En una carta anterior habíamos expuesto unas notas muy generales acerca de la exigencia de indemnización en vía penal por los daños causados como consecuencia de la comisión de un delito. Mencionábamos allí las diferencias existentes entre la petición de que se imponga una pena al delincuente (la llamada acción penal, que cualquier ciudadano puede exigir y el Ministerio Fiscal está obligado a interponer), y la solicitud de indemnización por los daños que hubieran podido derivarse del hecho delictivo, incluyendo tanto los perjuicios morales (sufrimiento físico y psicológico), como los patrimoniales (gastos necesarios, pérdidas económicas y lucros cesantes). También comentábamos que, en este segundo caso, la petición indemnizatoria sólo podían plantearla quienes acreditaran ser titulares de los bienes dañados (aunque, en principio, el Ministerio Fiscal deba hacerlo en su nombre), y que, a lo largo del proceso, habrían de probar la efectiva existencia de dichos daños y que fueron causados por una acción u omisión imputable al demandado no amparada en Derecho.

Ahora bien, ni todos los actos causantes de un perjuicio indemnizable son constitutivos de delito, ni, aunque lo fueran, el perjudicado tiene que acudir necesariamente a los tribunales de la Jurisdicción Penal para pedir su resarcimiento. Dispone de otras vías, que podríamos sistematizar del siguiente modo:

1.- Cuando no exista relación laboral entre el causante del daño y el perjudicado, y ninguno de ellos tengan la condición de funcionario, autoridad o agente de un ente público, la solicitud de indemnización se regirá por el Código Civil y se planteará ante los tribunales de esa misma Jurisdicción.

Como ejemplo, adaptado a la situación actual planteada por el COVID-19, podríamos citar el de aquél autónomo que, yendo a trabajar, se cruzara por la calle con una persona que ha salido a hacer deporte, sin medida de protección alguna, y ese deportista estornudara a medio metro del trabajador, contagiándole la enfermedad. El artículo 1.902 CCi dice que “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a indemnizar el daño causado”. Si consideramos la actuación del corredor como negligente (relativamente fácil, tal como está la cosa) y además podemos demostrar que fue él quien nos contagió la enfermedad (esto ya será difícil, muy difícil), podríamos obtener la indemnización de los daños acreditados acudiendo a los juzgados de lo Civil.

2.- Si no existe relación laboral o asimilada entre el perjudicado y el causante del daño, pero éste tuviera la condición de administración pública, o de personal o autoridad al servicio de la misma, la solicitud de indemnización se regirá por lo dispuesto en los artículos 32 a 36 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se planteará ante los tribunales integrantes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según el artículo 2.e) de la Ley 29/1998, reguladora de dicha Jurisdicción.

Como ejemplo, y siguiendo con la situación derivada del COVID-19, pensemos en la solicitud de indemnización planteada por los familiares próximos de un anciano, fallecido en una residencia, y dirigida contra la Administración del Estado, por las acciones u omisiones desarrolladas por sus autoridades o funcionarios desde el inicio de la epidemia (en esta vía ha de demandarse a la Administración, no a la autoridad o funcionario). Según el artículo 32.1 de la citada Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley”. Esa “fuerza mayor” parece precisarse en el artículo 34.1, según el cual “No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos”. El escollo para el triunfo de la reclamación de los familiares consistirá en probar que la muerte de ese anciano en concreto se debió al contagio del coronavirus, y que ese contagio, a su vez, fue consecuencia del funcionamiento de algún servicio público en relación con la gestión de la pandemia, no de su carácter imprevisible o inevitable. Cosa difícil, aunque constara en el certificado médico que la muerte se produjo por coronavirus, pero virtualmente imposible si no constara así y tampoco resultara viable o conveniente solicitar la exhumación y posterior autopsia.

3.- Si existiera relación laboral entre el perjudicado y el causante del daño, incluyendo la relación que vincula a los funcionarios con la administración, la indemnización se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral sobre accidentes de trabajo, o bien, en el caso de los funcionarios, por la normativa especial aplicable, siempre de acuerdo con el principio contenido en el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprobó la Ley del Estatuto Básico del empleado público y que recoge su derecho a “percibir las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio”. Los tribunales competentes para conocer de estas demandas serán, en todo caso, los integrantes de la Jurisdicción Social, según se dispone en el artículo 2.e) de la Ley 36/2011, reguladora de la citada jurisdicción.

Como ejemplo podríamos citar el de los daños sufridos por el personal sanitario o sus familiares próximos, que hubieran sido contagiados por falta de medios de protección, o inadecuación de los facilitados por la autoridad sanitaria. En este caso, una vez probadas esas deficiencias y habida cuenta del elevado nivel de riesgo a que están sometido ese personal, parece más sencillo considerar evidente la existencia de relación de causalidad entre la protección inadecuada y el contagio: así lo entendió el cuerpo social, al asombrarse ante el hecho de que algunas autoridades llegaran a afirmar que el personal sanitario se contagiaba viajando, y por tanto podría acudirse a lo que en terminología jurídica se denomina “presunción razonable” o “presunción de hombre”.

No pretendemos agotar el tema con estas breves líneas, sino sólo mostrar una panorámica sistematizada de las principales acciones judiciales orientadas a obtener indemnización de daños y los tribunales competentes para ello. Aspectos como la precisión de todas las partidas integrantes del daño indemnizable, las relaciones entre estas indemnizaciones y las del sistema de seguridad social, o las procedentes de seguros privados, el problema de que a la producción del daño hayan contribuido varios autores (padres y menor, administración y contratista de ésta, empresario que no entrega materiales de protección y la administración que impide disponer de ellos), o la incidencia del proceso penal en estas otras acciones, entre otros muchos, son absolutamente imposibles de abordar en unas cuantas líneas, y lógicamente han quedado al margen del esquema propuesto.