Los recientes acontecimientos en materia de ejecución de medidas derivadas del Estado de Alarma por el Coronavirus en España, nos muestran una actitud que, según la tesis de este artículo, supone un conjunto cada vez más abundante de abusos de poder hasta llegar a una generalización gubernativa en dicho abuso.

Varios han sido los hechos que en España han sucedido en los mediados de abril de 2020, que han supuesto una quiebra en la confianza de una actuación regular por autoridades y ejecutores de las órdenes de estos. En tal sentido, es más que relevante la presentación de una queja al Defensor del Pueblo, por una serie de notables juristas, entre los que están los profesores Ruiz Miguel y Flores Juberías, a fin de excitar la actuación del Tribunal Constitucional en un Recurso de Inconstitucionalidad [1] contra la normativa que ha implementado y desarrollado el Estado de Alarma del pasado 14/03/2020. Ciertamente, la situación de confinamiento de la población se compadece más con un Estado de Sitio que con el de Alarma. Éste último, es más caro al gobernante, por conferir al Ejecutivo su aplicación (según el artículo 116 de la Constitución como de la legislación que lo desarrolla [2]) frente a la necesaria solicitud del Gobierno para que las Cortes efectúen la oportuna declaración.

La queja entiende, creemos que con palmaria razón, que la prohibición de circulación casi absoluta que venimos sufriendo desde hace más de un mes, corresponde, por su gravedad, al Estado de Sitio (art. 20 de la Ley), excediendo lo estipulado para el Estado de Alarma, que supone solamente limitaciones de circulación o permanencia en horas o lugares determinados o bajo condición de ciertos requisitos (art. 11 de la Ley). Así, el Gobierno declara el Estado de Alarma y lo comunica a las Cortes, en la idea de que le otorguen conformidad “en barbecho” y no exista la limitación previa de la discusión parlamentaria. Parecería que se pretende que la Política pase por encima del Derecho, siendo éste instrumento del Gobierno, en una versión extrema de oportunismo positivista [3].

Si a lo anterior le añadimos hechos como la confesión del Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, general Santiago, indicando que una de las labores del Benemérito Instituto sería en estas calendas la de “minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno” [4], podríamos pensar que se puede violentar no sólo la libre expresión garantizada por la vigente Constitución (véase el art. 104 de la misma), cuanto más las funciones de la Guardia Civil, estipuladas además en el Título II de la LO 2/86, de 13 de marzo, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Creemos que se llega a un uso inicuo de la fuerza pública como policía de partido, máxime cuando el titular de Interior llega a hacer aseveraciones absolutamente intolerables [5] sobre un “discurso peligroso” (que parece ser el que ponga en tela de juicio los más que discutibles datos y opiniones del Gobierno).

Podemos ir aún más lejos, al recordar las numerosas noticias y vídeos de las redes sociales, en los que los cuerpos policiales detienen, multan o suspenden actos que no están “per se” proscritos en la normativa derivada del Estado de Alarma. Tal es la suspensión de misas y actos religiosos (con especial inquina a la Iglesia católica, a la par que se dan instrucciones de permitir actos musulmanes en la vía pública). El celo desproporcionado de la policía se ha prodigado en ejemplos por toda España, con un culmen en el desalojo de la Catedral de Granada [6], durante el cual, la Policía Nacional ha hecho mangas y capirote (nunca mejor dicho de un Viernes Santo) de las previsiones legales del Estado de Alarma [7]. Todo esto, unido a las imágenes de las redes sociales, de detenciones desproporcionadas con verdaderas agresiones gratuitas por las fuerzas del orden o sanciones impuestas con un carácter ”creativo” [8] nos hacen pensar en la figura de la vía de hecho, como expediente por el que se está sancionando, deteniendo o, como el caso, suspendiendo misas u otras reuniones. Fundamentalmente dicha vía de hecho estaría constituida por comportamientos que exceden el título legitimador (manque de procédure, del Derecho francés), por lo que nuevamente estamos ante la presencia de un poder que pretende utilizar el Derecho para sí, para ocultarlo cuando sin embargo, no le conviene.

En el momento que se anuncia una lluvia de querellas contra el actual Gobierno por motivo de su polémica gestión de la crisis, vemos cómo aquél parece salirse de madre, descarrilar de su labor y procedimiento, y aún parece que los culpables de la situación sean todos aquellos descontentos, que se quejen o que no opinen lo mismo de lo que se dice en ruedas de prensa cocinadas a mayor gloria del gabinete Sánchez Pérez Castejón. 

Notas:

[1] Confilegal, 20/04/2020, en https://confilegal.com/20200420-grupo-de-juristas-presentan-queja-ante-el-defensor-del-pueblo-por-suspension-de-derechos-constitucionales/

[2] Arts 4 passim de la LO 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

[3] Mucho más aséptico sobre este tipo de problemas, Rodríguez Molinero, M, “Introducción a la Ciencia del Derecho”, Librería Cervantes, Salamanca (1993), 124 y ss.

[4] En toda la prensa del 19/04/2020, pero sin ir más lejos, El Correo de España, https://elcorreodeespana.com/sucesos/696679698/-El-Gobierno-reconoce-en-su-rueda-de-prensa-que-usa-a-las-Fuerzas-y-Cuerpos-de-Seguridad-del-Estado-para-atajar-las-criticas-al-Gobierno.html

[5] El Mundo, 15/04/2020, en https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/04/15/5e95fe5dfc6c8305188b4644.html

[6] El Ideal de Granada, 11/04, 2020. https://www.ideal.es/granada/estado-alarma-granada-policia-nacional-desaloja-catedral-viernes-santo-20200410194142-nt.html

[7] El atropello aquí es paradigmático de abuso de poder, sin que quepa duda, mientras en el primer templo granadino se hallaban presentes ¡sólo veinte personas!. El art. 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 reza: La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro.

[8] El vídeo de un “ertzaina” amenazando a un ciclista que decía acudir a su trabajo, porque, según mientras que según el denunciante estaría prohibida la circulación en bicicleta durante el Estado de Alarma es uno más de decenas de casos.