La espeluznante y siniestra huella del socialismo enseña que su odio hacia España es perenne y continuado. El anteproyecto de ley impulsado por el gobierno social-comunista llamado de “memoria democrática”, encierra tras esa etiqueta nominal tramposa un desgarrador y afilado aparataje legal destinado a borrar una historia de España que no le agrada porque deslegitima al socialismo y porque el 1 de abril de 1939, derrotó a sus líderes e iconos recuperando para España su identidad y su soberanía.

Los socialistas han pontificado una nueva ley de memoria marxista a cuyo carro se han subido Podemos y los separatismos, pero cuya paternidad es única y exclusiva del PSOE que convirtió en agenda estrella de su proyecto político antiespañol la citada normativa legal desde que en 2007 aprobó, con la vergonzosa abstención del PP, la “ley de memoria histórica” que sirve de prólogo a la actual normativa en ciernes anunciada por Carmen Calvo.

La derecha cobarde siempre se puso de perfil ante el revanchismo izquierdista y antifranquista. Mariano Rajoy, con mayoría absoluta y traicionando sus promesas electorales, no sólo no derogó la ley de memoria histórica de ZP sino que impulsó la consolidación de la misma, sufragando a las asociaciones “memorialistas” o utilizando al inefable ministro de Justicia Rafael Catalá para decir:  “ estoy muy orgulloso de la ley de memoria histórica” (declaraciones del 22 de diciembre de 2016).

Centenares de millones de euros llovieron para las asociaciones “memorialistas” paniaguadas y profanadoras durante el gobierno de Mariano Rajoy. Fundaciones exaltadoras del comunismo como “Juan Negrín” o “Indalecio Prieto”, dedicadas a criminales golpistas socialistas del Frente popular que robaron para Stalin –y para su propio caudal personal- el oro del Banco de España, se vieron orondamente satisfechas por Mariano Rajoy. Pero no fue este líder de la derecha el primigenio adocenado y traidor que blanqueó e impulsó la hegemonía moral y odiadora de la izquierda revanchista. Además de legalizar al Partido Comunista de España de espaldas al ejército, Adolfo Suárez tornó la supuesta “reforma política” basada en la ley de 1976, en verdadera ruptura despedazando los mimbres del Estado nacional al trocearlo en 17 taifas autonómicas; al erigir a UGT y CCOO en poseedoras patrimoniales de bienes atracados y robados durante la II republica y la guerra civil; al establecer una ley de amnistía que ponía en la calle a terroristas comunistas y etarras; y al potenciar la sañuda persecución al callejero, los honores y los monumentos erigidos en favor de la memoria de Francisco Franco y sus años de gobierno. En 1977 comenzó esta cacería iconoclasta contra la historia de España de la que el hábil Fernando Vizcaíno Casas da buena cuenta en su crónica de la Transición llamada: “Viva Franco, con perdón”.

Las traiciones de la derecha no se quedarían en las cesiones de la UCD de Adolfo Suárez. El Partido Popular se hizo perdonar muy pronto el hecho de provenir de Alianza Popular, federación de partidos fundada por siete ex ministros franquistas.  José María Aznar, ya como líder del PP, se sumó en 1995 a la resolución aprobada en el Congreso de los diputados para conceder la nacionalidad española a las criminales y sanguinarias “brigadas internacionales” venidas a España para secundar el horror mortífero del bando frentepopulista. Los firmantes de esta proposición no de ley fueron tres grupos y a ellos se unieron CiU, el Partido Popular y los parlamentarios del Grupo Mixto. La iniciativa partió de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, del PNV y del PSOE, a propuesta de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. En nombre de Izquierda Unida, Ángeles Maestro recordó la labor de aquellas gentes. "Que, al menos", dijo, "tengan el derecho formal a llamar patria a lo que tienen en un lugar preferente en su corazón", dijo Maestro. Los innumerables y constatables asesinatos de las “Brigadas internacionales”, su estalinismo y sus métodos de exterminio soviético no le importaron al PP para aprobar junto a la izquierda y el separatismo el reconocimiento público a estos criminales.

