"Who whatch the whatchmen?" ("¿Quién vigila a los vigilantes?"), era la pregunta que planteaban unos manifestantes furiosos en la ucronía de Alan Moore llevada al cine, concretamente en la introducción de la película: un grupo de personas había asumido por su cuenta y riesgo la lucha contra la delincuencia al margen del Estado y, a pesar de los efectos positivos que eso había conllevado, la preocupación por que hubiera individuos operando al margen de la ley era evidente y no todos estaban por la labor de consentirlo. Ciertamente, no hay mayor síntoma de la debilidad de un Estado que su incapacidad para controlar a la población y que ésta, incluso, asuma las tareas que corresponden al poder público; no obstante, no necesitamos ir al cine o a la teoría de la ciencia política para comprenderlo, basta con leer las noticias sobre las no-go zones existentes en varios países europeos, especialmente en la vecina Francia, si bien en España también contamos con lugares donde el Estado ni está ni se le espera.

 

La España gobernada por la coalición progre no cuenta con ningún Doctor Manhattan que ponga en tensión a los demás países del globo, sobre todo a las grandes potencias; al contrario, los herederos de Felipe González y Santiago Carrillo están entusiasmados por ejercer de anfitriones en la cumbre de la OTAN, donde podrán rendir pleitesía y sumar puntos de buenos lacayos frente a sus superiores jerárquicos. Otra cuestión es cuánta confianza real tengan depositada los mandatarios estadounidenses en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuyos miembros cada día tienen que cruzar más líneas rojas en lo que a escalada verbal se refiere para mantener en activo y motivados a sus seguidores. Ahí está, por ejemplo, el maniqueismo utilizado durante la campaña electoral andaluza, prácticamente anunciando el Armagedón si la izquierda progre no recupera el control de la Junta de Andalucía.

 

En medio de este esperpento publican de tapadillo en el Boletín Oficial del Estado la creación de un Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional. Que nadie espere en estas líneas llamadas libertarias contra un Estado maligno per se; al contrario, el Estado debe poder intervenir del modo más completo y eficaz en defensa del bien común, cosa que nunca realizó durante la peor etapa de nuestra Historia reciente. Otra cuestión es qué credibilidad puede tener dicho organismo contra la desinformación cuando está en manos de quienes ignoraron los avisos de Seguridad Nacional respecto a la amenaza coronavírica en beneficio del aquelarre feminista, anunciaron en el verano de 2020 que el virus ya había sido vencido y, en vísperas de 2021, aseguraron que con las vacunas ya estaba todo solucionado; los mismos que cambiaron de versión diariamente con la polémica de Delcy Rodríguez o que de la noche a la mañana han cambiado la postura institucional sobre el Sáhara Occidental tras un escándalo de espionaje que salpica al mismísimo presidente del Gobierno y su esposa. Es evidente que dicho foro va a tener la misma credibilidad que las agencias verificadoras que denuncian como falsas las noticias que atribuyen delitos a inmigrantes sólo porque a efectos administrativos figuran como españoles, es decir, ofrecerá la versión que interese a las élites y al discurso políticamente correcto de turno. Hay motivos sobrados, entonces, para hacerse y plantear públicamente la siguiente pregunta: ¿Quién verifica a los verificadores?