Hace unos años Alfonso Guerra reveló que el presidente del Tribunal Constitucional le advirtió que la Ley Integral contra la violencia de género del año 2004 carecía de encaje legal, y que seguramente sería derogada, pero fue tan grande la presión política sobre los magistrados del Tribunal que finalmente la dejaron pasar. 

El único argumento de sus defensores es que los hombres merecen una pena más alta porque, dentro de la pareja, la mayoría de agresores son hombres y las víctimas mujeres. Este argumento es contrario al artículo 14 de la Constitución Española, que dice: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". 

Tras la publicación de esta Ley el número de denuncias se duplicó desde 2004, con una media actual de 129.000 al año, pero el volumen de condenas permanece estable, con unas 30.000 al año. Es decir: casi el 80% de las denuncias acaban con una sentencia absolutoria o archivada.

 La gran mayoría de las denuncias ni siquiera llegan a juicio, porque son denuncias falsas, y el hecho de que las denuncias falsas no estén perseguidas por los jueces propicia y estimula que se sigan presentando.

¿A quién le conviene que se aplique una ley tan poco eficaz? Resulta que Europa destina 22.000 millones de euros al año a la protección de la mujer en España. De ese dinero solo llega a las víctimas de violencia un 3%. Mucha gente piensa que el 97% restante se queda en los chiringuitos, pero la realidad es mucho peor: En 2011 se reformó el artículo 135 de la Constitución relacionado con el ajuste de las cuentas públicas, y para sanear las cuentas de autonomías y ayuntamientos era necesario recortar gastos, por lo que se usó la Ley de violencia de género para activar nuevas fuentes de financiación, ya que para este propósito Europa no tenía problemas en soltar dinero y en permitir un endeudamiento mayor. De esta forma autonomías y ayuntamientos recibieron fondos europeos proporcionales al número de denuncias que tuvieran por violencia contra la mujer. 

La Junta de Andalucía recibió entre 2014 y 2016, por este concepto, una cantidad equivalente a más de dos tercios de los presupuestos autonómicos de cualquiera de esos tres años.  

La realidad es que el feminismo de izquierdas no solo se ha apropiado del concepto, sino del dinero que deberían recibir las víctimas, con la colaboración de ayuntamientos y comunidades autónomas de cualquier signo político. 

Hay varias reflexiones a hacer con esta ley: la primera es que ofrece una respuesta penal a un conflicto social, y por tanto es una ley que no modifica las estructuras sociales que engendran la violencia, solo penaliza al hombre y toma una serie de medidas dirigidas a las mujeres sin ser capaz de resolver la necesidad de recibir ayuda para rehacer su vida fuera de la pareja. Otra reflexión es que una denuncia, aun cuando esta no aporte prueba alguna, sea suficiente para iniciar un proceso contra el hombre que normalmente obliga a este a abandonar su hogar y la mayoría de las veces a visitar el calabozo, aunque se compruebe posteriormente que se trata de una denuncia falsa. Una tercera es la adscripción casi total de la mujer como víctima aplicando la discriminación positiva en la tutela judicial.   

En resumen, esta Ley es claramente contraria al artículo 14 de la Constitución Española. No ha servido para atajar el problema de la violencia dentro del hogar y solo se ha promocionado por los chiringuitos feministas, por los ayuntamientos y por las comunidades autónomas en una especie de “todos ganan”: unos para vivir de ese chollo y otros para sanear las cuentas municipales y autonómicas y así poder seguir gastando a manos llenas el dinero de todos y a las mujeres que de verdad necesitan esa ayuda apenas les llega un 3% de todo ese dineral. 

Como bien dijo el presidente del Tribunal Constitucional en 2004 , esta ley no tiene encaje legal, pero habría que añadir que tampoco tiene encaje moral.