La furia antifranquista que desató la ley de memoria histórica 52/2007 coronó el “reseteo” o borrado intencionado del pasado reciente de España que no gusta a la izquierda porque señala no sólo su derrota el 1 de abril de 1939 sino el fracaso de su modelo político y económico, truncado por la victoria militar del general Franco y por los méritos indiscutibles de su política social y económica como jefe del Estado durante 39 años.

La creación de la clase media española y de una verdadera transformación nacional que modernizó la estructura industrial y económica de España, fue un éxito sin precedentes del régimen franquista que arrebató a la vieja izquierda todas las banderas del obrerismo, estafadas por el infausto dogma de la represalia y la lucha de clases que sepultó a la II República en el colapso a partir de la fracasada revolución socialista de octubre de 1934 culminada con el pucherazo electoral de febrero de 1936 y la subsiguiente etapa revolucionaria de saqueos, atentados políticos y expropiaciones marxistas (Nota: una etapa de continuado crimen callejero perpetrado por las izquierdas, y excelentemente descrita con toda su crudeza por Clara Campoamor en su obra “La revolución española vista por una republicana”).

Fueron medidas de raíz revolucionaria y vanguardista como el “Fuero del trabajo” que el bando nacional lanzó en 1938, aunadas a posteriores e inteligentes políticas de reforma económica como el Plan de Estabilización de 1959, las que dieron a los obreros de España la munición legal y el crecimiento empresarial y personal necesarios para ostentar amplios derechos sociales en un clima de constante expansión económica disparada, sobre todo tras el fin del bloqueo internacional auspiciado por la URSS. 

La práctica inexistencia de los impuestos directos sobre las rentas y una administración pública austera, defensora de la propiedad privada y capitaneada por la meritocracia de profesionales excelsos del Derecho y las ciencias económicas, crearon un marco jurídico de progreso social y laboral arropado por la consigna de “patria, pan y justicia” para todos los españoles que Franco convirtió en cabecera de su acción. El milagro económico español registró niveles de crecimiento superiores al 7 por cien del PIB durante los años 60, sólo superados en ocasiones por Japón. Un boom natalista sin precedentes inundaba nuestra Patria con familias numerosas dada la creciente prosperidad laboral y el orden público total.

No obstante, semejante obra política de desarrollismo económico y social no habría podido llevarse a cabo sin la intervención de las administraciones locales y de sus alcaldes, esto es: de las instituciones de proximidad social que dieron a los ciudadanos grandes hitos de progreso.

Una de las figuras más insignes de la municipalidad franquista, protagonista de las más altas cotas de desarrollo social para sus conciudadanos, fue el último alcalde franquista de la ciudad de Valencia: Miguel Ramón Izquierdo.

Fue llamado a filas por el bando republicano en 1938, al estar la región valenciana bajo dominio rojo. Allí permaneció hasta el final de la guerra.

Abogado desde 1943, su espíritu social y comprometido con la ciudadanía le llevó, durante la gran “riada” de octubre de 1957 que anegó Valencia, a efectuar junto a otros abogados y trabajadores de su empresa la limpieza de diversas instalaciones de la ciudad como el Palacio de Justicia.

Su querencia en los derechos laborales y económicos de los trabajadores le llevó a la labor sindicalista. Como presidente del Sindicato Provincial del Metal de Valencia entre 1963 y 1966 reclamó para la región valenciana la IV Planta de Altos Hornos, que sería situada en Sagunto y a la que aspiraban Asturias, Cádiz o Sevilla. Consiguió la planta siderúrgica para Valencia, y miles de familias valencianas tuvieron trabajo y prosperidad hasta que el proceso de “reconversión industrial” de Felipe González, camuflado como “liberalización” económica, condujo a la liquidación de esta industria y al desempleo masivo en la Comunidad valenciana. Más de 4000 familias se quedaron sin sustento laboral al no apostar, el gobierno felipista, por un plan serio y coherente de viabilidad y mantenimiento del empleo.

