El Correo de España inicia un cuestionario a diferentes personalidades de la vida política y social española con motivo de la concentración de protesta contra Ley de Memoria Democrática frente al Congreso de los Diputados el próximo día 14 de julio

Entrevistamos a Rafael Nieto, doctor en periodismo.

¿Cómo valora la concentración de protesta contra la Ley de Memoria Democrática frente al Congreso de los Diputados del 14 de julio?

Aunque en general le tengo poca fe a las concentraciones y manifestaciones (la gran mayoría de ellas no sirven absolutamente para nada, aunque sus participantes vuelvan a casa muy contentos y satisfechos), pienso que en este caso es muy acertado el lugar elegido para el acto. Tampoco servirá para nada práctico (es decir, la ley saldrá adelante, desgraciadamente), pero al menos los legisladores podrán sentir de cerca la presión de una parte de la sociedad que no se calla, que no traga ni acepta la indignidad de la mayoría de la Cámara.

No obstante coincide con el Pleno Extraordinario en el que, inicuamente, se aprobará la ley, toda vez que socialistas y comunistas cuentan con el apoyo de Bildu y otras fuerzas secesionistas con representación parlamentaria.

Sí, como digo, si nada extraño ocurre, la ley verá la luz, porque este "Ejecutivo Frankenstein" tiene la mayoría suficiente para poderlo hacer. Es muy revelador de la situación política por la que atraviesa España el hecho de que sean los enemigos tradicionales de la nación española los que legislen a golpe de decreto, con un rodillo antiespañol que repugna la conciencia democrática y patriota más elemental.

"Resulta muy significativo -concluyen los convocantes- que vaya a salir adelante dicha ley gracias al apoyo de la marca electoral de la banda terrorista ETA -en referencia a Bildu- y que vaya a ser ETA la que determine el relato histórico oficial".

En efecto, quizá sea éste el peor y más dramático episodio legislativo y parlamentario de los últimos cuarenta años (y no es poco decir, porque ha habido muchos y muy malos para España). Que ETA legisle, que ETA gobierne, que ETA mande al pueblo español es más que terrible, es insoportable en términos de dignidad como pueblo. Una nación donde los peores criminales (terroristas separatistas) no solamente no están entre rejas, sino que colaboran en la acción del Gobierno y hacen leyes inicuas que sólo les benefician a ellos, es una nación en evidente trance de desaparición.

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Tanto es así que han dado en llamar a la nueva ley "Ley de Memoria Batasuna".

En realidad, tampoco es así porque ni siquiera hará una auténtica "memoria" de los batasunos (entendida como la verdad de las formaciones proetarras). Más bien es una simple propaganda favorable a ETA pero pagada por las víctimas del terror (que somos todos los españoles) y promovida por el Ejecutivo, mientras hunde la economía nacional.

Los convocantes entienden que la Ley de Memoria Democrática viene a endurecer la vigente Ley de Memoria Histórica. ¿Qué consecuencias prácticas considera que va a tener?

Ya la ley de Zapatero era bastante rígida y totalitaria, porque partía del error de concepto de que los políticos pueden decidir cuál es la verdad histórica (algo que es falso). Después llegó la primera reforma de Sánchez e Iglesias, que abundaba en el mismo error pero ya asumiendo unas dosis de manipulación y cinismo político asombrosos. Esta tercera ley me atrevo a calificarla como totalitaria, y tendrá por tanto las consecuencias de todas las leyes totalitarias de raíz marxista: persecución de la disidencia, juicio y encarcelamiento de los "rebeldes" (aquí estamos unos cuantos), y ya veremos si se atreven a ir más allá incluso. Sus referentes ideológicos son Largo Caballero, Santiago Carrillo y Fidel Castro...No digo más.

¿Por qué supone un gran atentado contra los derechos y las libertades fundamentales de los españoles como son el derecho de asociación, la libertad de cátedra, la libertad religiosa, la libertad de imprenta, la libertad de expresión y difusión de ideas, etc. ?

Como le decía antes, la Historia es trabajo de los historiadores y, en menor medida, de los profesores, investigadores y doctores en Humanidades, escritores, periodistas, etc. Pero un Gobierno no puede decidir por decreto cuál es la verdad histórica, y luego perseguir y encarcelar a los discrepantes. Es puro totalitarismo. Es discutible que un Gobierno tenga derecho a "reparar" un daño del pasado cometido supuestamente contra un colectivo. Lo que de ninguna manera puede hacer es escribir la Historia bajo un prisma ideológico concreto (el marxismo), señalar a los malos y a los buenos del pasado, y a continuación imponer una censura salvaje contra aquellos que no podemos compartir esa visión sesgada y manipuladora del pasado. Es un dislate, es un crimen, y es propio de legisladores ilegítimos.