Se ha podido saber que, por un error de la Policía, podría quedarse el Ministerio Fiscal sin pruebas de cargo contra el supuesto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, que es considerado el autor de las agresiones sexuales a cuatro menores de edad que fueron cometidas entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 en Madrid. La noticia se refiere a elementos procesales esenciales.

El registro del domicilio de Antonio Ortiz se produjo sin que él estuviera presente. El artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece varias reglas interesantes:

  • El registro se hará a presencia del interesado o de la persona que legitimamente le represente”.

 

  • Si aquél no fuere habido o no quisiese concurrir ni nombrar representante, se practicará a presencia de un individuo de su familia mayor de edad”.

 

  • Si no le hubiere, se hará a presencia de dos testigos, vecinos del mismo pueblo”.

 

El artículo 11.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dice que “No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”. Este precepto recoge la doctrina del fruto del árbol envenenado, por la que serán nulos los resultados obtenidos como consecuencia de una prueba nula.

Debe tenerse presente que la doctrina del fruto del árbol envenenado se encuentra vinculada con el derecho a la tutela judicial efectiva. El artículo 24.2 de la Constitución Española establece que todos tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 85/1994 indica que “la imposibilidad de admitir en el proceso una prueba obtenida violentando un derecho fundamental no sólo deriva directamente de la nulidad de todo acto violatorio de los derechos reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución, y de la necesidad de no confirmar, reconociéndolas efectivas, las contravenciones de los mismos (STC 114/1984), sino ahora también en el plano de la legalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.)”. También hay que destacar que la Sentencia del Tribunal Supremo 386/2007 dice que “La ilicitud no ha de referirse a la prueba en sí, sino al modo en que la misma se consigue, y cuando se emplean medios ilícitos, como aquí ocurrió, la fuente de prueba no debe ser asumida en el proceso, por lo tanto no ha de ser tenida en cuenta”.

Es posible que Antonio Ortiz sea culpable y que deba ser condenado por cometer actos delictivos. Sin embargo, también es cierto que debe desarrollarse adecuadamente un proceso penal con todas las garantías de modo que no se pueda producir la nulidad de actuaciones, ya que el artículo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que “No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de Leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente”.