La democracia representativa se asienta conceptualmente en dos principios fundamentales: el principio de confianza, por el cual los representados depositan su esperanza en la honorabilidad y competencia de los representantes que eligen, y el principio de lealtad, en virtud del cual los representantes establecen con sus representados el compromiso de velar por su bienestar incluso antes que por interés propio. Constituye, por tanto, este constructo teórico una vía de doble dirección que establece el escenario donde se desarrollan las pautas de relación que idealmente se deberían esperar entre los ciudadanos y los dirigentes políticos de un determinado demo. Evidentemente, el cumplimiento de tales principios ha resultado ser tan solo una aspiración idílica, ya que la historia nos ha enseñado que ni los ciudadanos depositan plenamente su confianza en los políticos, ni los gobernantes responde con impecable lealtad a las expectativas generadas en la población. Sin embargo, como en casi todas los ámbitos de la vida, también en cuestión de cumplimiento de compromisos encontramos grados, de tal forma que hay políticos a los que se recordará por la grandeza de sus hazañas, otros que pasarán dignamente a las páginas que la Historia escribe a lo largo de su caminar, mientras que, finalmente, otros no habrán hecho otra cosa que ensuciar con sus actos su propia biografía.

Sin duda a esta última clase de políticos es a la que pertenece Pedro Sánchez, ese degenerado psicópata que, como tatuaje indeleble, lleva el alma marcada a fuego por el estigma de la vileza. De hecho, si hubiera una escala de medición de la infamia sin duda P. Sánchez estaría en los más alto de la misma, solo por debajo de los más grandes genocidas de la humanidad. Para confirmar esta aseveración sobran los ejemplos en los que sus palabras y compromisos no se han correspondido con sus posteriores actos, traicionando, de esta forma, la confianza de aquellos que le votaron creyéndose su promesas. En este sentido, su última felonía está relacionada con su determinación a conceder el indulto a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo (TS) a penas de cárcel por la comisión de delitos de sedición y malversación de fondos públicos.

De hecho, desde el mismo momento de su investidura como presidente del Gobierno, P. Sánchez trasladó a la opinión pública, de forma sutil y sin estridencias, la posibilidad de indultar a los golpistas catalanes, contraviniendo así, una vez más, la palabra dada a los españoles, cuando, en el debate televisivo previo a las elecciones generales de noviembre de 2019, P. Sánchez no solo rechazaba taxativamente la concesión de indultos a los sediciosos sino que también prometía traer de vuelta a Carles Puigdemont para encarcelarlo e incluso se comprometía a recuperar el delito de realización de referéndums ilegales.

En cualquier caso, la cuestión del indulto se ha mantenido en estado de hibernación hasta el momento actual, justo cuando el coordinador de ERC, Pere Aragonés, ha sido nombrado presidente de la Generalidad de Cataluña. A partir de ese instante el Gobierno socialcomunista, con P. Sánchez a la cabeza, ha acelerado los acontecimientos, poniendo encima de la mesa la supuesta necesidad de proceder de inmediato al indulto de los golpistas catalanes y establecer una ignominiosa mesa de diálogo entre la Generalidad y el Gobierno de España, todo lo cual, dada su falta de justificación ética y jurídica, solo puede entenderse desde la existencia de un pacto político oculto entre el Ejecutivo español y el separatismo catalán.

Así, como mensajero del diablo, el primero en salir a la palestra para desatar las hostilidades fue el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el cual, con un planteamiento impropio del cargo que ostenta, señaló que la ciudadanía debía percibir con naturalidad la decisión del Gobierno de indultar a los golpistas catalanes, intentando así allanar el camino influyendo en la opinión pública antes de que se conociera, tal y como establece la ley, el contenido de los informes de la Fiscalía y el TS en relación a la concesión de los indultos.

La Fiscalía manifestó en su informe su absoluta oposición al indulto, por entender que no era un instrumento diseñado para alterar el sentido de las resoluciones judiciales y bajo ningún concepto podía utilizarse para satisfacer intereses políticos coyunturales.

