La puesta de largo de la denominada ley de Memoria Democrática vendrá a suponer de facto la clandestinidad forzada de aquellos colectivos y personas que sigan las directrices ideológicas del nacionalsindicalismo o el Tradicionalismo carlista, al igual que ciertas asociaciones culturales de interés privado como pudiera ser el caso de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos o la Fundación Francisco Franco.  En puridad, se trata de una disposición totalmente injustificada, en cuanto que tales ideologías y asociaciones no han tenido nada que ver con la gestión y administración del país en el último medio siglo. Curiosamente, los grandes fraudes e irregularidades de este periodo no guardan ninguna relación con dichas ideologías o personas jurídicas sino con los partidos dominantes en el país. Recordemos, pues, tales actuaciones: aceite de colza, subvenciones millonarias y extranjeras a partidos y sindicatos (desde 1978 en adelante), guerra sucia del Estado, subvenciones punibles de partidos políticos (casos Filesa, Malesa, Naseiro, Gürtel, etc.), espionaje de personas particulares, títulos académicos irregulares o ficticios, prevaricación administrativa, desvío de fondos reservados, tráfico de influencias, delitos de sedición, confinamientos y sobremortalidad exagerados, etc. Todo ello nos mueve a pensar que nos hallamos ante un sistema despótico, aunque debiéramos preguntarnos por qué razón se va a perseguir sañudamente a estos colectivos minoritarios cuando han sido ajenos al poder político durante décadas. La respuesta es bien sencilla: por sustentar ideologías coincidentes con quiénes se alzaron en armas y ganaron la guerra civil de 1936-1939. Razonamiento que a no pocos fanáticos del progresismo les puede parecer una justa causa, pero que atendiendo tanto a las violencias de antes y después de la contienda como a la cruda realidad de la represión desencadenada en la retaguardia republicana constituye una falacia de grandísimas dimensiones. Y permítanme que lo explique minuciosamente, siquiera sea en este pequeño prontuario divulgativo.

1931-1936: los “chíbiris”

En los años previos a la guerra, el pueblo madrileño comenzó a llamar chíbiris a los grupos de jóvenes izquierdistas –sobre todo socialistas- que alteraban la paz pública con sus actuaciones bulliciosas, entonando canciones subidas de tono con la letra del estribillo del chíbiri. Fue, como ya hemos indicado en otras publicaciones, el socialista Enrique Puente el encargado de armar estos grupos de acción, teniendo numerosos delitos en su haber. Por su parte, los comandos anarquistas y comunistas estaban ya operativos, tras la proclamación de la República, y listos para una guerra civil, como indicaría en julio de 1931 un informe del Gobierno Civil de Sevilla, elevado al Gobierno provisional de la República. Pues bien, las muertes atribuibles a los chíbiris hasta el estallido de la lucha fratricida del verano de 1936 quizás superen los dos mil óbitos, teniendo en cuenta las bajas originadas tanto por los hechos revolucionarios de 1934 como por otras manifestaciones sediciosas, sin olvidar en este aspecto los múltiples crímenes cometidos a su albedrío por los diferentes grupos de activistas.

1936-1939: las provincias más castigadas por la izquierda

Madrid: aproximadamente unos 30000 asesinados y ejecutados, siguiendo la información detallada por la Causa General en 1952, la declaración judicial de José Cazorla (jefe de la Consejería de Orden Público a partir del 25 de diciembre de 1936) y las anotaciones de Núñez Morgado (decano del Cuerpo Diplomático de Madrid) en 1941.

Barcelona: creemos que la fuente más fidedigna es la señalada por el general Salas Larrazábal en 1977. En total, serían 10226 los asesinados en la provincia, pues la misma Causa General en 1945 señalaba la cifra de 6412 personas masacradas. No en vano, la Auditoría del Ejército de Ocupación indicaba en 1938 una matanza superior.

Asturias: 5353 serían las personas asesinadas, comprendiendo entre ellas unos tres mil soldados masacrados en las proximidades del frente. Fuente: Auditoría del Ejército de Ocupación.

Valencia: la Causa General indicaba al final de sus pesquisas 5015 las personas represaliadas, si bien, la Auditoría del Ejército de Ocupación y otras fuentes refieren una cantidad que supera los diez mil fallecidos.

