Una de las declaraciones que ha realizado el Catedrático Emérito Javier Paredes es la referida  a que, en la actualidad, no hay ningún político decidido, clara y terminantemente, a abolir las leyes inicuas, empezando por la del aborto, responsabilizando de ello a los políticos e instituciones católicas.

Si tenemos en cuenta que por la Ley Orgánica 4/22 se ha introducido en el Código Penal el artículo 172 quater, el cual castiga a toda persona que  “obstaculice a una mujer en el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosándola mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, siendo castigado con la pena de prisión de tres meses a un año”, nuestra posición no ha de ser otra que la de estar conformes con el Profesor Paredes, pues  esta nueva norma -que podrá tener toda la legalidad pero ninguna legitimidad, en el distingo que realizara Carl Schmitt- ha llegado al Boletín Oficial del Estado aun con la oposición de PP y VOX.

Por tanto,  si acudimos a las palabras del Profesor Paredes sobre la responsabilidad en la legalización del aborto  y la aprobación de la penalización de dicho supuesto acoso, se revela que la Iglesia, como institución, no ha adoptado la postura activa que hubiera supuesto la ilegalización del aborto y la no introducción del artículo 172 quater en el Código Penal.  Y si los católicos -entre los que me incluyo- hubiéramos tenido algo de civismo, al menos una mínima parte del que los griegos y romanos entregaban a sus ciudades, la situación actual se hubiera evitado. Claro está que hubiéramos tenido que hacer política, que es lo mismo que hacer Patria, en palabras de Unamuno.  Y si ya el ciudadano de a pie no se preocupa de la política, cuando acudimos al ciudadano católico, cristiano, lo encontramos dando por sentado la separación entre religión y política,  con lo que, unos y otros, venimos a la aceptación tácita de hechos que por derecho natural no debieron ser asumidos,  y el reconocimiento de  que tenemos unos políticos contrarios totalmente hipócritas, y unos políticos propios totalmente débiles.

Porque si se nos intenta explicar que cualquier acto o acción de los grupos Provida -hacia los que se dirige el artículo 172 quater de manera directa-, ha de ser tildado de acoso, si comparamos estos actos pacíficos con las acciones violentas de aquellos piquetes que acosan a los trabajadores que quieren y desean trabajar en una huelga, aun pudiendo estar conforme con ella, y que dichos piquetes no sean considerados autores de acoso, al haber sido sus conductas totalmente despenalizadas, esto es  algo claramente antagónico y sectario, pues: ¿no estamos ante situaciones prácticamente idénticas e ideológicamente consideradas de manera desigual? ¿no merecen la misma libertad de expresión aquellos que de una manera sincera y correcta informan a la mujer que aún conserva dudas sobre si abortar o no, que aquellos que con violencia niegan el derecho al trabajo?

Pues parece que no, puesto que en este paralelismo de desigualdad existe un germen que no es otro que la voluntad de sancionar la libertad del Hombre y los derechos a él inherentes. Derecho a la vida en un caso y al trabajo en otro,  derechos que se coartan desde las instituciones internacionales, como la ONU y el FMI, y también desde el propio Estado español. Si los derechos a la Vida y al Trabajo son consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos es la propia ONU la que niega esos mismos derechos, promoviendo -en un caso- el aborto en el mundo, y de manera especial en Europa,  y no respetando el derecho al trabajo cuando el Fondo Monetario Internacional hace que la economía globalista provoque un trabajo cercano a la esclavitud.  Ante esta locura, ante esta aberración consistente en declarar grandes principios generales para luego ser totalmente incumplidos por quienes más los invocan y que, con mayor rigor, deberían respetar, y cuando existiendo hoy todos los medios para impedir la concepción, una vez se ha producido la gestación y la creación de un hombre, El Hombre, a este se le asesine bajo la cobertura o paraguas de la legalidad. Normas aprobadas por el consentimiento, el asentimiento y la aceptación de los que ya se sienten vencidos,  por nosotros, los católicos y cristianos que damos por aprobada la separación entre religión y política, cuando toda religión tiene que ser política, como son -claramente- las religiones judía y musulmana.

Porque la  cuestión ya no es solo si una mujer tiene libertad o no de abortar, sino si la sociedad europea, y en concreto la española, puede permitirse diluir su continuidad hereditaria sin nacimientos, haciendo valer la condición de mujer por encima  de la de madre y en perjuicio de nuestra comunidad nacional. Y si el Verbo, la palabra que fue el origen del hombre, puede ser callada tras la tiranía de quien tiene el poder de hacer la ley aunque esta sea totalmente injusta, sin que ante esta se produzca una queja, una leve protesta, permaneciendo bajo un grueso manto de responsable silencio.