con mayor detalle

 

Caso Mercasevilla

Este caso es el que dio origen al caso ERE y se instruyó en dos partes, las cuales son consideradas casos separados.16​9​6​ La instrucción de la primera de ellas inició con la denuncia presentada por la Fiscalía de Sevilla en el Juzgado dirigido por Alaya por un supuesto caso de extorsión por parte de dos directivos de la compañía pública hispalense Mercasevilla a dos empresarios hosteleros en 2009, quienes deseaban instalar una escuela de hostelería en terrenos de su propiedad.16​9​22​

En este apartado del caso se incluye la investigación por la venta de terrenos de la misma empresa, la cual fue presuntamente llevada a cabo de manera fraudulenta9​ y la cual también era considerada próxima a concluir en marzo de 2013, junto con el caso Betis.

La segunda parte del caso, derivada de la primera y también con repercusiones políticas desde su inicio, investiga un supuesto delito de naturaleza fiscal que habría tenido lugar durante administraciones anteriores de la compañía.9​23​ El supuesto delito había sido descubierto por una auditoría realizada en 2008 a la empresa y con la cual se descubrieron gastos sin justificar y una pérdida contable de 1,5 millones de euros.

En 2010, una de las defensas del caso presentó una recusación para que Alaya fuera apartada de la investigación, debido a que su cónyuge había sido auditor de la misma. El recurso, sin embargo, fue desestimado por la Audiencia Provincial de Sevilla.2​4​ Dos años más tarde, en julio de 2012, uno de los indiciados en la investigación presentó una nueva recusación, la cual supuso la segunda del caso y la tercera de los casos destacados de Alaya Rodríguez; sin embargo, el recurso también fue rechazado por la misma Audiencia Provincial.

 

Y ahora, volvamos a la actualidad con esta crónica que reproducimos de “El País” del día 5 y firmada por Reyes Rincón:

 

La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha ratificado este jueves en su tesis sobre el fraude de los ERE de Andalucía: no fueron “actuaciones aisladas” del director general de Trabajo (el fallecido Javier Guerrero), como sostienen las defensas, sino un “entramado administrativo” ideado para repartir ayudas sorteando el control de la Intervención general. Así lo ha asegurado el fiscal Rafael Escobar durante la segunda sesión de la vista oral sobre los recursos presentados por 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que en 2019 les condenó por malversación y prevaricación. “Todo era prevaricador porque eran necesarias resoluciones prevaricadoras”, ha defendido el ministerio público, que da también por acreditado el desvío de fondos públicos que define el delito de malversación, por el que el expresidente José Antonio Griñán está condenado a seis años de prisión.

Los recursos quedan vistos para sentencia. El Supremo debe resolver ahora si confirma o revoca las condenas impuestas por la Audiencia Provincial. La decisión de la Sala Penal no se espera antes de las elecciones andaluzas de 19 de junio, pero la vista ha devuelto a la actualidad el fraude de los ERE, el gran caso de corrupción que afectó a la cúpula del Gobierno socialista de 2000 a 2009 y que, aún hoy, sigue lastrando al PSOE andaluz. La confirmación de la sentencia, como pide la Fiscalía, implicaría la entrada en prisión de nueve exaltos cargos, entre ellos Griñán. Por el contrario, si revoca las condenas de los principales responsables políticos, como reclaman las defensas, el PP vería desmontarse el relato con el que durante más de una década construyó su oposición en Andalucía.

La Fiscalía ha tratado de rebatir ante el tribunal todos los argumentos empleados el día anterior por las defensas para desvincularse del caso. Nadie niega que el fraude existió. Pero mientras que las defensas de los principales responsables políticos sostienen que los fondos desviados fueron solo una pequeña cantidad de los 680 millones en ayudas sociolaborales dadas con el llamado fondo de los ERE, y que la responsabilidad exclusiva de este desvío estuvo en la Consejería de Empleo, el ministerio público asegura, y así lo asumió también la Audiencia en su sentencia, que la cúpula del Gobierno andaluz urdió un sistema ilegal para agilizar las ayudas a empresas en crisis eludiendo el control de la Intervención.

“Cualquiera puede entender que una partida concreta pueda escaparse al control, lo que no es posible es que esto suceda durante 10 años”, ha afirmado el fiscal Escobar, para quien el entonces presidente de la Junta (Manuel Chaves, condenado por prevaricación) y los consejeros de Economía y Hacienda (primero Magdalena Álvarez y luego Griñán) y el resto de ex altos cargos condenados “necesariamente tenían que saber y necesariamente eran conscientes de que se estaba presupuestando mal”. “Y lo estaban admitiendo. Lo que no vale es decir que en su periodo han mejorado el sistema de control presupuestario, estableciendo mayores controles”, ha añadido el representante del ministerio público.

La Fiscalía ha recordado que la Junta modificó el sistema de concesión de las ayudas directas y pasó a concederlas mediante transferencias de financiación, un sistema que, según el ministerio público, siempre se ha usado para la cobertura de pérdidas de una entidad pública, pero no vale para conceder ayudas. “Con este procedimiento se eludió la fiscalización”, ha insistido el fiscal Fernando Prieto, que ha asegurado que tanto los responsables de Empleo como los de Economía y Hacienda eran “conscientes” de que ese mecanismo no era el adecuado para conceder subvenciones.

Los fiscales han rechazado también uno de los principales argumentos utilizados por las defensas de Griñán, Chaves y otros condenados para negar la prevaricación: que los proyectos de ley delos presupuestos autonómicos aprobados cada año por el Consejo de Gobierno, donde se incluía el fondo de los ERE, constituían un acto político que no está sujeto al control de la justicia. “Puede ser una decisión política el conceder subvenciones, pero todos los trámites hasta que se conceden deben ser sometidos al control jurisdiccional”, ha advertido el fiscal Escobar. (Reyes Rincon – El Pais)