Toledo: la Causa General testimonia 4935 asesinados, entre identificados y desaparecidos.

Málaga: 3406 serían las víctimas de la persecución izquierdista en esta provincia durante la contienda, según el historiador Antonio Nadal, que supera las cifras ofrecidas por la Auditoría del Ejército de Ocupación en 1938, una vez pacificado el territorio.

Jaén: la Causa General en el año 1945 cifraba los muertos provinciales en 2371. No obstante, el Obispado informó recién terminada la contienda de que en su territorio diocesano los asesinados ascendían seguramente a doce mil personas, entre religiosos y seglares.

Córdoba: entre 2234 y 3000 personas fallecidas, serían las personas sacrificadas en esta provincia, teniendo en cuenta el archivo de la Causa General y la contabilidad del obispado cordobés.

Ciudad Real: en 1938, el servicio de información del Ejército estimaba más de cuatro mil asesinados en la provincia y, en 1945, la Causa General relataba 2395 personas ejecutadas, siendo bastantes sometidas a atrocidades terribles. No obstante, las simas habidas en esta provincia y en la de Toledo, así como el gran número de muertos  referidos para los territorios de Córdoba y Jaén, nos hace pensar que la información militar pudiera ser la más exacta.

Cantabria: los fallecidos rondarán entre 1500 y 3000. De hecho, el Santuario Nacional de la Gran Promesa en Valladolid refiere 1529 asesinados y un informe policial recién liberada la provincia fijaba los asesinatos en más de 3000. No en vano, el comisario socialista Manuel Neila se jactaba de haber matado a 1400 disidentes.

Tarragona: 2706 serían las personas asesinadas en esta provincia catalana, según la estadística publicada por el periódico Diario Español el cinco de noviembre de 1939.

Castellón: el Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid fijaba el número de caídos de esta provincia en 4240, cantidad que debiera de coincidir con el número total de asesinados y ejecutados en dicha provincia levantina.

La persecución de la guerra en otras regiones

 Aragón: unas cinco mil personas fueron asesinadas con total seguridad en tierras aragonesas por las milicias izquierdistas. No en vano, la Causa General refiere en 1945 el siguiente martirologio: Teruel, 1911 muertos; Huesca, 1814; y Zaragoza, 1018, dejando constancia que las víctimas mortales tuvieron que ser más por hallarse el frente muy próximo y por el ensañamiento con que se procedió. Solamente en la ciudad de Barbastro fueron masacradas 800 personas.

Extremadura: alrededor de 1800 personas fueron asesinadas en esta región, correspondiendo 1603 a la provincia de Badajoz y unas 170, a la de Cáceres, tal como se desprende de la Causa General y otras fuentes complementarias. Como se deduce, fue un martirologio modesto, gracias a la rápida ocupación del territorio extremeño por las tropas rebeldes. No obstante, en esta región, las milicias socialistas cometieron barbaridades insólitas, como la masacre de una familia entera perpetrada en Granja de Torrehermosa, de la que consta documentación gráfica y documental

 Andalucía litoral y occidental: 2769 fueron los asesinatos cometidos por la izquierda, sobre todo, socialista en estos territorios del mediodía. Corresponde el número más grande en óbitos a las provincias más tardías en liberarse, como fueron Granada, con  1284 homicidios, y Almería, con solamente 719; pero, donde se llevaron a cabo barbaridades tremendas como las ejecuciones en los pozos de Tabernas o los exterminios del campo de trabajo de Turón. Ello no quiere decir que en los restantes territorios la represión fuera suave. En absoluto: tanto en las provincias de Huelva, con 117 asesinatos, Cádiz con 107 y Sevilla con 542 se cometieron enormes brutalidades contra la Iglesia, el patrimonio histórico-artístico y las personas, como fue el quemar vivos a los presos políticos de Arahal.

Levante meridional: durante la dominación frentepopulista en la provincia de Alicante, los muertos por ejecuciones irregulares y judiciales superan los 1177, en consonancia con los datos obrantes en la Causa General, pudiendo llegar fácilmente la mortalidad a las 1571 víctimas, magnitud que señala Salas Larrazábal en su monografía, no en vano en esta circunscripción se cometió algún crimen espantoso, interviniendo los servicios de información. Por su parte, en la provincia vecina de Murcia, los muertos por comunistas, socialistas y anarquistas suman 952 personas, a tenor de los datos consignados en el Santuario Nacional de la Gran Promesa, cometiéndose igualmente alguna brutalidad inconcebible por las turbas izquierdistas.

