Irene Montero. La ministra de un ministerio para nada, más que para enfrentar a los sexos y medrar de chiringuitos sinuosos. Es una talibán como lo fueron sus inspiradoras, partícipes del mejunje ideológico marxista cultural que desde los años 60 del siglo XX teorizó la destrucción de las relaciones familiares como clave para descomponer la civilización occidental y cristiana.

Simone de Beauvoir, Michel Focault, Valerie Solange, Wilhelm Reich, Margaret Sanger etc, teorizaron el empoderamiento feminista y abortista sobre la piedra angular del odio a la familia tradicional y a la maternidad. Pergeñaron una ideología de laboratorio, la de “género”, para convertirla en un dogma totalitario. Desde los años 60, los trabajos de los ideólogos de las teorías del “género” fructificarían en un movimiento social y político que en algunos países como Holanda pretendían promover la legalización de la pedofilia y en otros como en Francia conducirían, en los años 70 y de la mano de neo marxistas como Jean Paul Sartre o Simone de Beauvoir a exigir la despenalización de las relaciones sexuales con menores así como la defensa del aborto y el desprecio de la maternidad al brotar del “heteropatriarcado”.

De estas fuentes filosóficas hediondas brotaría el actual feminismo perseguidor del varón heterosexual y victimizador de la mujer que detenta la ministra Irene Montero y sus “comisarias” Beatriz Gimeno y Boti Rodriguez.

No es extraño que Irene Montero milite en la ideología materialista del enfrentamiento de sexos. Montero se declaró, en 2017, fervorosa “comunista”; la ideología que en el siglo XX liquidó a más de 100 millones de personas (“Libro negro del comunismo”, Stephane Courtois, 1997).

El comunismo elemental de los niñatos progres traslada el dogma de la lucha de clases marxista al ámbito de los sexos, y enfrenta a mujeres y hombres dado el odio irredento del marxismo clásico contra la familia; aspecto que se puede observar en el “manifiesto comunista” de 1848, pero también en la obra de Engels sobre el “Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” .

En la sesión de control al gobierno del pasado 9 de septiembre la diputada de Vox Mireia Borras preguntó a la ministra Montero: “¿Cuál es la utilizada del Ministerio de Igualdad?” La respuesta de Irene Montero fue: “este Ministerio sirve para que todos los españoles, y particularmente todas las mujeres, especialmente en los momentos más difíciles, sepan que los que piensan que, como ustedes dicen, que la violencia no tiene género, están fuera de la ley”.

Montero quiere ilegalizar al disidente del dogma feminista, y lo dejó meridianamente claro.

 La ley de Violencia de Género de 2004, impulsada por el PSOE,
definió la “violencia de género” como “la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

Esto supone que si una mujer es maltratada por su marido, ese maltrato es fruto de la manifestación de una “discriminación” y unas “relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”. Esto equivale a afirmar que las mujeres están oprimidas por los hombres. Y los que opinemos lo contrario, en uso legítimo de nuestro derecho a la libertad ideológica y de expresión, merecemos la cárcel y la represión, según Irene Montero. El dogma feminista, paranoico en su esencia, se convierte en una dictadura indisimulada que se anuncia por parte de una ministra y comunista irredenta con mando en plaza.

La teoría legal y constitucional es saboteada alegremente por la dogmática y y dictadora Irene Montero que, para exigir la ilegalización de los “negacionistas” de la violencia de género, vulnera el Artículo 16 de la Constitución, que ampara “la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Así mismo, también obvia el Artículo 20 que protege el derecho a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. Una ministra incompetente, inoperante y analfabeta jurídica que quiere suprimir libertades sin competencia para ello debería ser cesada inmediatamente. Desafortunadamente el gobierno en que se integra Montero es el pandemónium déspota que quiere imponernos el dogma feminista con la pena de cárcel al igual que desea instaurar el dogma “memorialista” a través de la infame “ley de memoria democrática” que llevará a la cárcel a los que disientan de la versión frentepopulista y antifranquista de la izquierda sobre nuestra historia reciente de España.

Hace unos meses, Podemos y los grupos separatistas del Congreso, apoyaron iniciativas para blanquear y legalizar el terrorismo de ultra izquierda, los ultrajes a España y a la Corona, las amenazas al Ejército y a las fuerzas de Seguridad del Estado, los escarnios a los católicos o las humillaciones a las víctimas del terrorismo etarra las cuales, por cierto, son cometidas por el propio presidente Pedro Sánchez cuando desde la Tribuna de oradores lamenta el suicidio de un terrorista etarra obviando a las miles de víctimas asesinadas, extorsionadas, heridas y exiliadas a causa de ETA.

La izquierda no sólo quiere validar el ataque al honor y la difamación excediendo los límites al abuso de la libertad de expresión, sino condenar a los que discrepan de un dogma tan aberrante y falsario como que las mujeres son oprimidas en España.

El comunismo y la islamofilia de la izquierda les impiden reconocer la verdad de que los países africanos cuya cultura pretenden importar a través de la inmigración masiva son los más misóginos y explotadores de la mujer. Tampoco reconocerán que España es el quinto país del mundo más desarrollado, seguro e igualitario para nacer mujer, debido a nuestra cultura y nuestra tradición legal que desde los años 50 (reforma del Código civil) hasta ahora, erige a la mujer en una plena e indiscutible igualdad, sólo excedida por los injustos y abusivos privilegios que la Ley de violencia de género otorgan en perjuicio del hombre al que se arrebata la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.

El matonismo de la izquierda es tan alargado y tremebundo como su dilatada trayectoria imponiendo como dogmas las mentiras edulcoradas, publicitadas e implantadas a fuerza de ong, chiringuitos, observatorios y una penetración en la Universidad cuyos resultados de adoctrinamiento permiten que millones de euros sean destinados este año a “masters” de género (más de 600.000 euros)  o “pegatinas” inclusivas (más de 250.000 euros) además de los más de 100 millones repartidos a las comunidades autónomas para inflar a las asociaciones y mamandurrias feministas. Mientras tanto, más de 800.000 españoles en ERTE siguen sin poder trabajar y miles están sin cobrar y en las colas del hambre.