Andalucía necesita promover y lograr un auténtico cambio político. Parte de él depende del gobierno de España, pero otra gran parte depende del gobierno autonómico, ¿o acaso no son evidentes los privilegios que están consiguiendo autonomías como Cataluña y País Vasco en detrimento del resto de España?

Ese cambio empieza por acabar con la corrupción, cuyo caso más grave en toda la democracia ha sido el de los ERE, precisamente en Andalucía donde el gobierno del PSOE creo un tinglado en el año 2000 que duro una década hasta que se descubrió el pastel, que le permitió dilapidar 679 millones de euros, de todos los andaluces, pero no para todos los andaluces. Ese dinero, extraído mediante ingeniería financiera de los presupuestos públicos, se utilizaba para beneficiar a empresas amigas y también aquellas otras que solicitaban esas ayudas extraoficiales, mediante el apoyo de políticos del PSOE y sindicatos de izquierda, que mediaban como “consultores”. Conseguía así el PSOE seguir apareciendo todopoderoso en Andalucía para intentar mantener una clientela electoral y además obtener pagos para el partido o sus chiringuitos.

La sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Andalucía en noviembre de 2019 condenó a dos ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; a Magdalena Álvarez y a otros 16 ex altos cargos de los gobiernos socialistas.

Resulta sorprendente que a pesar de todo ello el presidente Sánchez y la izquierda continúen acusando de corrupción al PP y que este mantenga un perfil demasiado bajo. ¿Han sido capaces Moreno Bonilla y Marin, desde la presidencia de la Junta, de levantar las alfombras de la corrupción de los ERE y colaterales? No parece que hayan hecho demasiado al respecto en sus cuatro años de gobierno.

Por ello es útil recordar las declaraciones de la juez Ayala al ABC en mayo de 2018 en las que señalaba que tras haber ascendido a magistrada de la Audiencia Provincial,“el presidente de la Audiencia Provincial y de los vocales mayoritarios del CGPJ querían que yo acabara de instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados” Para ello era necesario que le diera una comisión de servicios que sin embargo fue denegada por los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que como se sabe son elegidos en su totalidad por los partidos mayoritarios, PP y PSOE. ¿Cuál fue la causa de esa denegación?

La interpretación que hace de todo ello la juez Ayala es contundente ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño, porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos! En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más. La causa real de la denegación de la comisión de servicios fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas.”

¿Cuáles eran esas cosas asombrosas? La propia Ayala lo dijo. “La Administración andaluza impedía físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas. (No podían por tanto controlar cursos que en muchísimos casos no se impartían). También añadía que “se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo. Asimismo, durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige” Todo esto pagado con el dinero de los andaluces, pero no para todos los andaluces, sino fundamentalmente para los “amiguetes” y la clientela electoral.

¿Por qué tuvo miedo el PP a que la juez Ayala siguiera investigando el tema de los cursos de formación, FAFFE (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) y colaterales? ¿No sería que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía, sino que pudieran darse también en otras comunidades donde gobernaba el PP? ¿De verdad que en cuatro años de gobierno no se han conseguido levantar las alfombras?

¿Cómo es posible que Pedro Sánchez, con los ERES bajo el brazo,  le dijera a Rajoy, en su debate cara a cara en TV, que era un indecente y que Rajoy fuera incapaz de replicarle? ¿Cómo es posible que la izquierda siga criticando la corrupción de la derecha sin que Bonilla sea capaz de darle una réplica contundente? La conclusión es clara: o hay incapacidad o hay algo.

España necesita políticos fuertes capaces de reconocer sus suciedades y afirmar que nunca más. Sin embargo, no parece que ese sea el camino. Por ello ni el PSOE ni el PP apoyan la verdadera independencia del Poder Judicial, que recibió un primer ataque cuando el PSOE con su mayoría aplastante modificó en 1985 la forma de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Hasta esa fecha doce de sus veinte consejeros habían sido elegidos entre miembros de la carrera judicial por los jueces en activo, pero con el cambio de la ley se hizo que los veinte fueran elegidos por el Congreso y el Senado, es decir por el poder político. Cuando el PP ha tenido mayoría tampoco ha propuesto que se vuelva al sistema anterior a 1985. ¿Por qué? La respuesta es clara. Le interesa el sistema actual que le permite colocar a sus afines en puestos de la carrera judicial, a pesar de que con ello contribuye a que la independencia del Poder Judicial sea una mentira en nuestro país.

De todas formas la clave no está en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La raíz del problema se haya en el artículo 127 de la Constitución el cual dice “Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos” Esta frase es totalmente engañosa. Basta con solicitar una excedencia en la carrera judicial o fiscal para poder ser nombrado Ministro, Consejero, o alto cargo o para ir en las listas de un partido en las elecciones. El problema es que una vez que esto ocurre, ¿cómo pueden pretender esos jueces o fiscales decir que son independientes cuando fueron designados por un partido político? Cuando reingresen seguirán teniendo el marchamo de ser el juez “sociata o pepeista”. La única forma que puede garantizar la independencia judicial es darle una nueva redacción al artículo 127 en la línea siguiente, “todo juez o fiscal que pase a ocupar puestos de nombramiento político partidista deberá renunciar definitivamente a reingresar en la carrera judicial o fiscal”

La conclusión de cara a las elecciones es contundente y sencilla: Solamente son de fiar los partidos que estén dispuestos a levantar las alfombras, a denunciar la corrupción y a garantizar la independencia judicial.

En próximos artículos abordaré otros temas clave.