Todo poder se rodea de una variada gama de parafernalias para darse valor. Las togas rojas o negras de los magistrados, sus armiños, los palacios donde juzgan, las flores de encaje en las bocamangas, todo este augusto aparato con el que se envolvían o se envuelven ostentosamente les ha sido siempre muy necesario, y si los doctores no hubieran tenido sus gorros cuadrados y sus togas demasiado amplias de cuatro paños, jamás habrían engañado al mundo que no es capaz de resistir a esta prueba tan auténtica.

Si poseyeran la verdadera justicia, lo mismo que si nuestros reyes y dirigentes tuvieran el verdadero arte de gobernar, no tendrían necesidad de sus bonetes cuadrados ni de hacerse acompañar de propaganda, de guardias, de palafrenes, tropas armadas que sólo tienen manos y fuerza para ellos; el conjunto de ritos y detalles o las trompetas y tambores -militares o informativos- que van al frente de estos sicarios que les rodean hacen temblar a los más firmes.

No tienen el hábito, sino solamente la fuerza. Pero es cierto que habría que tener una razón bien acendrada para mirar como a otro hombre al gran togado o gran señor rodeado en su soberbio palacio por cuarenta mil oficiales y mandarines. No podemos ver a un abogado con su toga y su birrete sin experimentar una ventajosa opinión de su suficiencia.

El caso es que entre las preocupaciones fundamentales que giran en torno a nuestra justicia, cuyo problema esencial y más inmediato es la recuperación y garantía de un Estado de Derecho hoy día inexistente, se hallan la formación facultativa y ética de los jueces y magistrados, y la lentitud en resolver los procesos apilados, muchos de ellos postergados a propósito, como es, por ejemplo, el flagrante y vergonzoso asunto del aborto.

En Medida por medida, dijo Shakespeare que «los ladrones están autorizados al pillaje cuando los mismos jueces roban». Pero, por desgracia, y salvando a unos pocos ciudadanos, en España no hay especial preocupación por que se administre una recta justicia, misión principal que cualquier doctrina moral asigna a los gobernantes, como el deber más importante de la función de gobernar, y sin cuya vigencia la libertad es una quimera. 

No obstante, las escasas gentes de bien que, en su perplejidad, aún se preguntan cómo es esto posible, cómo hemos podido llegar hasta aquí, saben que el primordial motivo se debe a que la noble institución que llamamos Justicia, es hoy una sucia mujerzuela que se prostituye por los arrabales más sórdidos. Y es por culpa de esta peliforra, que las lindes entre el negocio lícito y el ilícito son cada día más evanescentes y los sistemas penal, procesal y penitenciario no dejan de ofrecer amplias lagunas, que el caprichoso propósito de muchos jueces hace aún más extensas.

Si siempre ha habido ovejas negras en la judicatura, hoy día han dejado de ser excepción y son muchos los jueces, igual que son muchos los políticos, para quienes la justicia es el arte de quitar a los pobres y débiles lo que es suyo, para no quitárselo a los grandes sinvergüenzas. ¿Por ventura es menor delito robar al fisco decenas de millones, o dar golpes de Estado permanentes, o matar al prójimo, que irrumpir las reuniones y conjuras de la antiespaña y abatir sus banderas?

En incontables casos, durante la modélica transición democrática, los jueces se han delatado por inhibirse frente a actuaciones empresariales, políticas o partidistas delictivas; o por poner penas ridículas, si no trabas, para que prosperasen las denuncias o querellas contra los administradores económicos, políticos o sectarios. Desde la muerte de Montesquieu a manos del PSOE, el socialcomunismo y sus cómplices se han hartado de abrir expedientes, mediante definidos instrumentos procesales, a los discrepantes de su política corrupta y corruptora.

La Administración judicial española ha dado reiteradas muestras de insensibilidad a la hora de calificar de delictivas muchas conductas reprobables cometidas por sujetos pertenecientes a los distintos poderes fácticos, y a reconducirlas al ámbito de la simple mala gestión, o a traspasar a las víctimas la carga del delito. De modo que, actualmente, cualquier integrante de tales poderes puede cometer delitos con absoluta impunidad. La Justicia no lo va a atrapar, porque se cobija bajo la impunidad que le brinda el Sistema; y si lo atrapa, no va a ir a juicio; y si va a juicio, será absuelto. 

Y en el inaudito caso de que un político o empresario de la secta sea condenado a prisión por cometer un fraude supermillonario o relacionado con el manejo del Estado o con el crimen sectario, no pisará la cárcel o la pisará muy efímeramente y disfrutando de las comodidades y los lujos de un monarca oriental, pagados, a más inri, por los mártires y defraudados. 

No pocos de los teóricos guardianes de las libertades y derechos que la Constitución les encomienda han traicionado su ética profesional dispuestos a ganarse la vida mediante actividades delictivas, y presumiblemente lo seguirán haciendo. Encubriéndose tras la justicia, no dudan en corromperla. Estos funcionarios prevaricadores, que se protegen de quienes los denuncian, culpándolos de desacato a la autoridad, o del delito de odio, desprecian el servicio al bien común.

