Sr. Director:

Como sabe usted perfectamente, al hablar de los sistemas de producción haciendo referencia a la admisión o rechazo de la propiedad privada sobre los medios utilizados, las opciones se mueven entre el capitalismo y el comunismo. El primero no es ninguna maravilla, pero la experiencia ha demostrado reiteradamente que es el menos malo porque, al menos, admite graduaciones. Sus defectos más indeseables, propios del egoísmo humano en que se basa y de la cultura protestante vigente en los países de su más temprano desarrollo, comenzaron a corregirse mediante la acción de los movimientos obreristas, surgidos en el siglo XIX frente a los excesos derivados de la Revolución Industrial. Sucesivas situaciones de extrema escasez, como las derivadas de la Primera Guerra Mundial y la crisis financiera de 1929, provocaron el temor hacia eventuales movimientos revolucionarios que emularan lo sucedido en Rusia, contribuyendo decisivamente a la génesis del concepto conocido como “función social de la propiedad”. Esta idea, que podríamos resumir en el deber del propietario de ejercitar su derecho de manera que no se limite a satisfacer su interés personal, sino atendiendo también al de la sociedad en que se integra, ya era conocido en los países católicos desde la radical distinción establecida por Escolástica entre la titularidad de los bienes y su uso, afirmando que este último debía orientarse a la satisfacción del bien común (de acuerdo con la más correcta interpretación del Evangelio y con la obra de Santo Tomás de Aquino).

El comunismo, por su parte, ha sembrado el terror allá donde se ha impuesto. La propiedad de los medios de producción, y por extensión de todos los bienes que son valiosos, pertenece hipotéticamente a la comunidad proletaria. En la práctica, sin embargo, es patrimonio personal de los burócratas del partido, quienes reúnen así, en su relación con los bienes valiosos y de producción, lo mejor de una propiedad privada ejercida en régimen de absoluto monopolio. Además, no vienen sometidos a los deberes y cargas impuestos a los propietarios en los sistemas capitalistas “atemperados” o “templados” mediante el recurso a la función social previamente aludida.

Unos deberes que, en el caso de España y como consecuencia de la proyección social del régimen político del General Franco, se desarrollaron a través de un largo listado de normas preconstitucionales: desde la Ley de Cultivos Forzosos hasta la de Expropiación Forzosa (aún vigente), sin olvidar la legislación agraria, la de arrendamientos rústicos y urbanos, la normativa laboral, o la de urbanismo y vivienda (precisamente en el preámbulo de la espléndida Ley del Suelo de 1956 aparece literalmente mencionada esa función social, como justificación de los límites, deberes y cargas impuestos al propietario de suelo). Por tanto en nuestra Nación, como sucede en los países de nuestro entorno e incluso con mucha mayor fortaleza durante el sistema jurídico anterior a la Constitución de 1978, la propiedad privada no es el derecho ilimitado, absoluto y perpetuo que se contemplaba en el Código Civil francés, como consecuencia del fervor revolucionario imperante en la época de su promulgación y del interés de la burguesía emergente por mantener el poder sobre los bienes que habían sido expoliados a la nobleza y al clero (en nuestro Código Civil nunca tuvo esos caracteres, pero esto es otra historia). Si la propiedad privada está delimitada por su función social, lo mismo sucederá con el sistema productivo basado en aquella: el dueño de un monte tiene que explotarlo de manera que se conserven sus valores medioambientales y paisajísticos, el promotor de una edificación tiene que realizarla con pleno respeto de los deberes y cargas impuestos por la normativa urbanística, y el titular de una explotación industrial habrá de desarrollar su actividad en el marco de la legislación medioambiental y laboral, por poner solamente algunos ejemplos.

Además, todo propietario debe cuidar los bienes de su propiedad para que no causen daños a terceros, puesto que en otro caso viene obligado a indemnizarlos de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales o administrativas en que pudiera haber incurrido. Todas estas cuestiones abarcan, desde la necesidad de indemnizar si se cae alguna maceta del balcón produciendo daños a terceros, hasta una eventual condena por homicidio, derivada de la omisión del deber de velar por las fuentes de peligro que se encuentran bajo el control del dueño (por acudir a un caso reciente de elevado eco mediático, para aclarar de qué estamos hablando, podemos referirnos al caso de Julen, el niño que murió al caer en un pozo: el propietario del terreno fue condenado por una omisión negligente relacionada con su deber de conservarlo de manera que no cause daños a terceros). Sin perjuicio de esos deberes de conservación, el propietario, que ya pagó impuestos al adquirir el bien, está sometido a toda una serie de exacciones fiscales adicionales según su naturaleza o valor (Patrimonio, IBI, los que gravan ingresos obtenidos a través de esos bienes, y otros).

