Es innegable que en el mundo occidental se está produciendo un ataque contra el concepto de familia. El modelo tradicional, sobre el que se ha basado nuestra civilización, es puesto en jaque y desafiado por modelos alternativos y “diversos”. El último lugar en donde ha sucedido esto es en Letonia, un país cuya constitución consagraba el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer desde 2005. Sin embargo, ni la constitución ni las mayorías parlamentarias son un obstáculo para las “fuerzas del progreso”. El 12 de noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional de Letonia dictó una resolución, dentro del proceso 2019-33-01, en la que declaraba inconstitucional la primera parte del artículo 155 de la Ley del Trabajo (“El padre de un niño tiene derecho a un permiso de paternidad de 10 días naturales”). El proceso 2019-33-01 fue iniciado por una pareja lesbiana que quería este permiso parental para la pareja de la madre biológica. La decisión declaró inexistente esta norma de la Ley del Trabajo a partir de junio de 2022, ordenando al Parlamento que la “corrigiera” y mencionando también a la pareja de la madre como autorizada para el permiso parental. Pero, en la conclusión de esta decisión, el Tribunal Constitucional declaró que el Estado debe proteger a las familias del mismo sexo, haciendo en ese sentido los cambios necesarios en todas las leyes correspondientes. Para el tribunal, “la libertad de conducta sexual de una persona debe ser protegida en cualquier forma que tome”.

El único juez del Tribunal Constitucional que no estuvo de acuerdo con la resolución, Aldis Laviņš, señaló que solo el parlamento electo tiene derecho a decidir en estos asuntos. Además, la presidenta del Tribunal Constitucional, Sanita Osipova, disfrutó de una notable atención positiva por parte de los medios de comunicación privados y públicos, y dio varias entrevistas con claros tintes políticos y bastante agresivas sobre la decisión. La izquierda liberal la ha declarado extraoficialmente como su “reina” e incluso fue nombrada “europea del año 2020”. Un título concedido por la ONG “Movimiento Europeo – Letonia” y cuya votación fue bastante dudosa, ya que los organizadores no pudieron proporcionar una información creíble sobre el procedimiento de votación, seguridad y número de votos reales.

Como las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables, el partido patriota Nacionala Apvieniba (Alianza Nacional), cuarta fuerza política y parte del gobierno letón, ha planteado una enmienda que defina claramente en la constitución que el Estado protege a las familias basadas en la unión entre un hombre y una mujer, lo que haría que la decisión del Tribunal Constitucional perdiera su poder sobre los legisladores. Actualmente, el artículo 110 de la Constitución dice así: El Estado protegerá y apoyará el matrimonio - una unión entre un hombre y una mujer, la familia, los derechos de los padres y los derechos del niño. El Estado prestará un apoyo especial a los niños discapacitados, a los niños que se queden sin cuidado parental o que hayan sufrido violencia. Sin embargo, este artículo no ha bastado para impedir que los progresistas sigan con su agenda por la puerta de atrás.

El diputado Janis Lesalnieks fue el encargado de presentar la enmienda en el Saeima (parlamento letón) el 14 de enero, cuyo texto básicamente pretende definir más claramente la familia natural y los derechos del niño: El Estado protegerá y apoyará el matrimonio - una unión entre un hombre y una mujer, la familia, que se basa en el matrimonio, la consanguineidad o la adopción, los derechos de los padres y los derechos del niño, incluidos los derechos a crecer en una familia que se basa en la madre (mujer) y el padre (varón). El Estado prestará un apoyo especial a los niños discapacitados, a los niños que se queden sin cuidado parental o que hayan sufrido violencia.

Janis Lesalnieks. Diputado de Alianza Nacional de Letonia.

La mayoría de los diputados apoyaron la enmienda que solo fue rechazada por las fuerzas prorrusas y liberales, con 47 votos a favor y 25 en contra, pero que aún requiere de otras 3 lecturas en el parlamento y, en cada ocasión, debe ser apoyada por al menos dos tercios de los diputados presentes, además de que es necesario que se encuentren en el parlamento dos tercios del centenar de diputados que componen la cámara. El partido pro-Kremlin “Armonía” (“Saskaņa”) ya ha declarado que no participará en la votación para sabotear el quórum. En este caso, sería necesario la recogida de firmas de al menos una décima parte del electorado, lo que permitiría la realización de un referéndum. La enmienda no solo ha contado con la mayoría de los partidos, también ha sido apoyada por más de 40 ONG conservadoras y las iglesias católica y luterana. Un apoyo social fundamental si finalmente es necesaria la recogida de firmas para el referéndum.

En medio de todo este debate, la conocida influencer letona Elina Didrihsone cometió el “error” de dar su opinión en redes sociales y dijo no comprender la homosexualidad porque “una mujer debe estar con un hombre y un hombre con una mujer”. Estas declaraciones provocaron un gran revuelo y una campaña de descalificaciones por parte de personajes públicos que la llamaron estúpida, homófoba o monstruo. La compañía “Amo el café”, que pertenece al alcalde de Riga, el liberal Martins Stakis, también anunció que terminaba su colaboración con Didrihsone. En respuesta a la tremenda lluvia de insultos contra Didrihsone, esta misma semana nacía un movimiento femenino, “Por una Letonia sin acoso”. Esta asociación de mujeres afirma que no puede permanecer en silencio cuando “una persona es sometida a una acción pública que pretende humillarla, insultarla y ridiculizarla”.   

El movimiento femenino "Por una Letonia sin acoso" nace para hacer frente al linchamiento progresista.

Lo que está sucediendo en Letonia es una prueba más de que todo vale para imponer la agenda globalista. Si un pueblo vota mal y el parlamento no decide en el sentido “correcto”, se utiliza el poder judicial para avanzar en la agenda o para combatir las medidas del gobierno. Un buen ejemplo es el caso polaco, donde, hasta la reforma del poder judicial, una serie de jueces postcomunistas hicieron todo lo posible por entorpecer las políticas del gobierno polaco, llegando incluso a participar en mítines de la oposición y a pedir que la UE sancionase a Polonia. De igual modo, si alguien opina mal, se le condena públicamente al ostracismo. La cultura de la cancelación, a la que Donald Trump se refirió como la “definición del totalitarismo” y que recientemente provocaba el despido de la actriz Gina Carano, ha llegado también a Europa del Este.