El historiador no puede ser unilateral, no puede negar a priori las “razones” de una parte y hacer suyas las de otra. Puede impugnarlas, pero no antes de haberlas comprendido y evaluado”. La reflexión que pertenece a Renzo De Felice, uno de los historiadores más importantes y prestigiosos del siglo XX, nos puede servir como una advertencia acerca del peligro de confundir la Historia con la mezquinad de la política.

En España, el Consejo Fiscal ha aprobado un informe favorable a la Ley de Memoria Democrática gracias al voto determinante de la fiscal general del Estado. La norma aprobada en el Consejo de Ministros e impulsada por la vicepresidenta primera del Gobierno, consta de “un texto con 66 artículos que se agrupan en 5 títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, según puede leerse en el mismo.

En su Título preliminar, objetivo y finalidad, manifiesta que “El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura”.

Según vemos, para los hechos históricos acontecidos en el período comprendido entre la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, y el Alzamiento Nacional del 18 de julio, no rige memoria alguna sino el olvido histórico. Suele suceder cuando la política, la ideología y la pretensión totalitaria de la imposición del pensamiento único, pretende reemplazar a la ciencia de Heródoto.

Entre otros asuntos, la ley contempla “el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos”; la adquisición de la nacionalidad española de los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales; la retirada de los símbolos y elementos públicos contrarios a la Memoria Democrática;  la revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios, que hayan sido concedidos o supongan la “exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura”; la actualización de contenidos curriculares para ESO y Bachillerato; la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y de “fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista”; y “la incorporación de un régimen sancionador regulador de las infracciones y sanciones que establece multas que van desde los 200 euros para las infracciones más leves hasta los 150.000 euros para las muy graves  “en garantía del cumplimiento de los preceptos de la ley”.

En definitiva, el Estado -por ley- determina la legalidad o no de ciertos hechos de la Historia y su estudio, comprensión y evaluación, hasta ahora competencia de los historiadores y no de los políticos.

El historiador Stanley Payne afirmó en un artículo traducido recientemente al español y publicado en El Manifiesto que “De prosperar la “Ley de Memoria Histórica y Democrática”, presentada por el gobierno socialista de España, se culminaría el esfuerzo de veinte años por parte de la izquierda española para limitar la libertad de expresión y remodelar la vida civil. (…) La ley de Memoria Histórica y Democrática es el proyecto más dramático, arbitrario y punitivo respecto al debate histórico que aparece en el mundo Occidental. Así y todo, refleja una actitud muy propia de la izquierda, que cada vez más utiliza medios gubernamentales y no gubernamentales para restringir y castigar declaraciones en favor de movimientos de derecha, y a personajes pasados y presentes. Claro que las interpretaciones politizadas de la historia no son nuevas, pero la ley proyectada en España es un claro exponente de la forma en que la izquierda contemporánea trata de usar la historia como arma para conseguir sus propósitos y silenciar a la disidencia”.

Stanley Payne advierte también que “como observa Wulf Kansteiner, la llamada “memoria colectiva” no es historia, es tanto el resultado de una “manipulación consciente” como de un recuerdo eficaz. Enrique Gavilán asegura que “el papel del historiador no garantiza la exactitud de la memoria. Por el contrario, es muy consciente de las inevitables deficiencias de dicha memoria. Los historiadores saben que la memoria no solo puede deformar la comprensión de lo que ha ocurrido, sino que inevitablemente lo hace”. Prestigiosos investigadores insisten en que la “memoria histórica”, tal como la usa la izquierda española es un oxímoron. La memoria humana es individual, subjetiva y a menudo falaz. Incluso de buena fe a veces se recuerdan detalles distintos a lo que sucedió en realidad. La Historia, en cuanto investigada por profesionales, no es, por el contrario, individual ni subjetiva. Requiere el estudio empírico y objetivado de documentos. Es un proceso supraindividual llevado a cabo por una comunidad científica que debate y contrasta resultados y se afana por ser lo más objetiva posible”.

El hispanista norteamericano denunció la instrumentalización de la Historia con fines políticos, convirtiéndola en un arma de la izquierda “al estilo soviético, que criminalizaba ciertas declaraciones y actividades respecto al pasado reciente. Propuso una Comisión de la Verdad que recomendase el procesamiento de quienes violasen sus normas, prescribiendo multas e incluso prisión”. Payne no pudo ser más elocuente al respecto.

Vivimos tiempos anómalos en un mundo que parece disolverse en la insensatez y brutalidad de la imposición de un solo pensamiento, un solo discurso, un solo relato del pasado, del presente y el futuro. En él no hay espacio para preguntar siquiera, o cuestionarse si hay otra verdad que no sea la del Estado. El riesgo de ello es cometer delito y pagarlo pecuniariamente o con la libertad. Y ello solo sucede en tiempos totalitarios.

El profesor italiano Emilio Gentile, discípulo de Renzo De Felice, acuñó el neologismo ahistoriología para definir un nuevo género de narración histórica mezclado con la imaginación, en la que el pasado histórico se va adaptando continuamente a los deseos, esperanzas y temores actuales. La ahistoriología tiene con la historia la misma relación que tiene la astrología con la astronomía. Podemos afirmar que el concepto del Gentile es tan científico y riguroso como la dianética o la piramidología, es decir exactamente igual que la Memoria Histórica y Democrática.

Los aprendices de brujos al frente de las instituciones no miden las consecuencias de la apertura de una caja como la de Pandora. Si tuvieran algo de racionalidad y sentido común tal vez considerarían otra advertencia que nos dejó premonitoriamente el gran Renzo de Felice:

Hoy denunciamos cada vez más el riesgo, bien de una desmotivación colectiva, que equivaldría al fin de la propia democracia, bien de una prevalencia de los grupos económicos o del mero poder, que no puede sino ser un obstáculo en el camino, ya tan accidentado, de una integración progresiva de los estados nacionales, en la forma de expresar los valores, las tradiciones, la experiencia y la energía comunes, necesarios para perpetuar una civilización que -al menos por ahora y, creo, por mucho tiempo todavía- es la única que puede hacerse cargo de los problemas de la humanidad”.

No podemos ignorar que no estábamos advertidos de las consecuencias de jugar a ser como Pandora.