El supuesto diálogo –más monólogo independentista que otra cosa- no existe, es una fantasía imposible entre dos posturas contrarias, pero no es así. Ambas partes tienen un común y desvergonzado, amén de ilegal e ilegítimo, propósito compartido. La desmembración de España. El gobierno socialista, felón y traicionero, se sienta a tratar la cuestión catalana sabedor de que va a perder la partida. Los secesionistas, conocedores de la debilidad del ejecutivo, humillado por las exigencias de sus socios de cuadrilla, claudican miserablemente, cobardemente e incondicionalmente ante las exigencias de los delincuentes del llamado “pruces”.  Es grotesca y ridícula la farsa que se ha montado alrededor de un asunto de notoria, deleznable y extrema gravedad. La unidad de España está amenazada por la traición, continuada y reiterada, de unos y de otros. La farsa pierde su teatral comicidad para convertirse en una tragedia de feos pronósticos y peores augurios para el futuro de nuestra Patria.

 

          ¿Qué hacer pues? Dos cosas con carácter inmediato. Una, movilizar a la ciudadanía y a nuestros compatriotas en todos los rincones de España. Convocar a los españoles en todas las plazas de España y del territorio nacional para manifestar su enérgico rechazo a la actuación del gobierno central. Junto a esto, preparar la vía judicial de forma ágil, efectiva y masiva. La ley nos asiste, la legalidad vigente nos acompaña, la legitimidad que inspira la iniciativa judicial es justa y la impenitencia y rebeldía reiterada de los golpistas es prueba suficiente para iniciar, a nivel individual o a través de los partidos contrarios a tamaño atropello, denuncias y querellas criminales, absolutamente imprescindibles. La movilización social es de capital importancia para hacer saber que a España no se la vende ni entrega como garantía de cobro de un apoyo político, viciado y adulterado, para mantener en la poltrona al infame presidente de gobierno del todavía Reino de España. Así de claro.

 

          Pero no solamente esto, se puede hacer más. En todas las instituciones  provinciales o regionales se debe emitir una declaración de reprobación de la actuación gubernamental. La recogida de firmas está muy bien, pero se necesita más. Hay que crear una opinión pública, desde los medios de comunicación no afines a Moncloa, para desmontar la mentira y la traición que se viene efectuando, con desvergüenza y prepotente soberbia. A mí, a título personal, sin ningún complejo ni exhibicionismo de gallardía, califico como auténtico golpe de estado las diligencias instruidas por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Créanme que no es una exageración, es tan real como que se ha dinamitado el imperio de la ley, el marcado por la Constitución y el código penal.  La razón nos asiste y el sentido común –si todavía no lo hemos perdido- también.

 

          La denuncia ante el Tribunal Constitucional debería estar ya redactada y presentada. No se puede dejar pasar el tiempo, pues juega en contra del interés general del pueblo español. En todos los juzgados de España se deben formalizar querellas en este sentido. La banda de la Moncloa y los corsarios catalanes que amenazan nuestra integridad territorial deben ser puestos ante el juez. La vía política es importante, pero lo es más aún la vía judicial.

 

          No hay nada que negociar, no hay nada de lo que hablar, no hay ninguna petición que atender que no se atenga a derecho. Todas las reclamaciones independentistas adolecen de legitimidad y legalidad. Pero en esto ya conocemos el percal con el que lidiamos, lo que es inaceptable es que, quien tiene el deber de garantizar el estado de derecho, se avenga a plantearse condición alguna impuesta, no propuesta, por la anti España de la piratería nazionalista. Pero, no conformes con iniciar relaciones adulteras y proscritas con delincuentes, se les da patente de corso para que prosigan en sus fanáticos empeños de ruptura y rebelión. Pedro Sánchez, con la aquiescencia de su corte política y ministerial que, sin la menos duda les convierte en cómplices del delito de Lesa Majestad, se proponen romper las reglas del juego democrático, es decir, modificar el código penal para allanar y abrir la puerta a la república catalana. No solamente se pervierte la verdad, sino se aspira a legalizar el delito perpetrado, comprobado y demostrado, reiterado y anunciado, del gobierno de la Generalidad.

 

          ¿Y después? ¿Qué ocurrirá tras la rendición de España? Es muy evidente la respuesta. Nuestra Patria será condenada a su extinción como siempre la hemos sentido y como casi nunca se ha comprendido. No se puede defender a lo que no se ama. Las partes del supuesto diálogo no aman a España, la odian y la repudian sin complejos, sin miramientos y decoro alguno. Por doquier aflorarán las ladinas reivindicaciones  inspiradas en lo ocurrido. Se ha creado un precedente horrible e inaceptable que a buen seguro tendrá secuelas irreversibles, incurables y endémicas. Se ha creado la Escuela de la Felonía y la Traición, dirigida por el narcisista, sectario y demagogo, Pedro Sánchez. La infidelidad, deslealtad, perfidia, vileza, insidia, el perjurio, la falsía, la felonía, o la delación cobran una naturalidad que convierte el vicio y el delito en virtud, la verdad en mentira pregonada a los cuatro vientos, la conjura, el complot y la maquinación contra nuestra Patria en método político de trabajo.

 

         Espero, deseo y aspiro a que todavía se pueda revertir la situación, estamos a tiempo de evitar un suicidio colectivo como nación, si no reaccionamos y reivindicamos nuestro derecho a ser gobernados con justeza y conforme a la legitimidad y legalidad que nos –supuestamente- guarda y protege. No es momento para la desidia, el conformismo, la indiferencia o la indolencia. ¡¡¡¡ESPAÑA DESPIERTA!!!.