Se está hablando mucho de la finalidad resocializadora de las penas. Sin embargo, se está hablando poco de la realidad práctica de la reinserción social de los penados, que, en muchas ocasiones, no llega a producirse por la simple voluntad del penado, que prefiere dejar pasar el tiempo en el establecimiento penitenciario sin reflexionar sobre las consecuencias de sus actos y los límites que debe imponer a sus actos.

El artículo 25.2 de la Constitución establece que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados". Para alcanzar la finalidad resocializadora de las penas, la Ley Orgánica General Penitenciaria regula el tratamiento penitenciario, que consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. Concretamente, el tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. Para ello, se debe procurar, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general.

Debe decirse que el problema es que no se ha difundido correctamente que no es obligatorio seguir el tratamiento penitenciario, cuyo acceso es un derecho de los presos. Según el artículo 61 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se fomentará que el interno participe en la planificación y ejecución de su tratamiento y colaborará para, en el futuro, ser capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos, de modo que, esencialmente, se buscará fomentar su participación. El artículo 112 del Reglamento Penitenciario indica que el interno podrá rechazar libremente o no colaborar en la realización de cualquier técnica de estudio de su personalidad, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, regimentales ni de regresión de grado.

 

Es cierto que no se debe imponer el tratamiento penitenciario, pues la obligatoriedad del mismo sería absolutamente incongruente con las finalidades de la reeducación. Sin embargo, hay que tener presente que, frente a la posibilidad de que haya presos que no quieran reeducarse, habrá que permitir la existencia de medios de protección para la sociedad que sean verdaderamente efectivos.