El contenido económico de muchas conductas políticas puede llegar a ser bastante contundente. Es lo que sucede en el caso de la concesión por parte del Gobierno estatal de los FLA, que son los Fondos de Liquidez Autonómica, que deben entregarse a los dirigentes de las Comunidades Autónomas, cuya transferencia parecía lejana para Cataluña hace algunos meses hasta que Cristóbal Montoro decidió anunciar el pago de los 3000 millones al Gobierno catalán. Esta noticia produjo bastantes reacciones.

Antes de que se conociera el mensaje emitido por el ministro, Andreu Mas-Colell indicó que el Gobierno catalán iba a interponer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo, ya que se consideraba que las condiciones impuestas por Mariano Rajoy para su cobro constituían una decisión “arbitraria, discriminatoria e inadmisible”. Por lo tanto, los dirigentes catalanes han protestado porque no se les trata igual a ellos que a los demás dirigentes autonómicos.

Es cierto que todos los españoles deben ser iguales. El artículo 14 de la Constitución dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y el artículo 139.1 de la misma norma establece que “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”. Además, el artículo 138 de la norma superior del ordenamiento jurídico español señala que “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular” y que “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.

Resulta peculiar que los dirigentes que controlan Cataluña hayan afirmado que estaban dispuestos a recurrir al Tribunal Supremo por la discriminación sufrida en relación con otras Comunidades Autónomas a las que se les impusieron condiciones más favorables. Debe tenerse presente que “El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”, según el artículo 123.1 de la Constitución. Los defensores del independentismo catalán están reconociendo, ahora, la potestad de un órgano al que, teóricamente, no deberían darle importancia, y este hecho indica una contundente falta de coherencia ideológica.

Los miembros del Gobierno catalán se quieren amparar, en el presente momento, en las mismas normas que han estado intentado vulnerar, simplemente porque la aplicación de las mismas les conviene. Parece que se desea la independencia para conseguir más dinero, pero no se quiere hablar de ella cuando no sirve para lograr una mayor financiación.