La intención de Pedro Sánchez de conceder el indulto a los golpistas catalanes supone un engaño al conjunto de los españoles, un ataque al Estado de Derecho y una traición a la nación española.

Es un engaño a los españoles porque durante la campaña electoral de noviembre de 2019 el entonces candidato manifestó reiteradamente que, si finalmente era elegido presidente, bajo su mandato los políticos catalanes encarcelados cumplirían íntegramente las penas que el Tribunal Supremo (TS) les había impuesto por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos. Sin embargo, apenas un año y medio después de su investidura, pretende liberarlos de forma inmediata sin mediar motivo alguno que lo justifique -como ha puesto de manifiesto el informe del TS-, incumpliendo así su compromiso con la ciudadanía.

A su vez, es un ataque al Estado de Derecho ya que la concesión de indultos por parte del Consejo de Ministros en contra de la opinión de fiscales y jueces supone la sustitución del imperio de la ley -basado en la estricta aplicación de la legalidad vigente por parte de los magistrados- por la arbitrariedad en la aplicación de la ley– constituyéndose así como elemento central del sistema jurídico el interés privado de la clase dirigente-. Ello significa poner a los pies de los caballos al Poder Judicial, sometiéndolo a los caprichos del Poder Ejecutivo, de tal forma que se dinamita la separación de poderes y el sistema de contrapesos entre las distintas instancias de poder que caracteriza a todo Estado democrático, confirmándose así, de forma palmaria, el carácter totalitario que anima la acción de gobierno de la coalición socialcomunista.

Finalmente, es una traición a la nación española porque la concesión del indulto supone la rehabilitación por parte del Ejecutivo español del separatismo catalán, al aceptar tácitamente, por un lado, que el acto de sedición de los independentistas catalanes estaba justificado por la bondad de sus proclamas y, por otro lado, que el alto tribunal de justicia español no actúa ateniéndose escrupulosamente a la legalidad vigente, sino tan solo impulsado por el afán de venganza. Ello viene a significar la asunción de la tesis esgrimida por los políticos separatistas en el sentido de que España no es un país estrictamente democrático, lo cual no supone otra cosa que un acto de claudicación que socava ante el mundo el prestigio de la nación española, consumándose así una felonía cuyo grado de protervia solo está al alcance de mentes mefistofélicas.

La misma línea argumental parece sostener la población española, ya que, según todas las encuestas realizadas hasta el momento, son mayoría los españoles que se muestran disconformes con indultar a los golpistas catalanes. De hecho, hasta tal punto ha llegado el rechazo popular a tal medida que en el seno de la sociedad civil ha surgido una plataforma cívica, denominada “Unión 78” e impulsada por ilustres personajes de la cultura y la política española, como Fernando Savater, Rosa Díez y María San Gil, la cual ha convocado una concentración el 13 de julio en la Plaza de Colón, para que la ciudadanía pueda hacer llegar al Gobierno de P. Sánchez su frontal oposición a “la concesión de indultos a los condenados por sedición en Cataluña y su absoluto apoyo al Poder Judicial”.

A esta concentración se ha sumado todo el centroderecha español, lo cual da a entender que PP, Vox y Cs son los únicos partidos políticos que parecen tener claro que la legalidad vigente emanada de la Constitución no puede ser violada impunemente. Particularmente claro y contundente ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, el cual ha manifestado su total apoyo a la convocatoria de “Unión 78”, por entender que, más allá de las siglas de los partidos, debe prevalecer la unión de los constitucionalistas frente a aquellos que solo pretenden “el atropello a la legalidad, a la justicia, a la democracia y a la unidad de España”. Más tibios en relación a su propia participación en la concentración se han mostrado tanto Pablo Casado como Inés Arrimadas, temerosos ambos de reeditar la “foto de Colón”, lo cual viene a poner de manifiesto que ciertos complejos, para desgracia de sus portadores, perduran toda la vida.

Por su parte, más allá de la vacua proclamación de eslóganes para retrasados -básicamente consistentes en la perversa apelación a una serie de valores que nada tienen que ver con los fines que se persiguen - P. Sánchez, en respuesta a la concentración de Colón, ha invocado a la necesidad de diálogo para resolver lo que engañosamente denomina “conflicto catalán”, cuando de lo que en realidad se trata es de la defensa del Estado de Derecho ante el desafío secesionista. Pero es que, además, se da la circunstancia de que tal diálogo es en esencia una burda ficción, ya que la conversación entre las partes viene predeterminada por las imposiciones de los unos -los separatistas catalanes- y la claudicación de los otros -la coalición socialcomunista-.

Como demostración de la veracidad de tal planteamiento basta con examinar las palabras de Oriol Junqueras cuando señala que la única solución aceptable es la amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación “si bien cualquier gesto en la línea de la desjudicialización del conflicto ayuda a poder recorrer este camino”. Es decir que el beato bizco de Lledoners y líder en la sombra de ERC lo que nos viene a decir es que está dispuesto a hacernos a los españoles el favor de aceptar el indulto, si bien debemos entender que ello no es más que una concesión que está dispuesto a otorgarnos con la única finalidad de conseguir no el perdón de sus pecados sino el blanqueamiento de los delitos cometidos y la independencia del pueblo catalán. Frente a tan ilimitada arrogancia solo cabe responder con el infinito desprecio que tal actitud merece y no con la infame adulación que P. Sánchez y sus acólitos le brindan.

En cualquier caso, parece evidente que todo cuanto está aconteciendo en el ámbito de la política española en el momento actual forma parte de una gran farsa, en la que se escenifica el pacto suscrito hace año y medio por el PSOE -un partido desnaturalizado y reconvertido en secta sanchista- los comunistas -defensores de un identitarismo regionalista y  antiespañol-  y los separatistas catalanes y vascos -turbamulta de perturbados con ensoñaciones medievalistas asentadas en un pasado inexistente-. El execrable pacto contemplaba una doble finalidad: por un lado, garantizar la investidura de P. Sánchez como presidente del Gobierno de España y, por otro lado, establecer una hoja de ruta cuyo recorrido habrá de llevar inexorablemente a la independencia de Cataluña y el País Vasco.

Los primeros pasos de esa hoja de ruta comenzaron con el traslado de presos etarras a las cárceles vascas, para que así pudieran disfrutar de todo tipo de beneficios penitenciarios, ya que la concesión de los mismos, tras el traspaso de competencias, corresponde al Gobierno vasco en manos del PNV, un partido caracterizado por sus afanes independentistas y su permanente colaboracionismo con el tenebroso entramado abertzale. A continuación, llegaba la hora de liberar a los políticos catalanes encarcelados por el intento de golpe de Estado y en eso está ahora empeñado el Ejecutivo socialcomunista, en estricto cumplimiento de los acuerdos suscritos con el separatismo. En la lontananza ya pueden divisarse, como pájaros de mal agüero, los referéndums de autodeterminación.

Decía Abraham Lincoln que “No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy”. Viene esta cita a cuento porque el futuro de España -urdido en lúgubres galerías subterráneas por ese “eje del mal” que vertebra al nuevo Frente Popular- no puede ser más incierto y descorazonador. Por ello, si no queremos que nuestra nación sea tan solo el evanescente recuerdo de un tiempo pasado que no ha de volver, el 13-J los españoles tenemos la noble obligación de acudir a la Plaza de Colón, para proclamar a los cuatro vientos nuestro inquebrantable compromiso con la defensa de España.