El día 20 de abril publiqué en El Periódico de Aragón un artículo titulado “no al aprobado general encubierto”. En el mismo ofrecía argumentos en contra de la peligrosa decisión que iba a tomar el gobierno para dar por terminado este año escolar, y defendía la necesidad de abrir los colegios a partir del lunes 11 de mayo, cumpliendo unas determinadas condiciones sanitarias. Debo confesar que no esperaba ser escuchado, pero al menos tenía la esperanza de que ese fuera el último disparate de la actual ministra de educación en este año escolar. Sin embargo, las declaraciones que la señora Celaá ha hecho recientemente al diario 20 minutos y al Heraldo de Aragón en relación a la apertura de los colegios el próximo año escolar, denotan que a esta persona no le importa nada el bienestar de los niños españoles y que no está dispuesta a aumentar en un solo euro el presupuesto español dedicado a educación.

Por si algún lector no conoce esas declaraciones, a continuación se las resumo. La ministra tuvo la ocurrencia de afirmar que el próximo año escolar, si todavía no se ha inventado una vacuna contra el coronavirus, la mitad de los niños tendrán clases presenciales y la otra mitad continuará en el modelo de enseñanza a distancia. No hay que ser expertos en Psicología o en Pedagogía para saber que la continuación de los niños y jóvenes confinados en los domicilios particulares daría lugar a muy serios problemas mentales y de personalidad. Tampoco hay que ser expertos en Sociología para darse cuenta de que esa diferencia de tratamiento entre unos y otros escolares causaría una desigualdad social intolerable, sean cuales fueren los criterios para asignar a cada alumno una u otra modalidad de escolarización.

Al haber sido esta increíble alternativa una simple ocurrencia, la ministra no explicó en la entrevista cuáles serían los criterios para asignar a unos niños y jóvenes la enseñanza presencial y a otros la enseñanza a distancia. Obviamente, el catálogo de criterios podría llegar hasta el infinito. Sin embargo, no creo que merezca la pena perder más tiempo y espacio a reflexionar sobre cada uno de ellos porque todos conducen a empeorar la calidad de nuestro sistema educativo y porque todos son perversos para el bienestar físico y psicológico de los afectados.

Según la ministra, esa alternativa está motivada por la necesidad de tomar medidas para evitar la propagación del virus entre la población escolar, tanto en el alumnado como en el profesorado, lo cual conlleva la necesidad de que el número de alumnos por aula se sitúe entre diez y quince para poder respetar eso que llaman “la distancia social”. Es decir, parece lógica y razonable esa disminución del número de alumnos por aula. Lo que no tiene ninguna justificación lógica es que la solución sea la que ha propuesto la ministra y, mucho menos, que se haya olvidado de garantizar que el alumnado y el profesorado dispondrán, desde el primer día del nuevo curso escolar, de los consabidos equipos de protección individual para evitar que les suceda lo mismo que les ha ocurrido a los sanitarios: miles de contagios y centenares de fallecidos.

Yo no soy experto en Psicología Social y, por tanto, no me atrevo a pronosticar cómo va a ser el estilo de vida de la humanidad cuando haya desaparecido esta terrible pandemia. Pero suponiendo que sea necesario modificar nuestros hábitos, costumbres y el modos de trabajar, tal y como aseguran muchos futurólogos, a lo mejor podría ser bueno y necesario cambiar radicalmente el modelo de la enseñanza tradicional. Ahora bien, aun admitiendo la necesidad de ese radical cambio del paradigma de la educación escolar, sería necesario crear distintas comisiones, integradas por expertos y por padres y madres, quienes después de realizar múltiples estudios y de preguntar a la mayoría de la población (incluyendo a los propios estudiantes), elaboraran un libro blanco sobre el tema, el cual tendría que servir de base para las posteriores discusiones parlamentarias. En cualquier caso, el nuevo modelo jamás podría ponerse en marcha al inicio del próximo año escolar y mucho menos puede ser impuesto por el gobierno de forma unilateral (en el caso que nos ocupa, solo por una ministra).

La preocupación por encontrar un modelo de escolarización alternativo al clásico, mucho más acorde con las demandas y exigencias de la sociedad actual, no es nueva. Autores como Reimer (1973), Goodman (1973), o Ivan Illich (1974 y 1975) publicaron varios ensayos sobre dicho tema, los cuales, a pesar de su coherencia argumental y de su fundamentación sociopedagógica, no se han llevado a la práctica en ningún país. Yo mismo, hace varios años, propuse un nuevo modelo de escolarización obligatoria para el siglo XXI (2007, editorial La Muralla), denominado “escuela virtual e interactiva”, que es una especie de síntesis entre la escolarización tradicional, basada exclusivamente en la enseñanza presencial, y la enseñanza a distancia, basada en el funcionamiento de redes sociales de apoyo a la enseñanza. Es decir, si es verdad que el gobierno actual está pensando en aprobar un nuevo modelo de escolarización, debería comenzar por leer previamente lo mucho que hay publicado sobre el tema y a continuación proponer al parlamento la elección democrática de una amplia comisión de expertos y de actores sociales para que estudien el problema de manera pausada.

Ahora bien, si a la ministra lo único que le preocupa es resolver el problema de los posibles contagios que puedan producirse al inicio del nuevo año escolar, tiene una solución tan rápida y simple como la que ella ha propuesto, pero mucho más eficiente y, desde luego, mucho menos perversa. Lo único que tendría que hacer es aprobar una ampliación presupuestaria excepcional para educación, contratar temporalmente a un número de profesores semejante al actual y construir durante los meses del verano módulos escolares provisionales para poder llevar a cabo la reducción del número de alumnos por aula (esos módulos los vienen empleando desde hace muchos años las consejerías de educación). Y, por supuesto, testar masivamente al alumnado y al profesorado, adquiriendo al mismo tiempo los equipos de protección individuales necesarios. De este modo, todos los niños, niñas y jóvenes podrían recibir la enseñanza de forma presencial, sin miedo al contagio y sin ningún tipo de discriminación social.

Santiago Molina García es catedrático jubilado de Pedagogía, Universidad de Zaragoza