La Academia de la Llingua Asturiana o La Academia Aragonesa de la Lengua, serían un chiste si no fuese porque la factura la pagamos entre todos los españolitos. Todos estos dialectos, ni enriquecen ni empobrecen la cultura española. Carecen de utilidad comunicativa y, dada su producción literaria y científica, no pasan de ser una mera anécdota, un residuo de la evolución lingüística de los dialectos del latín, con escasos hablantes locales en zonas geográficamente aisladas que, en un país sensato, no darían para más que una cátedra y la atención de unos pocos estudiosos y folcloristas. 

Convertir estas variedades dialectales en lengua oficiales es un despropósito que sólo puede entenderse al trasluz de la deriva separatista en que ha entrado España. Una babelización que supone una involución histórica que sirve a la intención política de acabar con España como nación, para convertirla en una confederación de mininaciones, conforme a la división geográfica medieval que se ha instalado en ese imaginario nacionalista respaldado por la izquierda que se dice española.  Una oficialidad que supondrá, no solo un desembolso económico, que en estos momentos resulta criminal,  para implantar artificialmente unas lenguas con apenas usuarios, también traerá obligaciones y coacciones normativas para los hispanohablantes, que, como viene sucediendo en toda Autonomía con lengua cooficial,  acabarán por no poder estudiar en español y verán como paulatinamente toda comunicación, cartelería y ayuda proveniente de las administraciones públicas va excluyendo la lengua mayoritaria y común de todos.

Por supuesto que no esperamos nada del Tribunal Constitucional, un tribunal político que en España opera como una cámara legislativa negativa. Mucho ha llovido desde la  STC 82/1986 de 26 de junio, que frenaba las pretensiones del nacionalismo vasco de equiparar la lengua regional con la lengua nacional, al afirmar que solo respecto del castellano cabe “predicar, junto al derecho a usarlo, el deber de conocerlo, lo que se fundamenta en la singularidad de este idioma como común a todos los españoles y lengua oficial del Estado”, para seguir explicando que por mucho que una norma autonómica proclame como propia la lengua vasca, no impide que pueda calificarse también así al castellano. La doctrina del Constitucional ha evolucionado para acomodarse a los dictados de los nacionalistas, refrendados siempre por la izquierda y tolerados por la derecha. Es decir, que de reconocer el derecho  de los hablantes de las lenguas locales minoritarias a usarlas y estudiarlas, con una generosidad que no se encuentra en otro país del mundo, hemos pasado a la obligación de los hablantes de la lengua común a aprender y usar esas lenguas locales y a refrendar las trabas para el empleó del español. Curiosa interpretación del art. 3 de la CE. Curiosa es también la última sentencia del Constitucional, que avala el acuerdo de la Junta General del Principado de Asturias, que modificó su reglamento el pasado julio para dar la posibilidad a todos los comparecientes en la Cámara, y no solo a los diputados, de utilizar el asturiano en sus intervenciones en el parlamento. VOX recurrió, sin éxito. Es decir, el bable reconvertido en asturiano no es una lengua oficial, pero sin esperar a que se modifique el Estatuto, los magistrados nombrados por los partidos ya dan por bueno su uso ante instancias oficiales. Ya saben, riqueza cultural, diversidad y todos esos cuentos chinos que usan para justificar lo injustificable. La oficialidad del bable o el aragonés no va a enriquecer culturalmente absolutamente a nadie, salvo económicamente a los que se instalen en los chiringuitos que se crearan al calor del disparate. Y en cuanto a la diversidad, tiene guasa la cosa, que los mismos que aplauden con pies y manos la uniformidad de la globalización llamen diversidad a lo que no es más que división.  No se trata de cultura ni de diversidad, se trata de seguir apedreando la unidad nacional.