Miguel Ramón Izquierdo aprovechó su competencia profesional como abogado para defender la producción metalúrgica valenciana desde la “Agrupación de Exportadores Metalúrgicos de la Región Valenciana” entre 1966 y 1968.  Fue presidente de la Feria Internacional del Metal de Valencia entre 1969 y 1972. Desde allí luchó por adherir la región valenciana a los beneficios del Acuerdo Comercial preferencial alcanzado por Alberto Ullastres con la Comunidad Europea en 1970 y que dio un impulso majestuoso a las exportaciones de acero y metales así como de vehículos o alimentos, coadyuvando al poderoso superávit comercial español. Los salarios de los trabajadores valencianos del metal aumentaron y los convenios laborales los reconocieron situando a Valencia como tierra de agricultura y de expansión industrial. Semejante situación de bienestar y bonanza sería destruida por la política de desindustrialización y exterminio de la soberanía económica de España ejecutada por Felipe González.

Aupado por su popularidad entre empresarios y obreros, llegó a la Alcaldía de Valencia en 1973, cargó que ocupó hasta 1979, siendo, a su vez procurador en Cortes entre 1973 y 1977.

El nacionalismo catalanista, entonces ya pululante en la Universidad de Valencia e infiltrado en determinadas instituciones, ardía en cólera contra el alcalde de Valencia porque durante su mandato introdujo en las aulas municipales la enseñanza del idioma valenciano, lengua independiente y diferenciada del catalán pero ambicionada por el catalanismo irredento. Del mismo modo, el alcalde publicaba en lengua valenciana y española los bandos que lanzaba periódicamente. El régimen jamás reprendió al alcalde de Valencia porque el gobierno franquista siempre respetó y amparó los hechos culturales y lingüísticos regionales mientras no fueran excusa ni cobertura para la irradiación del secesionismo o el fomento de la desigualdad entre españoles.  

Uno de sus primeros actos políticos como alcalde fue proteger y amparar un pulmón verde y natural de Valencia y uno de los más insignes de la España levantina: el paraje de “El Saler”.

La subasta de parcelas en “El Saler”, que habría convertido en pasto de cemento y ladrillo el espacio ambiental más colorido de la provincia de Valencia, fue paralizada por el alcalde. La imponente “dehesa” del Saler quedó protegida para siempre, y los valencianos pudieron disfrutar en adelante de un paisaje idílico y de un foco turístico de especial desarrollo hostelero.

Otro de sus proyectos estrella, con la mira puesta en la defensa de los pulmones verdes de la ciudad del Turia, fue la protección del viejo cauce del río Turia. Desde el gobierno central se había planteado la reconversión del cauce viejo del río Turia de Valencia en red viaria para carreteras y comunicaciones, lo cual desposeería a los vecinos de la ciudad de un recurso local ampliamente querido. Ni corto ni perezoso, y como forma de ganar tiempo hasta la negociación donde esperaba recuperar la titularidad del cauce del río para Valencia, efectuó una impresionante plantación de arbolado. En su primera visita a Valencia como Rey,  Juan Carlos I  devolvió el cauce del rio a la ciudad de Valencia. Hoy este cauce es la principal arteria natural de práctica de deporte, aire libre y esparcimiento personal de la ciudad de Valencia; kilómetros de suelo destinados a regalar a los ciudadanos pistas deportivas, conciertos o reuniones familiares en un ambiente apacible. La finalidad que cumple hoy el viejo cauce era la noble intención declarada por el alcalde Miguel Ramón Izquierdo con su ambicioso proyecto de protegerlo y recuperarlo.

Decidido a guardar y custodiar la historia viva y patrimonial de la ciudad de Valencia, el alcalde saneó y protegió del derribo que se pretendía, lugares emblemáticos del pasado valenciano como el edificio de “Ernesto Ferrer” de la Plaza del Ayuntamiento, el Convento de San Vicente de la Roqueta o el Instituto Luis Vives entre otros.