Resulta indignante que los ciudadanos puedan ir a la cárcel por cuestionar la labor de algunos jueces y de algunos políticos de la secta o de sus actitudes y resoluciones judiciales y públicas. Ya es excesivo el desplante judicial de incoar diligencias por estos presuntos -y recurrentes- delitos de desacato o de odio, pero despreciar a la víctima, llegando incluso a acordar su prisión, y además incondicional, es una falta de respeto a la justicia, al derecho y a la libertad.

Llevamos décadas comprobando que las malas causas son ahora las que encuentran los mejores defensores, porque acaban arrinconadas o absueltas. No olvidemos que, entre los togados, no son pocos quienes se dedican a borrar rastros, a archivar asuntos y a aliviar de sus abusos o absolver de sus delitos a quienes los chantajean o protegen, regidos como están por la polacada y la venalidad. 

Mientras que las denuncias contra disidentes ideológicos o adversarios políticos, o los asuntos que a éstos les concierne y perjudica se resuelven rápido -con sentencia inculpatoria, por supuesto-, en todas las acusaciones contra las izquierdas, los magistrados de la cuerda hacen voto de no lavarse, como escribió Rabelais. Y de paso, la caterva que alza el pendón del marxismo cultural, arropada por su aparataje mediático, hace voto de no sonarse hasta que sea otorgada sentencia definitiva. A consecuencia de esos votos permanecen sucios y mocosos, ya que la corte no acaba de revisar todos los documentos del caso correspondiente o guarda éste directamente en el cajón invisible.

De modo que las respectivas sentencias en los casos amigos serán otorgadas en las próximas calendas griegas, es decir, nunca. Y ello es así porque se consideran con mayor poder que la naturaleza, que nada hace inmortal, ya que pone fin y período a toda cosa por ella producida, pues todo cuanto nace muere. Pero no, en esto de la justicia ellos poseen naturaleza divina, pues sólo Dios es capaz de hacer cosas eternas. Y así, estos mentirosos y tragadores de mentiras logran hacer incorpóreos o inmortales ciertos procesos pendientes de su voluntad.

Al hacer lo cual han hecho comprobable el dicho de que la miseria es compañera de los procesos y de la gente pleiteadora miserable, ya que con ellos por medio antes llega el fin de nuestras vidas que el del pretendido derecho. Nos encontramos, pues, con procesos decididos por manos perversamente dispuestas y llenas de corrupción; por hombres tribonianos, descreídos, malignos e inicuos, que venden leyes, edictos, constituciones y ordenanzas, en puros dineros, a la parte que más ofrece, que casualmente es la izquierda, que tiene a los poderes fácticos de su parte y, con ello, sustraído el Estado de derecho y secuestrada la libertad de los españoles de bien.

Si la corrupción en España es un asunto gravísimo, sobre todo por haberse convertido en endémica, lo que resulta de estremecedora gravedad es la que involucra a los jueces, pues son ellos quienes hacen posible el albañal que hoy es nuestra patria. Por eso, hablar de justicia en este país -y de democracia y de libertad- es un sarcasmo. No hay mayores sembradores de alarma social que las instituciones cuando están invadidas por renegados y perjuros y, entre ellas, la más perniciosa, dado su crucial significado, la institución de la Justicia.

La Justicia ha sido administrada, y sigue siéndolo, con feroces criterios de clase; y es justo, por tanto, que halle oposición de clase: la de los que sufren persecución por la justicia. Pero con las izquierdas resentidas dirigiendo la sociedad y abusando de ella, se ha dado la vuelta al significado genuino de este sano criterio, y eso quiere decir en nuestros tiempos que a un hombre de izquierda se le permite todo, y nada a un hombre de derecha. 

Peligrosísimo principio, si se considera la facilidad y la rentabilidad con que hoy se puede ser hombre de izquierda. Que dicho principio sea afirmado cuando ser de izquierda supone riesgo, peligro, sacrificio, como ocurría a los líderes de la libertad en época de la revolución industrial, a caballo de los siglos XIX y XX, es una cosa; otra muy distinta cuando significa -como ahora- instalarse en los privilegios, en los desafueros, en la comodidad abusiva e impune y en el libertinaje. 

Hoy en día, si alguien puede hablar de justicia, quejarse de ella y exigirla, es aquél que sufre su persecución a través de unos corruptos ejecutores que deberían encarcelarse a sí mismos o entre ellos. Un juez normal, es decir, profesional y ético, debiera levantarse cada mañana pidiendo a Dios o al Destino fuerza y sabiduría para dedicarlas a favor de su oficio. Mas ello no suele ser así en estos tiempos cenagosos, sino que al saltar de la cama son numerosos los jueces que ocupan su pensamiento con el medro personal, la cobardía o el sectarismo más vil. 

Los espíritus libres, la gente honrada, añoran los tiempos en que todos los pleitos, procesos y diferencias eran arreglados por hombres de bien, como jueces soberanos, aunque no fueran jueces. Los espíritus libres, la gente honrada, no quieren venganza, sino equidad y derecho. Sólo anhelan enfrentar a las personas con las duras consecuencias de sus actos delictivos o irresponsables. Pero para ello es obligado rasgar el velo que oculta el crimen bajo la apariencia de la ley.

Muchas son las cosas que hay que regenerar y adecentar en España; la primera de ellas la Justicia.