Después de varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional polaco finalmente dictaminó el 7 de octubre de 2021 que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no debería tener prioridad en principio en los casos en que intente intervenir en la Constitución polaca, allanando así el camino para graves disputas entre Varsovia y Bruselas. Esta decisión trascendental es solo la última etapa de la larga y compleja lucha entre el gobierno conservador polaco y las instituciones europeas liberales de izquierda, que cuentan con el apoyo incondicional de Berlín y París.

Desde 2015, Polonia ha estado en desacuerdo con sus vecinos occidentales después de negarse a recibir a decenas de miles de inmigrantes musulmanes invitados a la Unión Europea por Angela Merkel. Además de la cuestión migratoria, el endurecimiento de las leyes sobre el aborto y la firma de la carta familiar supuestamente homofóbica por parte de varias comunidades polacas son otros puntos importantes de discordia. Pero el área de conflicto más problemática es la llamada reforma judicial. En las últimas semanas de su mandato, el gobierno liberal de izquierda de Donald Tusk había nominado de antemano a los sucesores de los jueces constitucionales que no se jubilarían hasta el próximo período legislativo. Una serie de escándalos derribaron su gobierno, y en 2015 el pueblo eligió al actual gobierno conservador, que comprensiblemente reclamó el derecho a hacer estas nominaciones. Esto llevó a una duplicación temporal de ciertas funciones judiciales, a fuertes desacuerdos políticos internos dentro del poder judicial, a repetidos intentos del gobierno de rectificar la situación a través de una serie de leyes y a una fuerte condena de Polonia por parte de la UE y Berlín.

Desde un punto de vista puramente formal, la reforma judicial simplemente ha buscado fortalecer la voz del parlamento polaco en la composición del alto poder judicial y limitar la influencia política de los jueces, como ha sido el caso durante mucho tiempo en muchos otros países occidentales, especialmente Alemania. Sin embargo, el problema fundamental detrás de la disputa de Varsovia con las instituciones europeas es el hecho de que, en la práctica, estas medidas han llevado a que una serie de jueces con conocidas simpatías liberales de izquierda sean reemplazados por nuevas personas nombradas por la mayoría conservadora. Esto ha debilitado a las camarillas influyentes, que a menudo se remontan a los días del comunismo, de modo que la reforma legal ha sido rechazada vehementemente por la actual oposición polaca bajo el ex primer ministro polaco y presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que tiene una influencia considerable en Bruselas y Berlín, y ahora ha regresado a la escena política polaca con la esperanza de un nuevo mandato.

Pero la disputa no es solo sobre política de personal, sino también, y quizás sobre todo, sobre valores: cuando Polonia se unió a la Unión Europea, estaba convencida -al igual que Gran Bretaña- de que este proyecto se basaba en el respeto común de instituciones sociales fundamentales como la familia clásica, la propiedad privada, la identidad nacional o la civilización occidental. Pero las élites europeas han recurrido cada vez más a ideas radicales de izquierda como el multiculturalismo, la incorporación de la perspectiva de género, la ideología LGBTQ, el globalismo, la cultura de la deuda y el masoquismo occidental.

Nada menos que el “cambio de régimen” pretendido

Aprovechando la apertura dinámica del sistema jurídico europeo, conocido como “Méthode Monnet”, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha explotado cada vez más palabras de moda vagas como “diversidad”, “tolerancia”, “protección de las minorías”, “Estado de Derecho” o “igualdad” para imponer un nuevo marco jurídico a todos los Estados miembros de forma indirecta, antidemocrática y sin ninguna posibilidad de recurso. Los inevitables conflictos ideológicos entre el liberalismo de izquierdas en Bruselas, Berlín y París y el conservadurismo en Varsovia, Budapest o Londres se disfrazan de lucha legal entre un supuesto “estado constitucional” y un llamado “nacionalpopulismo”.

Después de que la Unión Europea decidiera hace unas semanas retener repentinamente los fondos prometidos para Polonia por el Covid, debido a los supuestos ataques de Polonia a los “valores europeos”, y así estrangular abiertamente a Varsovia, ha quedado claro para todos que el “cambio de régimen” tiene como intención destruir uno de los últimos bastiones del conservadurismo en Europa. La negativa del Tribunal Constitucional polaco a reconocer la primacía del derecho constitucional europeo sobre el derecho constitucional polaco fue tan valiente como carente de alternativa: ceder habría significado el abandono total de todo lo que el actual gobierno polaco ha construido y habría allanado el camino para un nuevo gobierno Tusk amigo de Berlín y, por lo tanto, una serie interminable de juicios políticamente motivados contra todos los altos representantes de la mayoría actual.

¿Será esta decisión un paso más hacia el Polexit? La mayoría de los polacos, incluido el gobierno, quieren una cooperación pacífica y cada vez más estrecha con sus vecinos y se sienten como verdaderos patriotas occidentales. Pero podría decirse que las cosas han llegado a un punto en el que la UE debe ser vista como el peor enemigo de Occidente.

El Prof. Dr. David Engels tiene una cátedra de investigación en el Instytut Zachodni en Poznan, donde es responsable de cuestiones de historia intelectual occidental, identidad europea y relaciones polaco-europeas occidentales.