Es absolutamente falso que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género haya constituido un hito, ni tan siquiera un avance entre la igualdad entre personas de distinto sexo, por cuanto que la misma parte de una visión negativa y parcial respecto de una parte de las personas que configuran la sociedad, el hombre, en concreto, lo que nos permite considerar que estamos en presencia de una Norma que en modo alguno puede contemplarse como un logro positivo en la búsqueda de la igualdad entre las personas, hombre y mujer, por el enfoque político y partidista que a la misma se le ha dado, primando los intereses ideológicos de una minoría al principio indispensable en  cualquier régimen democrático de la igualdad ante la ley, recogido en la Constitución Española (artículos 1.2 y 14,3), por lo que en modo alguno ha dado solución a un problema tan importante, no ha contribuido a la búsqueda de una efectiva práctica de vida en común, de manera individual, ni colectiva, entre personas de distinto sexo.

El reconocimiento tanto implícito como expreso de que existe una violencia estructural del hombre contra la mujer, conlleva la penalización no de unos presuntos hechos, sino del ser en sí mismo por su sexo, por el hecho vil de haber nacido varón, en donde el único móvil que se escruta, es el de pertenecer al género masculino. Única razón por la cual se ha excluido a los hombres de esta Ley.

  FALSA PREMISA

Se parte de la premisa falsa de que la violencia se ejerce contra la mujer en función del género, de su sexo, no así la que esta pudiera ejercer ésta sobre el varón, sin valorar las motivaciones o el contexto que concurre en cada caso concreto.

Se reconoce y acepta íntegramente la verosimilitud del testimonio de las mujeres, sin cumplimiento de las exigencias legales para su otorgamiento, haciendo efectiva la máxima emitida incluso por miembros del Gobierno de España, como la pronunciada por la ex vicepresidenta Carmen Calvo de que <<las mujeres tienen que ser creídas si o si>>, o lo que es lo mismo, tenga o no razón, sea o no cierto lo que denuncian...

 No se da credibilidad al testimonio del hombre procesado. Se realizan conjeturas, sospechas y presunciones para concluir en la mayoría de los casos en una condena anunciada.

La concatenación lógica de semejantes premisas, permiten aberraciones legales y reales que concluye en que el procesado, varón, es culpable porque sí, en tanto la mujer es inocente por herencia, y que la criminalización de los genes masculinos le lleva a que no pueda escapar, a una culpa, a una responsabilidad criminal manifiesta, declarada y consumada.

EL HOMBRE NO DELINQUE EN CUANTO ES SINO EN CUANTO OBRA

Esta inadmisible posición en la que se le coloca y categoriza al hombre frente a una presunta, cuando no falsa, víctima, le supone la pérdida del derecho de presunción de inocencia desde el inicio. Aparece la figura de culpable por genes que, involucrado desde el exterior en un conflicto frente a la infalible inocente por genética, carece del derecho legal de ser inocente. Es obvio que a ello han contribuido las prolijas campañas de colectivos y medios, las cantidades de dinero público desembolsado, y empleado para tales fines, franqueando los límites y líneas rojas de un estado garantista, para agenciarse con la criminalización y vulneración de derechos fundamentales. De esta forma, a pesar de que en teoría en nuestro ordenamiento jurídico, la conducta es un presupuesto imprescindible para el ejercicio del ordenamiento punitivo, por ser el elemento sustantivo del delito, objeto primario de toda valoración jurídico-penal, por cuanto como dijera el profesor Antón Aroca, “el concepto de acción es central en la teoría del delito ya que el hombre no delinque en cuanto es, sino en cuanto obra”, todo se da por sentado desde una  fase inicial, en este tipo de conductas, prejuzgando ab initio unos hechos que suelen desembocar en la condena, con un tratamiento absolutamente desigual y arbitrario en la fases del Juicio oral  hacia  las defensas, en relación con la mantenidas por el Ministerio Fiscal, y Acusaciones particulares, por cuanto que se parte de la premisa de que los hombres en modo alguno pueden ser objeto de sufrir violencia a causa de su género, por lo que en modo alguno pueden ser sujetos oprimidos. Lo que les impediría, incluso, su legítima defensa frente a una supuesta agresora.

Todo el enfoque de la Ley presupone como acto puro de convicción irrefutable, una denuncia de una mujer sin el más mínimo atisbo de acerbo probatorio que la sostenga aunque ello afecte  directamente al principio penal in dubio pro reo, principio de valoración de la prueba en el proceso penal, al de igualdad legal de las personas por discriminación de sexo, artículo 14 C.E, al de presunción de inocencia al culpabilizar a priori y a posteriori sin posibilidad de redención ni retroacción, en suma a la inversión de la carga de la prueba, estableciendo una pretendida culpa por estirpe, propia de otro tiempo, ejercitando el derecho penal de autor, frente al del hecho, así como al principio de tipicidad manifestación a la par del principio de legalidad, que exige la más estricta adecuación entre la conducta prohibida descrita en el tipo y el hecho cometido por acción u omisión, sin posibilidad de aplicación analógica en ningún caso.

LA INDUSTRIA DEL GENERO

Quien vive de la industria de género sabe que una condena, supone más dinero, generando vías de conseguir más fondos y más poder. De esta forma se instaura un sistema punitivo, ilícito e intolerable sobre el hecho consumado de que el hombre por naturaleza, es culpable.

El principio de igualdad de armas, proyección del artículo 14 C.E, queda abolido, y la presunción de inocencia, derogada. Este, sustituido por el principio de veracidad de quien denuncia, al hombre. Se valida el testimonio automáticamente, sin evaluación de esa veracidad. Sin detalle ni espíritu crítico. Lo que es inadmisible y se estampa con la Constitución.

Ello sin duda supone la perversión y degradación del sistema, que tira por la borda los criterios legales, el derecho sustantivo y la ley positiva, adopta criterios ajenos al Derecho, y con ello, acaba con los principios ordenadores que rigen el proceso mínimamente garantista, causando la muerte civil del individuo.

¿Es que todo vale como acatamiento a unos idearios concretos? La aplicación de la Ley en estos términos se aparta de todos los principios y exigencias de un sistema garantista, causando flagrante indefensión. Y todo ello aunque no exista prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, por cuanto los Tribunal se ven constreñidos al testimonio de las mujeres, aunque no existan pruebas adyacentes que la confirmen.

Desde SOMOS condenamos y rechazamos cualquier violencia que se cometa entre las personas, con independencia de quien la ejercite. Las personas, sin distinción de sexo, edad, color o religión, pueden ser víctimas y/o agresoras en un plano de igualdad y es por ello que la citada Ley que utiliza el término violencia de género exclusivamente para la atención de mujeres víctimas de maltrato por parte de un hombre, pues al revés es considerada violencia doméstica, lo que implica una pena inferior, no solamente no refleja exactamente una realidad, pues se ignoran los datos, se ocultan, sino que por sí constituye una aberración jurídica.