Pedro Sánchez anuncia los futuros indultos para los golpistas catalanes del 1 de octubre de 2017. Nada nuevo bajo el sol; su presidencia y su estabilidad dependen de la liberación de estos criminales que hasta ahora cumplían “penas de balneario”; ridículos segundos grados y regímenes de práctica semilibertad que les permitían ir a la Universidad, a sus casitas a cuidar familiares o al Parlamento catalán de visita.

La actitud de conchaveo con los criminales es la típica del PSOE, partido de la herencia histórica de los magnicidios, la provocación de la guerra civil y el robo al Banco de España en septiembre de 1936. Partido orgullosamente legatario de aquel Frente Popular que nada más llegar al poder en febrero de 1936 sacó de las cárceles a 30.000 delincuentes, entre ellos a los criminales perpetradores del golpe de Estado de Octubre de 1934 donde sobresalía el sedicioso Luis Companys, el presidente catalán golpista restablecido en la generalidad.

Lo realmente cínico y deleznable no es la actitud del PSOE, esperable y de sobra conocida dado su pasado; lo es la actitud del líder popular Pablo Casado. El presidente del PP solicita con fruición tipificar como delito penal la convocatoria de referendos ilegales y proclama su oposición a la aplicación de la ley de indultos para perdonar a separatistas. Su cinismo no conoce límites: la izquierda va a proceder de nuevo a excarcelar a los criminales, pero es algo que la derecha o el centro han hecho tras la muerte de Franco con asiduidad. Un centrista como Pablo Casado y llamado Adolfo Suárez impulsó en 1977 la Ley de Amnistía que liberó, entre otros, a miles de terroristas separatistas. Otro centrista llamado José María Aznar indultó a dos delincuentes con regueros de sangre como Vera y Barrionuevo. Otro centrista al que Pablo Casado servía con pleitesía y llamado Mariano Rajoy, nada más llegar al gobierno, indultó a varios miembros de Convergencia y Unión, el partido del supremacista antiespañol Jordi Pujol, gran ladrón de España e incubador del separatismo golpista catalán.

Pide Pablo Casado “penar la convocatoria de referendos ilegales”, pero cuando el PP gozó de 186 escaños en el Congreso no sólo no pensaron en ello sino que se aliaron con CiU y Artur Mas: Alicia Sánchez Camacho, líder del PP catalán, le aprobó en 2012 los Presupuestos de Cataluña al líder separatista heredero de Jordi Pujol, que anunciaría en la “Diada” de 2012 el camino hacia el proceso soberanista.

Ese mismo PP permitió dos referéndums independentistas: el de noviembre de 2014 y el del 1 de octubre de 2017. No contentos con financiar a la sediciosa generalidad catalana de Artur Mas primero y de Puigdemont después, pues Cristóbal Montoro les regaló un 35 por cien de los fondos del FLA destinados a ayudar a las Comunidades Autónomas, el PP de Pablo Casado votó en contra de ilegalizar Bildu a propuesta de UPyD en 2012. Eran otros tiempos donde Javier Maroto, actual portavoz del PP en el Senado lucía orgulloso sus pactos municipales con Bildu como Alcalde de Vitoria y donde Borja Semper, otro líder del PP vasco, clamaba por reconocer a Bildu como interlocutor válido y necesario.

Una pepera sobresale esta semana: la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, que con palabros repugnantes ha responsabilizado a Vox de los alborotos de Ceuta que impidieron a Santiago Abascal ejercer su derecho de libre manifestación en esa plaza española norteafricana. Del PP que pactó en Ceuta con el PSOE para desplazar del gobierno local a la fuerza más votada en los últimos Comicios –Vox-, se puede esperar cualquier cosa. Incluso un pacto firmado con partidos islamistas locales y el PSOE para vetar la libertad de Vox en ese trozo de España. La firma del PP junto a la de los quintacolumnistas de Mohamed VI partidarios de la anexión de Ceuta y Melilla a Marruecos es parte de la enorme mochila de las traiciones a España que arrastra el partido de Pablo Casado.

Cuca Gamarra es muy polivalente: desde las portadas periodísticas donde su ego fluye y se auto significa como “mujer poderosa” temida por los hombres pasando por su habitual participación en las marchas del 8 M del “sola y borracha quiero llegar a casa” o su entusiasta defensa de las banderas balconeras LGBT que lució en el Ayuntamiento de Logroño en 2018 cuando era alcaldesa y dedicaba sus esfuerzos a laurear la “diversidad sexual y la identidad de género”.