Señores, amigos, si pena produce la situación económica y social del país, más pena da ver lo que está pasando con la Justicia española. Lo de ayer en la inauguración del año judicial, con el Rey presente, es para echarse a llorar porque llanto y crujir de dientes produce el ver a los Jueces y a los Políticos discutiendo y peleándose por el nombramiento de los miembros de los dos Tribunales (el Supremo y el Constitucional) que son los que sostienen el Estado de Derecho.

El pueblo español no lo entiende. No entiende que los Jueces sean nombrados por los mismos que van a ser juzgados… y lo mejor que podría haber hecho ayer, ante el Rey, don Carlos Lesmes, el Presidente actual del CGPJ, es presentar su dimisión y provocar una situación de urgencia del Estado.

España no puede seguir sin Justicia y con los Jueces clasificados como “demócratas de Izquierdas” o “conservadores de Derechas” y mucho menos que tanto unos como otros tengan una dependencia de origen del PP o del PSOE e incluso como ahora se pretende de Podemos, ERC, PCE y PNV…

Pero, como todo esto ya lo vengo escribiendo desde hace unos meses, con motivo del escándalo judicial de los ERE de Andalucía, me complace reproducir uno de los artículos que le dediqué a doña Mercedes Alaya, la Jueza de Sevilla que supo enfrentarse a la corrupta maquinación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y mantenerse firme ante una feroz persecución política.

 

La conferencia CENSURADA de la juez Alaya: así controlan los políticos la Justicia en España

Sobre uno de los pilares básicos que se sustenta toda democracia y nuestro Estado de derecho: la separación de poderes y la independencia judicial. Mercedes Alaya, más conocida como la jueza Alaya, famosa por el mediatizado caso de los ERE de Andalucía o el caso Mercasevilla, ha denunciado públicamente en una conferencia la progresiva politización de la justicia que vive nuestro país.

Aunque es un asunto conocido por gran parte de la sociedad, Alaya ha querido volver a poner el foco en esta gravísima situación, que nos aboca irremediablemente hacia un peligroso callejón sin salida. Sin independencia judicial y con la prensa regada y amordazada por el mantra de las subvenciones de dinero público, los tentáculos de nuestra partidocracia controlan ya todas las esferas de poder.

En una conferencia ofrecida este mes de junio en el Ateneo de Madrid, junto con Jesús Villegas, magistrado y autor del libro 'El poder amordazado', la dama de hierro de la justicia española, ha hablado claro y sin censura, y ha hecho unas explosivas declaraciones que han pasado, voluntariamente o no, prácticamente desapercibidas por los grandes medios de comunicación nacionales.

"El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un miniparlamento, allí los partidos se reparten los nombramientos de los vocales", denunció directamente la juez Alaya.

"El poder político se extiende a las más altas esferas del poder judicial. Los vocales son nombrados por su ductilidad", aseguró sin tapujos. La importancia de que los miembros del CGPJ sean elegidos por los políticos repercute en todas las capas de la judicatura.

"Del CGPJ emanan muchos nombramientos discrecionales: presidente del Tribunal Supremo, vicepresidente del Tribunal Supremo, presidente de sala, los magistrados que componen la sala del Tribunal Supremo. A su vez, los presidentes de los tribunales superiores de justicia que nombran a los instructores para investigar los casos de corrupción. Además del presidente de la Audiencia Nacional y todos los presidentes de las audiencias provinciales, todos esos cargos son designados políticamente".

Una acusación que pone los pelos de punta.

Pero, para Mercedes Alaya, hay incluso todavía otro problema mucho más grave: se trata de la falta de independencia económica del poder judicial. "La independencia presupuestaria la tiene el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. ¿Cómo es posible el Poder Judicial, que constituye uno de los pilares de la democracia, no tenga autonomía financiera?".

Al no tener esta independencia, supone que los representantes de los jueces "tienen que estar al calor de los partidos políticos, limosneando fondos". Como los responsables de los medios de comunicación, pero en versión judicial. Al final, siempre manda el que tiene la llave de la caja,

"El poder político quiere que sigamos siendo unos títeres porque el dinero les pertenece a ellos", afirmó de manera rotunda Alaya. "El último gran problema es el Ministerio Fiscal, no lo digo por los fiscales, sino por la constitución que establece que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Gobierno. Esta es quizá la mayor injerencia dentro de los procedimientos judiciales. Es algo muy grave, sobre todo, cuando se tratan delitos contra la administración o contra la corrupción". (“Mediterráneo Digital”)