El 20 de noviembre de 2002, y con su mayoría absoluta, el PP no pudo caer más bajo, y en un acto parlamentario donde la izquierda hinchó pecho del modo más repugnante, el PP aprobó junto al resto de grupos la condena al alzamiento del 18 de julio, al franquismo y donde acordó el impulso de políticas públicas de reapertura de fosas y de ayuda a los exiliados reconociendo a las víctimas de la dictadura franquista. Por supuesto, al PP no se le ocurrió, ni por asomo, votar en contra y plantear un texto alternativo para reconocer el único y verdadero genocidio que hubo en España entre 1931 y 1939 y que fue el que practicaron las hordas políticas y partidistas de la izquierda masacrando a los católicos primero, y junto a ellos, y sobre todo en la guerra, a gentes afines a la derecha, sistemáticamente torturados y asesinados en la Cataluña de Lluis Companys dotada de campos de concentración y hornos crematorios o en el Madrid republicano de las 345 checas que vertieron más de 2000 asesinados de forma directa y cuantificable por ser católicos, derechistas o llevar sombrero. Los estudios de Juan E. Pfluger, Alfonso Bullón de Mendoza o Javier Barraycoa, así como los análisis de Carlos Fernández Barallobre, historiadores e investigadores especializados en los asesinatos de la guerra civil, no pueden ser más realistas y veraces sobre el genocidio izquierdista.

Recordemos, en 2018, al popular Fernando Martínez Maillo declarar ante las cámaras de televisión y a propósito de las intenciones anunciadas por el presidente Pedro Sánchez de profanar la tumba de Franco, lo siguiente: “no tengo ningún problema en llamarle –a Franco- dictador”… “si lo quieren sacar, que lo saquen…”. “Franco era un dictador en toda regla, como Lenin o Hitler…”

El PP no sólo se abstuvo ante la aprobación del decreto que permitió exhumar el cadáver de Franco, sino que traicionó a España cuando Pablo Casado prometió recurrir en inconstitucionalidad el decreto y no lo hizo. Casado declaró, en 2018: “No me importa el Valle de los Caídos ni quién está dentro…” e hizo referencias a su abuelo republicano supuestamente represaliado.

Cobardía y traiciones de la derecha durante 40 años. En esta atmósfera de hegemonía moral y superioridad política otorgadas a la izquierda matonista por la derecha acomplejada, siempre de perfil y siempre cómplice sibilina de la izquierda en su proyecto ideológico, llegamos hasta la aprobación de la “ley de memoria democrática”, una continuación -amplificada en maldad- de la ley de memoria histórica 52/2007 aprobada por Zapatero, y que el PP hizo suya e incorporó a su agenda.

Recordemos el año 2016, bajo gobierno de Rajoy. El ministro de Justicia del Partido Popular, Rafael Catalá aseguró en el Congreso sentirse «muy orgulloso» de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, más conocida como Ley de Memoria Histórica. En este sentido, Catalá dijo que sigue aplicándose de manera «estricta» y que, en todo caso, seguirá haciéndolo pues existe una actividad «constante y permanente» respecto a esta norma. Según el ministro de Justicia, gracias a esta ley cada año se emiten certificados de reconocimiento y aprobación de subvenciones -en concepto de restitución- a aquellos que, presuntamente, sufrieron persecución durante el franquismo y la Guerra Civil Española. Y tenía razón: Rajoy regó con centenares de millones de euros a las asociaciones memorialistas así como a las Fundaciones dedicadas a asesinos y ladrones del PSOE frentepopulista como Prieto o Negrín.

Gracias a su cooperación necesaria, a su participación en el consenso progre, el PP ha dado al socialismo español y a sus socios separatistas la munición para aprobar la “ley de memoria democrática” que se prepara. Una norma analizada de forma exacta y didáctica en el “Correo de España” entre otros, por Tomás García Madrid en un reciente artículo. Una norma que basada en conceptos mentirosos de la historia nacidos de los sueños húmedos de la escuela marxista de Tuñón de Lara y Paul Preston, arrolla la verdad de la historia imponiendo la farsa mitómana del imaginario comunista como relato único e indiscutible. Las penas de cárcel, de inhabilitación y de multas coactivas para los que defiendan públicamente la verdad de la historia contra la mentira izquierdista son un hecho en la nueva ley. La aberrante ley persigue y reprime a la verdad histórica; esa verdad que dicta que Francisco Franco, un general heroico, convertido en el mayor estadista español derrotó al comunismo de los 100 millones de muertos y de las hambrunas del siglo XX e instaló en España un régimen soberano de justicia social, paz y desarrollo que nos convirtió en 1975 en la octava potencia económica mundial con una poderosa clase media en la sociedad española.

