Al margen de la campaña madrileña, la actualidad política ha estado marcada por la subida encubierta de impuestos que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. En un principio conocimos que planean eliminar la tributación conjunta en la declaración anual de la renta, disfrazando el aumento de ingresos en las arcas públicas como una medida por la igualdad de género. Ahora reconocen que para el curso 2023/2024 nos tienen preparado el pago por utilizar todas las carreteras, otra medida que pagarán las clases medias y trabajadoras exactamente igual que los impuestos sobre el plástico o las bebidas azucaradas presentados como una medida por el medio ambiente y la salud. Tal vez en un futuro sólo las rentas más altas puedan permitirse el lujo de viajar por carretera, comprar comida plastificada o beber un refresco, pero a día de hoy son comportamientos habituales en los sectores despreciados como "tabernarios" por la nueva divine gauche y que no cuentan con chófer, cocinera y fiestas en pubs exclusivos a cargo de los contribuyentes. Al contrario de lo manifestado por cierto individuo que recientemente anunció su retirada política, esta crisis no van a pagarla los ricos.

 

Atrás quedó José Luis Rodríguez Zapatero reivindicando la reducción de impuestos como algo propio de la izquierda. Ahora para ser de izquierdas toca defender el saqueo fiscal, acusando de insolidario y de estar a favor de los ricos a quien la cuestione. Y lo cierto es que hay que cuestionar las intenciones de este plan, no el hecho de pagar impuestos. De buena gana pagaría sus impuestos la inmensa mayoría de los españoles si fuesen destinados en su totalidad a Sanidad, Educación y demás servicios básicos para la comunidad. El problema es que el fin de recaudar más dinero pasa por mantener y aumentar el mastodóntico Estado de las Autonomías, sus inútiles instituciones y sus legiones de arribistas y enchufados. Al margen de la crisis sanitaria, no es casualidad que la letra pequeña del acuerdo con Bruselas (que Pedro Sánchez vendió con tanto triunfalismo a la opinión pública) pase por aumentar los ingresos del Estado justo cuando la coalición progre en el Gobierno ha duplicado el gasto en asesores en comparación con los gobiernos predecesores y no muestra ninguna intención de acometer profundas reformas en cuanto a las remuneraciones y privilegios de la casta (al contrario, ahora a los españoles les toca mantener a dos castas).

 

Desconfiemos, por tanto, de quienes llaman alegremente a pagar impuestos cuando viven del dinero público en sus lujosos casoplones y gozan de una escolta de guardias civiles en la puerta de su casa. Eso sí, desconfiemos también de quienes enarbolan la bandera de pagar menos impuestos a la vez que justifican y perpetúan el caos autonómico que impide que en Madrid, en Bilbao y en Barcelona exista uniformidad fiscal. ¿Es mucho pedir que los impuestos tengan el mismo rasero en toda España? Para las castas regionales (y no sólo las aspirantes a la secesión), está claro que sí. Por eso resulta tan irónico que una llamada a la libertad basada en el individualismo convertido en el pan nuestro de cada día lo consideren un insulto, cuando esas castas regionales (recordémoslo de nuevo: no sólo las secesionistas) llevan décadas apelando a esa misma libertad para hacer de su capa un sayo con sus gobiernos autonómicos e invertir los impuestos del contribuyente en proyectos de ingeniería social de toda índole. El problema, desde luego, no está en pagar impuestos sino en el fin para el que son destinados.