La Mancha: los asesinados y ejecutados en las provincias de Cuenca, Guadalajara y Albacete por el socialismo y sus cómplices se sitúan en unos 4100 individuos. De  hecho, los asesinados en el territorio conquense rondará los mil cien fallecido, habida cuenta que el estudio del general Salas Larrazábal recoge 1097 anotaciones en el Registro atribuible a la persecución republicana. Bien es cierto que la Causa General refiere poco más de setecientos homicidios en 1945, pero Cirac Estopañán, dos años más tarde, registraba 1147 sacrificados en todo el territorio episcopal de la ciudad encantada. Por su parte, en la provincia de Guadalajara, las víctimas mortales de la barbarie izquierdista serían 1695, en conformidad con el listado de represaliados anotados en el Santuario Nacional de la Gran Promesa. Por último, en la provincia de Albacete, la documentación de los ex-cautivos depositada en el Santuario Nacional de la Gran Promesa refiere 995 víctimas, a las que habría añadir, a mayores, los cientos de soldados de las Brigadas Internacionales depurados por el comunista André Marty, lo que coincidiría con los 1325 fallecidos, que el general Salas Larrazábal atribuía en 1977 al fanatismo del izquierdismo radical.

Cataluña septentrional: en la provincia de Gerona, las investigaciones efectuadas hasta 1945 por la Causa General señalaban 1622 asesinados o ejecutadas; y en lo que respecta a la provincia de Lérida, la cifra subía hasta los 1899 muertos.

Cornisa Cantábrica oriental; siguiendo al general Salas Larrazábal, estimamos que las represalias frentepopulistas y auxiliares contra el pueblo de Vizcaya generaron unos 1450 muertos durante toda la guerra, cantidad mayor a la manejada por la Auditoria del Ejército de Ocupación recién liberada la provincia. En cuanto a la provincia de Guipúzcoa, la Causa General refería en 1943 un número de asesinados en torno a 500.

Territorios en poder de los alzados

En estas zonas habría que distinguir, primeramente, aquellas provincias, donde el socialismo dominó durante meses en parte de tales jurisdicciones provinciales: caso de Ávila, con 433 víctimas (Martín Rubio); Álava, con 51 fallecidos (Causa General); Baleares, con 530 muertos; León, con 165 asesinados; Burgos, 65 represaliados  y Palencia, con 45, todo ello en concordancia con varias fuentes documentales.

En segundo lugar, hay que también referirse a aquellas provincias que, aunque fieles a los alzados, tuvieron caídos como consecuencia de actividades de insurgencia o rebeldía enemiga. La lista de bajas por provincia sería la que sigue: Navarra, dos asesinados; Rioja, cuatro; La Coruña, 35; Pontevedra, 30; Lugo, uno; Orense, tres; Soria, seis; Segovia, doce; Zamora, dos; Valladolid, cinco; Santa Cruz de Tenerife, uno y Las Palmas, otro muerto. Todo ello, en conformidad con diversas fuentes consultadas (prensa provincial, monografías, archivos, testimonios, etc.).

Las víctimas ocasionadas en África y América

En la Guinea española, los izquierdistas causaron cuatro muertos, por mor de actividades represivas; y en el Sáhara español, un fallecido. Por su parte, en la zona del Protectorado de Marruecos, un raid de la avión enemiga ocasionó quince muertos en la zona musulmana de Tetuán al inicio de las hostilidades, con ánimos de soliviantar a la población marroquí contra los militares españoles. En el continente americano, sería asesinado el falangista Enrique Ribes en la ciudad argentina de Mendoza el 20 de junio de 1937.

Las cifras totales de la persecución roja durante la lucha

Pues bien, la represión arroja unas cifras de seglares y religiosos muertos que rondan las cien mil almas sacrificadas (rango entre 95000 y 105000 víctimas), cantidad que supera las contabilidades hasta ahora tenidas en cuenta, exceptuando los estudios que Comín Colomer o el general Díaz de Villegas realizaron en su tiempo. Con todo, a las cantidades que muestro, ha de sumarse el número de soldados republicanos ejecutados y asesinados en el frente o en sus acuartelamientos respectivos, por antagonismos político-sociales, y que siguiendo las cifras manejadas por el libro del Ministerio de Justicia en 1943, La Dominación Roja en España, podría rondar incluso los 30000 represaliados. Estamos, pues, ante un martirologio que a priori oscilaría entre 100000 y 130000 ejecutados en toda la zona republicana; ya en cementerios, ya en las afueras de las poblaciones, ya en los frentes de batalla.  

