El Gobierno ya no va a utilizar el artículo 155 de la Constitución. No solo porque se prefiriese evitar su aplicación, como siempre se fue demostrando de manera tácita, sino porque ya no vale aprovechar ese precepto por haber transcurrido el tiempo necesario para poder lograr su eficacia a través del procedimiento parlamentario regulado.

 

Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, indicó hace algunos días que el Gobierno había descartado el artículo 155 de la Constitución por motivos jurídicos y temporales. Como bien indica Jorge de Esteban en su artículo “Réquiem por el artículo 155”, “sea lo que fuera, es una graciosa ironía que el portavoz del PP nos diga ahora que «descartan» la aplicación del artículo 155, cuando hace más de un mes que este periódico y, especialmente, yo mismo en un artículo, señalábamos que era ya imposible, aunque se quisiese, que se pudiese utilizar porque no daba tiempo para ello”.

 

Se ha estado analizando un artículo durante mucho tiempo para, finalmente, no utilizarlo cuando concurren las circunstancias que fundamentan su eficacia. La idea resulta kafkiana, pero España parece un país ideado por la mente de Franz Kafka en muchos aspectos, entre los que hay que incluir los jurídicos.


Juristas como Santiago Muñoz Machado y Jorge de Esteban defendían la aplicación del precepto constitucional que recoge la coerción estatal, que podía parecer lógica atendiendo a las circunstancias. Sin embargo, Xavier Vidal-Folch considera, como llegó a afirmar en un artículo publicado en El País, que “su vocación es la de no ser aplicado jamás”, debido a los numerosos trámites que hay que superar, aunque esa no parece una justificación adecuada teniendo presentes los numerosos procedimientos administrativos en los que hay que superar muchos obstáculos que, finalmente, algunos consiguen sobrepasar.

El artículo 155 de la Constitución debería haberse aplicado, pero se ha preferido ignorarlo por miedo a las consecuencias políticas y jurídicas que pueda llegar a conllevar. También se ha preferido una omisión a la acción por el desconocimiento de la naturaleza del conflicto que podría llegar a surgir con formaciones que, como el PSOE y Podemos, están a favor de un referéndum.

Principalmente, todas las causas de la inexistente aplicación del artículo 155 de la Constitución se pueden resumir con las pretensiones político-electorales, que, una vez más, han vuelto a condicionar la adopción de decisiones relevantes. Eso es un problema grave, pero se continuará en esa línea de actuación mientras no haya una catástrofe jurídica.

 

Hay que conformarse con el lado bueno de la cuestionable decisión de no activar la coerción estatal. En todo caso, viendo la ineptitud de algunos, puede ser mejor que se evite la utilización del artículo 155 de la Constitución, que, en el caso en el que no se sepa aplicar, puede llegar a montar un problema más grave que el se quiera resolver.