El contrato de seguro, regulado con carácter general en la Ley 50/1980, se puede definir como aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Esta figura contractual tiene una especial vinculación con la responsabilidad civil, en la medida en que garantiza que aquel que ha sufrido un daño pueda recibir una indemnización de un sujeto que se ha obligado a ello por un acuerdo anterior al hecho lesivo.

 

Son habituales los fraudes ejecutados con la intención de producir en la entidad aseguradora un error sobre daños y perjuicios existentes para que los beneficiarios según el contrato puedan recibir la cantidad de dinero que se establezca. La razón es sencilla, ya que resulta un negocio rentable para bastantes personas que consideran que pueden aprovecharse de fallos de control del sujeto asegurador con el que tienen una relación contractual de abono de dinero por menoscabos patrimoniales.

 

Se ha podido saber, según El Confidencial, que en un municipio de la Región de Murcia, dos vecinos, organizaron una red que presuntamente simulaba accidentes de tráfico con todo aquel que deseara ganar dinero engañando a su entidad aseguradora. Participaban en el entramado, además de los sujetos ya indicados, un abogado, un médico y numerosas personas que se fueron introduciendo en la actividad.

Hay muchas organizaciones que buscan, de un modo directo, estafar a las personas aseguradoras. El caso del municipio murciano es curioso por la inexistencia de una entidad propiamente especializada.

 

Toda profesión tiene sus riesgos. En el caso de las entidades aseguradoras, el riesgo está vinculado con la posibilidad de producción de daños que, realmente, no existen o, existiendo, no se encuentran en la cobertura del contrato.

 

Resulta esencial los sujetos que realizan el abono de dinero por daños que puedan tener un sistema de organización que pueda utilizarse con la finalidad de evitar fraudes y su corregir los que se hayan producido mediante investigaciones desarrolladas por detectives. Además, sería idóneo que se cambiara la mentalidad cultural de los ciudadanos para que ejerciten sus derechos con buena fe y sin aprovecharse de contratos que tiene un objetivo distinto de aquel que, en un primer momento, parece que les conviene.

 

La picaresca es un elemento que afecta al comportamiento de los sujetos que son beneficiarios por contratos de seguro. Además, también se puede indica que, en bastantes ocasiones, la entidad aseguradora también intenta emplear la picaresca para no pagar la cantidad de dinero que corresponde.

 

Lo ocurrido en el municipio de la Región de Murcia al que se ha hecho referencia se ha producido en ese lugar. Sin embargo, podría haberse desarrollado, de la misma manera, en cualquier otro municipio de España en el que hubiera personas con iniciativa para obtener, ilegalmente, dinero de personas dedicadas al aseguramiento.