A todo ello, habría que adicionar los asesinados por la guerrilla antifranquista desde la terminación de la guerra hasta los inicios de los años  cincuenta. Creemos que la cifra de muertos por esta causa asciende a unos 1130, masacrados mayormente en lugares apartados y montañosos de la Península. Tampoco faltó aquí la crueldad, incluso la eliminación de personajes fuera de nuestras fronteras, como el representante oficioso de España en Méjico, José Gallostra, asesinado en 1950.

La brutalidad de los “abisinios” y la destrucción de bienes

No solamente cuenta cuántos murieron, sino cómo murieron y por qué. Y parece que no existe parangón entre ambas represiones: en un lado -el de los rebeldes- se aplicaron las normas y directrices de la guerra, interpretadas por rudos y bizarros militares, por muy duras que aquéllas fueren (que nadie duda); pero, en el otro, se prescindió de cualquier tipo de criterio y reinó el salvajismo al por mayor. Por ello, en algunas provincias se  comenzó a denominar a los milicianos izquierdistas abisinios, motivado por su primitivismo en el modo de conducirse en la guerra. Se pueden comentar varios testimonios imparciales para corroborar lo expuesto, pero creo que lo más elocuente sería el reproducir algunos textos de la Carta colectiva del Episcopado española a los obispos del mundo entero, de fecha uno de mayo de 1937:

Fue cruelísima la revolución. Las formas de asesinato revistieron caracteres de barbarie horrenda. En su número: se calculan en número superior a 300.000 los seglares que han sucumbido asesinados, sólo por sus ideas políticas y especialmente religiosas; en Madrid, y en los tres primeros meses, fueron asesinados más de 22.000 personas. Apenas hay pueblo en que no se haya eliminado a los más destacados derechistas. Por la falta de forma: sin acusación, sin pruebas, las más de las veces sin juicio. Por los vejámenes a muchos se les han amputado los miembros o se les ha mutilado espantosamente antes de matarlos; se les han vaciado los ojos, cortado la lengua, abierto en canal, quemados o enterrados vivos, matados a hachazos. La crueldad máxima se ha ejercido con los ministros de Dios. Por respeto y caridad no queremos puntualizar más (…) La revolución fue inhumana. No se ha respetado el pudor de la mujer, ni aún la consagrada a Dios por sus votos. Se han profanado las tumbas y cementerios. En el famoso monasterio románico de Ripoll se han destruido los sepulcros, entre los que había el de Vilfredo el Velloso, conquistador de Cataluña, y el del obispo Morgades, restaurador del célebre cenobio. En Vich, se ha profanado la tumba del gran Balmes y leemos que se ha jugado al fútbol con el cráneo del gran obispo Torras y Bages (…) La revolución fue bárbara, en cuanto destruyó la obra de civilización de siglos. Destruyó millares de obras de arte, muchas de ellas de fama universal. Saqueó e incendió los archivos, imposibilitando la rebusca histórica y la prueba instrumental de los hechos de orden jurídico y social. Quedan centenares de telas pictóricas acuchilladas, de esculturas mutiladas, de maravillas arquitectónicas para siempre deshechas. Podemos decir que el caudal de arte, sobre todo religioso, acumulado en siglos, ha sido estúpidamente destrozado en unas semanas en las regiones dominadas por los comunistas. Hasta el Arcó de Bará, en Tarragona, obra romana que había visto veinte siglos, llevó la dinamita sus acción destructora. Las famosas colecciones de arte de la catedral de Toledo, del palacio de Liria, del Museo del Prado han sido torpemente expoliadas. Numerosas bibliotecas han desaparecido. Ninguna guerra, ninguna invasión bárbara, ninguna conmoción social, en ningún siglo, ha causado en España ruina semejante a la actual (…)