Además, cuando la utilidad pública o el interés social exija que la Administración adquiera bienes de propiedad privada, la legislación de expropiación forzosa le abre el camino para ello, previo pago del justiprecio correspondiente o, en caso de urgencia, de la valoración previa fijada inicialmente por la Administración. Y todo eso si el Gobierno no decidiera que concurre la “extraordinaria y urgente necesidad” exigida por la Constitución Española para promulgar un Real Decreto-Ley, estableciendo una norma especial para el caso concreto que podría excluir la necesidad del previo pago: así sucedió, al comienzo del primer mandato socialista, con la ocupación de RUMASA (primer precedente de expolio gubernamental, y punto de partida en la sumisión del Tribunal Constitucional a los criterios del Ejecutivo).

Por hacer una leve referencia a las “incautaciones” a que estamos asistiendo en la actualidad, cabe decir que la Ley Orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, permite requisas y ocupaciones meramente temporales de bienes y empresas (artículo 11, b y c), consagrando también el derecho a ser indemnizados por la Administración, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes, en favor de quienes sufran daños o perjuicios de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, por actos que no les sean imputables (artículo 3.2).

A pesar de que el propietario de toda clase de bienes está sometido al deber de conservarlos, usarlos de manera que se satisfaga también el interés social, pagar impuestos por ello, y entregarlos a la Administración cuando ésta los requiera, los partidarios de un régimen comunista suelen unificar los sistemas basados en la propiedad privada, y por tanto todas las posibles graduaciones del capitalismo, bajo la unitaria denominación de “capitalismo salvaje”, para atribuir a dicho sistema el origen de todos los males sociales: se trata del mismo argumento maniqueo que ponen de manifiesto cuando califican de fascista a todo el que no comparte los postulados del comunismo.

Ante esa consideración, y si admitiéramos que el origen de todo mal social reside en el “capitalismo salvaje”, paso a exponer las situaciones que yo considero incardinables en el referido término:

1.- Capitalismo salvaje es que países comunistas, como China, capitalicen el ahorro derivado de la inexistencia de normativa alguna sobre protección medioambiental, protección de los trabajadores o ética científica, para producir bienes que arrojan al mercado en condiciones de precio inigualables.

2.- Capitalismo salvaje es conceder jugosos contratos administrativos a entidades clientelares, incrementando el precio a satisfacer con cargo al erario público con las correspondientes comisiones para el partido y los intermediarios.

3.- Capitalismo salvaje es usar el dinero público arbitrariamente, como si efectivamente no fuera de nadie.

4.- Capitalismo salvaje es que quienes disfrutan en exclusiva de residencias y bienes públicos en general no tengan que satisfacer por ello impuesto alguno.

5.- Capitalismo salvaje es que de los daños causados por quienes desempeñan funciones públicas responda en vía directa la Administración, quedando a su criterio, difícilmente controlable por los tribunales, el ejercicio de la facultad de repercutir el importe correspondiente sobre el patrimonio personal del autor.

6.- Capitalismo salvaje es encauzar en una determinada dirección política el movimiento obrero, mediante la capitalización de sindicatos de partido con dinero público.

7.- Capitalismo salvaje es manipular la envidia sentida hacia el que tiene más, para obtener una situación de poder que permita incrementar el capital de los manipuladores

8.- Capitalismo salvaje es entregar la estima personal, la honra y el honor, a cambio del mantenimiento o mejora de una posición de poder que permita mantener o incrementar el capital.

9.- Capitalismo salvaje es despreciar la propiedad de los demás, mientras se utilizan medios públicos e influencia política para proteger la propia.

Como conclusión, y parafraseando a Bécquer, podría decir:

¿Qué es capitalismo salvaje? Decís, mientras claváis vuestras pupilas en los bienes de otros: CAPITALISMO SALVAJE SOIS VOSOTROS, LA IZQUIERDA ANSIOSA DE RIQUEZAS AJENAS.