Comoquiera que habitualmente paseo por mi ciudad, observo aquí o allá algunos coches de la policía local equipados con su cartelito publicitario de género. Es el ayuntamiento, en este caso el de Sevilla capital, el que al parecer ordena colocar tales panfletos feministas en los cristales de unos vehículos policiales que pagamos todos.

Cierta mañana me dirigí, con el debido respeto cabe entender, a un agente de la policía local de Sevilla preguntándole si tanto él como su vehículo eran la “policía para las mujeres”. El joven en cuestión, un agente de autoridad equipado con porra de cuero y pistola de balas me dijo que no, que ellos atendían a cualquier persona, a lo que yo asentí con un “claro, eso es lógico”. “Mire, agente -proseguí de este modo nuestra conversación-, el coche que usted lleva, la ropa que le viste y su sueldo, lo pagamos todos, si esto es la policía para las mujeres, entonces que me descuenten en mi próxima declaración del IRPF lo que pago por mantener tal policía y yo contrataré a otra”. El hombrecito, un muchacho de apenas treinta años, me dio la razón, a la vez que se encogía de hombros diciendo “a nosotros nos entregan el coche así, no podemos hacer nada más. Vaya usted y dé las quejas en el ayuntamiento”. Agradecí al citado agente su tiempo en atenderme y encontré al poco otro vehículo con un eslogan feminista que decía “amar no es amarrar”, como si uno viese en una mujer a un animal de compañía y no a una persona en igualdad de derechos.

A raíz de esto me interesé por ver el papel que la policía local y demás cuerpos afines desempeñan en el negocio clientelar o Industria de Género española y di con un documento ciertamente esclarecedor. Se trata del Boletín nº80 del CGPJ, que recoge, desde el año 2007 al 1S de 2020, la procedencia de cada denuncia por violencia de género según persona o entidad de su tramitación.

Veamos: Víctimas o familiares (6,8%), atestados policiales (80,3%), parte de lesiones (10,7%) y servicios asistenciales (2,1%).

Si ahora atendemos a la evolución de la procedencia de cada denuncia en el periodo antes citado (2007 al 1S de 2020), las víctimas o familiares pasaron de denunciar un 11,6% en el año 2007 a un 2,4% en el 1S de 2020, se observa un descenso acusado; frente a ello, los atestados policiales, siendo un 77,3% en 2007, se elevaron a un 84,7% en el 1s de 2020.

De manera que las víctimas o familiares se implican cada vez menos en denunciar y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado van asumiendo esta tarea, es decir, adquieren un creciente protagonismo en cantidad y calidad frente a la violencia de género, especializándose más y más hasta constituir un cuerpo represor que recaba pruebas y emite informes varios, actuación al borde de la inconstitucionalidad y que convierte a tales agentes de género en piezas insustituibles de un Estado represor e ideologizado que no ve en el conjunto social a ciudadanos o personas, sino a sujetos sexuados que merecen distinto tratamiento policial, jurisprudencial y penal según sexo, empleado para ello a una parte importante del funcionariado que nunca debiera ser puesto a las órdenes de ninguna ideología o fanatismo, en este caso el de género, sino al servicio de una sociedad moderna y democrática, constitucional y de justicia justa.

Ah, y de aquí a poco, si no, al tiempo, veremos a la policía local vestida de color rosa y sus coches en ese tono violeta tan característico de la Orden Morada. Llegado ese día, sólo faltará un pequeño detalle como extirpar a cada agente ese apéndice machista y patriarcal causante de todos los males de la sociedad española y equiparlo con su chochete. Sólo así la policía local de Sevilla será verdaderamente feminista, cuando se vea mujer en su órgano sexual primario, en el citado conejo, se vista de rosa, como feminista subvencionada y viaje en un coche distintivo de una nueva y modernizada Inquisición, la Inquisición española de género.