Toda esta destrucción fue acompañada con un despojo gigantesco de dinero, alhajas y metales preciosos, de naturaleza privada y pública. Se desvalijaron las cuentas corrientes y depósitos de numerosas entidades bancarias, comenzando  por el Banco de España, que perdió  sus grandes reservas de oro, enviadas clandestinamente a la URSS (un estado que acababa de establecer relaciones diplomáticas con la España frente populista…);  se confiscaron irregularmente infinidad de propiedades urbanas y agrarias; se incautaron cientos de empresas y sociedades mercantiles; se robó a mansalva por medio de los milicianos y policías que practicaban registros y detenciones… De todo ello nunca se ha respondido en la época democrática actual. Lamentablemente.

la responsabilidad del socialismo

La culpa de todas estas masacres y desastres no descansa en las espaldas de los comunistas y anarquistas. En absoluto, bien cierto que el socialismo se había ursificado, en frase del caballerista Luis Araquistain, o comunizado, tal como lo definió el malogrado Calvo Sotelo en las Cortes antes de ser aniquilado, precisamente, por un comando socialista que irrumpió en su domicilio a altas horas de la madrugada. Y es que la represión, en la zona izquierdista, fue dirigida por los partidos y sindicatos del Frente Popular, tanto la persecución judicial como la extrajudicial, lo que confirma por ende la participación socialista en tales actividades. No en vano, en las checas, en los comités locales, en los tribunales populares, etc. habitualmente aparecen tres miembros en representación del socialismo: por el partido, por el sindicato y por las juventudes. En consecuencia, no hay duda de la gran responsabilidad de aquél en la organización y dirección de masacres y latrocinios, hasta el punto que en las grandes barbaridades de la zona roja casi siempre hacen acto de presencia un órgano socialista, un sindicalista de la UGT o un comando fanático de jóvenes socialistas: casos de Santander (Neila); Paracuellos del Jarama (Serrano Poncela); sacas de la Cárcel Modelo (Nelken); Milicias de Investigación de García Atadell; Ministerio de la Gobernación de Ángel Galarza; ejecuciones de Tabernas y Turón; dirección del SIM; o, mismamente, saqueos y traslados de reservas de oro, alhajas y metálico al extranjero (Prieto, Negrín, verbigracia).

Con estos antecedentes tan oscuros y sangrientos, el PSOE quiere convertirse en un ente justiciero por las actividades represivas de la guerra y posguerra, persiguiendo hasta con el Código Penal la “apología” del franquismo y omitiendo, cínicamente, los miles de delitos y homicidios perpetrados en aquel periodo histórico por los socialistas de entonces. Con ello pierde toda legitimidad moral para rehabilitar los hipotéticos perjudicados por la represión franquista, y en ningún caso pretendemos ningunear persecución alguna sino impedir que a su socaire se establezca en España una tiranía de nuevo cuño. Ni siquiera se trata de una especie de “despotismo iletrado”, como poseen no pocos dirigentes políticos, sino de una satrapía moderna en toda regla, que tiene sus orígenes en determinadas medidas de control social ya puestas en práctica en Iberoamérica. Pues bien, fijándonos en países de gran tradición democrática como Reino Unido, Francia o EE.UU., observamos cómo las guerras civiles que asolaron dichos países a partir del siglo XVII no implicaron con los años la persecución de los vencedores en tales conflictos internos, ni siquiera se ha pedido el desenterramiento de los restos de los generales Grant o De Gaulle; ni mucho menos se ha prohibido por la ley penal el ensalzamiento de dichas figuras históricas con efecto retroactivo. Tampoco se han destruido monumentos, por muy pequeños y toscos que fueran, en recuerdo de los caídos de las distintas acciones bélicas. Y que no nos vengan con el señuelo del fascismo, cuando los socialistas colaboraron con la dictadura de Primo de Rivera, lo más parecido al fascismo que ha habido en España o al menos la primera manifestación institucional de parafascismo o imagofascismo.

En fin, que la entrada en vigor de esta legislación desorbitada y abusiva va a suponer la extinción de la democracia en nuestro país; y no sólo será responsabilidad del socialismo sino de todos aquellos que hayan colaborado con esta aberración legislativa. No en vano, con esta nueva normativa nuestro pueblo terminará convirtiéndose en un temeroso rebaño pastoreado por zagales sin escrúpulos y vigilado por jaurías de canes.