La ley de memoria democrática quiere no sólo perseguir la libertad de expresión, cátedra, opinión e investigación de los disidentes de la izquierda. Quiere primera y fundamentalmente, y por este motivo es especialmente repugnante, borrar la historia de España y sus fuentes que apuntan a la empresa magnánima, gloriosa y exitosa de Franco y de su régimen, y por ello quiere la ilegalización de la Fundación Francisco Franco o la anulación de las sentencias dadas por los tribunales enjuiciadores de los crímenes cometidos por los frentepopulistas. El fin de la ley es liquidar la historia material, plasmada en buena medida en pruebas tangibles en forma de archivos custodiados por una Fundación legítima y legal que porta el nombre de Francisco Franco. Con ello se pretende volatilizar la memoria del verdadero pasado de España y de este modo asentar el control político absoluto sobre el presente y el futuro por parte de la izquierda que de paso, aumentará el número de los chiringuitos memorialistas pretextando abrir las famosas “fosas” (que, por cierto, en número de centenares de miles como hace años se las cuantificó, siguen sin aparecer y la que lo hace suele ser de nacionales abatidos por republicanos y vuelta a cerrar).

La izquierda ha hecho una apuesta inteligente por controlar el futuro y asegurarlo para sus huestes del presente, suprimiendo el pasado e imponiendo su relato falsario bajo pena coactiva.

La lucha por la verdad, y contra la ley de memoria democrática, ha de hacerse con toda la munición justificativa y argumental que nos permita retratar la guerra civil, la historia de España y el franquismo con su realismo y veracidad, oponiéndonos a esta infecta ley de la mentira comunista.

La batalla contra esta ley no pude hacerse sólo aduciendo que “aniquila la libertad de expresión” porque no deberían existir libertades absolutas que puedan ser validadas cuando no respetan la verdad ni el bien común. La libertad de expresión no debería regir, por ejemplo, para defender la causa secesionista porque ataca a una verdad irrebatible: la unidad histórica de España como nación – unidad que Franco defendió y consolidó-.  Pero la asquerosa ley sí se debe combatir con un argumento inapelable y absoluto: la defensa de la legitimidad del franquismo surgida del apoyo mayoritario de los españoles durante 36 años de gobierno y de la victoria de España como nación soberana e independiente contra la ideología más genocida de la historia: el bolchevismo.

Reivindicar el franquismo, su legitimidad de origen y de desarrollo y el valor inherente a la custodia de las fuentes históricas por parte de la Fundación Francisco Franco como motor del mantenimiento de la verdadera “memoria”, es la única trinchera de combate cultural y social que puede hacer frente a la ley de memoria democrática y sus apoyos social-comunistas y separatistas.

Hay que tener en cuenta otro factor con el que la izquierda jalonará su control totalitario. Y es que con la puerta abierta para la aprobación de la “eutanasia” que convertirá a nuestra nación en pionera occidental en la macabra muerte a la carta junto a Bélgica y Holanda, la izquierda inoculará en los ancianos el estado anímico de una cultura de la muerte que los apartará de su apego a la vida, completando de este modo el ”senicidio” de más de 20.000 mayores dejados morir en residencias durante la epidemia del Covid. Con la “muerte a la carta” suministrada a centenares de ancianos y mayores cada año, irán borrando progresivamente a los testimonios humanos directos y materiales sobre el franquismo y la historia de España; un propósito anhelado por Pablo Iglesias, que desprecia la vida de los mayores de 65 años cuyas vidas ha declarado que no meren la pena, como tampoco sus votos (al tener un signo mayormente conservador) llegando a decirse, desde Podemos, que no deberían votar los mayores de 45 años. La aniquilación progresiva de ancianos y mayores al estilo Bélgica -donde de 200 casos de muerte por eutanasia en 2003 se pasó a más de 2000 en 2016-, ayudará a la izquierda a borrar del mapa los testimonios personales de la historia de España.

La ley de memoria democrática, y el impulso a la eutanasia, borrarán definitivamente la verdad de la historia de España. No dejarán ni las migajas pues, además, los monumentos significativos del franquismo y la catolicidad como el Valle de los Caídos serán desvirtuados y arrasados progresivamente.

La dictadura orwelliana y sovietizante es un hecho y su imposición es ya una realidad. En nuestras manos, con la acción valiente y desacomplejada, está combatirla.

maillocasad