Pese a las dificultades financieras contraídas por su Ayuntamiento con la llegada de la Transición y la convulsa situación administrativa que ésta generó, realizó estudios de modernización de la ciudad para el futuro, destinados a los alcaldes que le sucedieran, y así nació el “Plan Integral de Transporte Urbano de Valencia” donde se contemplaba la ejecución del trazado del Metro de Valencia. Este plan sirvió de base para la ejecución posterior de esta infraestructura.

La apuesta personal del alcalde Miguel Ramón Izquierdo era la defensa de la historia del Reino de Valencia y de su españolidad, así como los impulsos siempre constantes en defensa de una ciudad habitable, moderna y con funcionarios públicos satisfechos. Tenía la costumbre de pisar las instalaciones del cuerpo local de Bomberos para conocer sus inquietudes y atender sus reclamaciones. Lo mismo hacía con el resto de servidores públicos. Se desplazaba, en muchas ocasiones, a pie o en tranvía para hablar con los vecinos.

Su relación con el mundo fallero ha sido la más fluida y beneficiosa que ha obtenido la fiesta mayor de Valencia en toda su historia. Fue presidente ejecutivo de la Junta Central Fallera en 1979. Había participado en la fundación de la Falla Azcárraga en 1944, de la que fue presidente en 1948. Impulsó el reconocimiento nacional de la fiesta fallera y su proyección internacional.

En las primeras elecciones locales tras la aprobación de la Constitución de 1978 rechazó las ofertas que le hizo expresamente Adolfo Suárez para la candidatura de UCD a la alcaldía de Valencia dada su popularidad manifiesta entre todos los estratos de la ciudad.

Ya fuera de la alcaldía, retornó a su trabajo como abogado.

No obstante no renunciaría a la política pues contemplaba al pancatalanismo como la gran amenaza contra la región valenciana y para detenerlo fue fundador, secretario general y posterior presidente del partido “Unión Valenciana”, organización que pretendía defender al antiguo reino de Valencia de la amenaza del separatismo catalán del que se habían contagiado todos los partidos de izquierda, los cuales postulaban la idea de “Pais valenciano” que convierte al antiguo reino de Valencia en mera sucursal de Cataluña y de la paranoica ensoñación de los “Países catalanes”.

Sería elegido diputado a Cortes en la segunda y tercera legislaturas (1982-86 y 1986-89). En la segunda legislatura fue diputado electo por la lista de “Coalición popular”, compartida con las formaciones Alianza Popular y Partido Demócrata Popular. En las elecciones para la tercera legislatura en 1986, Unión Valenciana concurrió en solitario y Miguel Ramón Izquierdo logró su escaño llegando por primera vez una formación regionalista y anticatalanista a las Cortes españolas.

Su vida de méritos como jurista y defensor de los trabajadores le llevaría a ser condecorado con la gran Cruz de la orden de Alfonso X el Sabio, la cruz distinguida de primera clase de la orden de San Raimundo de Peñafort, la Cruz de la orden de Cisneros o la Medalla de Plata de la Cámara oficial de Comercio de Valencia.

El excelso, obrerista y modernizador alcalde Miguel Ramón Izquierdo jamás obtuvo el reconocimiento merecido por su labor insigne, trascendental e imperecedera al servicio del desarrollo de los valencianos. Ni una calle, ni una placa, homenajean su exitosa labor en defensa de la justicia y la modernidad.

El anteproyecto de ley de “memoria democrática” preparado por el social-comunismo pretende arrancar de cuajo, con el adoctrinamiento educativo y la multa coercitiva, nuestro pensamiento y nuestra libertad de expresar y de exaltar. Yo lo seguiré haciendo por respeto a mi historia, a mi honor y a mi Patria. En este artículo he brindado mi homenaje personal, humilde y sincero a quien considero como uno de los mejores alcaldes de la historia de la ciudad de Valencia por su compromiso con la Patria, el pan y la justicia.

miguelramonizquierdo-236x300