Pero si contundente fue el informe de la Fiscalía, el informe del TS resultó demoledor para los intereses del Gobierno socialcomunista. Así el TS entiende que en el caso de los golpistas catalanes no se dan las condiciones mínimamente necesarias para la concesión de indultos. Así el alto tribunal, en primer lugar, aduce que no ve el más leve indicio de arrepentimiento por parte de los condenados, como demuestra el hecho de que ni tan siquiera haya sido solicitado por los afectados; en segundo lugar, deja patente que no observa voluntad alguna de reencuentro con el orden jurídico por parte de los golpistas, hasta el punto de que los condenados no han dejado en ningún momento de manifestar su voluntad de reincidir en el delito, siendo permanentes sus ataques a los pilares de la convivencia democrática; en tercer lugar, refiere que se trata de una concesión de indultos en bloque, cuando la ley establece que cada indulto debe ser tratado de forma personalizada; y por último, dictamina que se trata de un autoindulto, ya que en este caso aquellos que se benefician son los líderes de los partidos que en la actualidad garantizan la estabilidad del Gobierno al que corresponde la potestad de otorgar el derecho de gracia.

Cualquier gobernante con un mínimo de dignidad ante tan rotundo informe hubiera desistido de sus propósitos, pero evidentemente P. Sánchez no se encuentra en el grupo de los políticos decentes, sino que, por el contrario, se encuentra a la cabeza del grupo de los indecentes, por lo que, lejos de atenerse al criterio de fiscales y magistrados, ha decidido seguir adelante con su indigno plan. Las razones esgrimidas por P. Sánchez para continuar con la tramitación de los indultos son todas ellas espurias, haciendo así gala de la falsedad con que reviste todas y cada una de sus actuaciones. 

Así, por un lado, arguye nuestro impresentable presidente que los indultos están justificados porque “la venganza y la revancha no son valores constitucionales”, dando por hecho, por tanto, que el cumplimiento de las penas impuestas a los delincuentes por los tribunales constituye un acto vengativo y revanchistas y no un acto de justicia acorde con la legalidad vigente emanada precisamente de la Constitución a la que alude. Este planteamiento, además de constituir una aberración ética y jurídica, demuestra las deficiencias intelectuales de P. Sánchez y su equipo de asesores, ya que resulta evidente que lo enunciado no es más que un eslogan publicitario con el que falazmente se pretende desenfocar la discusión y así, como es costumbre arraigada en la secta sanchista, ocultar los auténticas intereses que subyacen en el fondo de la cuestión, en un claro intento de manipular a la ciudadanía y generar en la opinión pública un clima favorable a sus tesis.

A continuación, elevando el nivel de propaganda sin disminuir el grado de minusvalía cognitiva, P. Sánchez nos suelta otro eslogan en el que se nos dice que “Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia”. Sin embargo, resulta evidente que es éste un nuevo intento de falsificar la realidad, ya que señalar que el tiempo pasa es una pasmosa obviedad, pero diferenciar periodos sociopolíticos sin cambio ni de escenario ni de trama, como ocurre en el caso que nos ocupa, no es más que un insidioso propósito de confundir a la ciudadanía. Así, basta con observar como Pere Aragonés arrancaba los aplausos de la mayoría de los diputados catalanes cuando, en el curso de su investidura, señalaba que “El país desembocará en la república catalana. Haremos efectiva la autodeterminación”, para darse cuenta que los ataques al Estado de Derecho por parte del secesionismo catalán se mantienen incólumes. En consecuencia, dado que no se han producido cambios sustanciales en el movimiento independentista catalán, nada justifica la concesión de medida de gracia alguna a los golpistas catalanes, por lo que el indulto más que un acto de concordia parece una rendición en toda regla.

Por último, P. Sánchez viene a decirnos que la concesión de indultos es una prerrogativa del Consejo de Ministros y, por lo tanto, una decisión política. Es esta una verdad a medias y, por ello, la peor de las mentiras, ya que efectivamente corresponde al Ejecutivo el conceder indultos, pero ello no significa que pueda hacerlo de forma arbitraria y contraria a la ley, ya que, de hecho, cabe la revocación de los mismos mediante la interposición de un recurso contra tal medida de gracia.

En definitiva, tomando en consideración los informes de la Fiscalía y del TS, solo cabe concluir que la concesión del indulto a los golpistas catalanes es un acto contrario a la legalidad vigente, por lo que su ejecución convertiría a P. Sánchez en un vulgar delincuente, en lógica correspondencia con su diabólica naturaleza.