Montserrat Galcerán es concejal del Ayuntamiento de Madrid, además de activista, según se comenta. También se afirma que tiene derechos de propiedad sobre nueve bienes inmuebles situados en las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña y más de 50000 euros en acciones de tres sociedades cotizadas que están ubicadas en el Ibex 35, que no parecen indispensables para las personas con una capacidad económica media.

 

Debe tenerse presente que el artículo 33.1 de la Constitución Española establece que se reconoce el derecho a la propiedad privada. Las facultades de este derecho dependerán en cada caso de lo dispuesto en la legislación vigente, pero siempre deberá respetarse el contenido esencial, entendido como el conjunto de aspectos que hacen reconocible el derecho de propiedad, que siempre podrá ser protegido mediante remedios civiles y penales.

 

Resulta llamativo que una persona que tiene derechos de propiedad en nueve bienes inmuebles pueda defender a los okupas. Precisamente, la señora debería estar enfrentada a los que se dedican a habitar, indebidamente, viviendas ajenas, por su situación patrimonial.

 

Sería más lógico que los okupas tuvieran como objetivo alguno de los bienes inmuebles de la persona que les defiende. Sin embargo, es posible que la señora no se haya enterado de que ella puede ser una victima potencial de los okupas, aunque resultaría raro que una persona con su formación no lo hubiera comprendido. También es verdad que no sería extraño que hubiera algún acuerdo por el que haya defensa de la okupación a cambio de la protección de las viviendas.

 

Una buena opción podría consistir en que la señora que defiende a los okupas les deje algunos bienes inmuebles. Para ella no debería suponer un gran problema y sería muy amable por su parte conceder, atendiendo a la función social de la propiedad y a la necesidad de satisfacer la necesidad de vivienda de muchos, un espacio de alojamiento gratuito a aquellos que lo necesitan.

 

Es muy fácil ser defensor del derecho a la vivienda de los okupas contra el derecho de propiedad de los demás mientras el derecho de propiedad del protector no es objeto de riesgo alguno y, probablemente, circunstancias opuestas, el comportamiento seria totalmente inverso. Sin embargo, estos hechos no deben servir para justificar que se insulte o amenace a una persona cuyas manifestaciones, simplemente, deberían originar indiferencia.

 

No hay que ser pobre para defender a los pobres, pero si que hay que ser coherente. La gente necesitada de protección social requiere hechos, no palabras.