En el pueblo de Campanario (Badajoz) el partido socialista ha vuelto ha protagonizar un nuevo episodio de odio a la fe y de venganza al querer destruir las inscripciones fúnebres de los caídos en la Guerra Civil que están en la parte exterior de la parroquia del pueblo. Lo peor no es eso sino la traición del Arzobispado de Mérida-Badajoz, que tras recibir una cuantiosa subvención, no pone ningún obstáculo a esta ignominia. Francisco Javier Morillo-Velarde, uno de los familiares de los caídos nos explica más detalles de la situación para El Correo de España.

¿Cómo nace la traición de la Iglesia al firmar un convenio con el Ayuntamiento y qué consecuencias tiene?

La Iglesia firma un convenio con la Diputación de Badajoz el 6 de Marzo de 2018 mediante el cual, en el punto 3º.-(Dotación presupuestaria), la Diputación otorga una subvención nominativa al Arzobispado de 200.000 euros para la reparación de templos y edificios parroquiales, incluidos los bienes muebles, situados en la provincia de Badajoz y correspondientes a la Diócesis de Mérida-Badajoz. Por su parte, el Arzobispado de Mérida-Badajoz, en la cláusula 7ª.-(Obligaciones del beneficiario) se compromete a adoptar las medidas oportunas para la retirada de placas, escudos, insignias y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura que se localicen en los inmuebles del Arzobispado de la provincia de Badajoz.

Las consecuencias de todo ello es que nos resulta muy complicado tumbar ese convenio y pone muy difícil que prosperen los recursos. Las opciones pasan por el hecho de no considerar un “vestigio franquista” los nombres de nuestros familiares, ya que se trata de víctimas, no de personas que estuviesen implicadas en algún tipo de represión.

Ya quisieron hacerlo en 2018 y varios falangistas os opusisteis…

En 2018, cuando los familiares tuvimos conocimiento del convenio firmado, supimos que cabía la posibilidad de que los nombres de nuestros familiares fuesen incluidos en ese catálogo de vestigios franquistas, sin embargo, no fue hasta que en la revista “tu parroquia”, de ámbito local, el párroco informó de la decisión de eliminar los grabados en la piedra de los muros de la Iglesia. En ese momentos nos reunimos los familiares y escribimos al Obispado una carta mostrándoles nuestra decepción y nuestro desacuerdo. También le hicimos saber que nos movilizaríamos contra la decisión publicando en los medios y pidiendo apoyo a quien hiciera falta. Sobre este punto FE de las Jons manifestó su apoyo a los familiares y convocó un acto de repulsa en Campanario pero, por deseo expreso de algunos familiares que prefirieron no politizar el asunto, los falangistas aparecieron por Campanario realizando un acto discreto en el cementerio de la localidad para rendir homenaje a los caídos con la ofrenda de las cinco rosas.

¿Hasta qué punto es grave esta traición del clero?

Es grave no sólo por el hecho de plegarse al cumplimiento de una LMH que rinde honores sólo a los de un lado condenando al ostracismo a los del otro, sino que la Iglesia ha accedido a eliminar los nombres de dos sacerdotes y un seminarista que fueron beatificados en su día y que hoy se encuentran en proceso de canonización. Siempre hemos entendido que los Beatos y los Santos deben ser un espejo en el que mirarse y, por ello, deben colocarse en lugar preeminente de la Iglesia para que sirvan de ejemplo, como sirvieron estos sacerdotes y seminarista mártires. Sin embargo la Iglesia, a cambio de dinero actúa de manera incomprensible.

Por parte del Ayuntamiento es un atropello contra la propia LMH. ¿Por qué?

Realmente es la Diputación de Badajoz quien incumple su propia LMH, puesto que en la misma Ley, en su exposición de motivos recoge que “la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia”, continuando el mismo apartado añade que “la presente ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura”. Y finaliza dicha exposición con las siguientes palabras “es deber del legislador, y cometido de la Ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de los derechos humanos como las entonces vividas”

Por lo tanto, los familiares apelamos al espíritu de la Ley que en su exposición de motivos establece claramente que honrar a las víctimas, y conocer la historia son los fundamentos claros y evidentes de esta Ley, y que el borrado de los nombres de nuestros familiares vulnera de manera flagrante el derecho a la memoria personal, al recuerdo de la historia y a los principios democráticos y de tolerancia.

Por otro lado, la LMH en su art. 1 se establece que “La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar”. Ante esta afirmación, los familiares consideramos que es un hecho patente y objetivo que las víctimas, cuyos nombres esa Diputación pretende hacer borrar, están amparadas por la propia Ley al haber padecido persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra civil y, por tanto, deberán reconocerse y ampliar sus derechos y promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y no al contrario, recortar sus derechos y hacer olvidar su memoria personal.

Por último, la Ley en su art. 15 pto.1 afirma que “Las Administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Es este punto en el que se fundamenta la Diputación para eliminar los nombres de nuestros familiares, sin embargo, los nombres que allí figuran son, en primer lugar, víctimas de la Guerra Civil y como consecuencia de ello, requieren la reparación y protección, con el máximo vigor normativo, y el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, y en segundo lugar, ser víctima de la represión no puede suponer enaltecimiento de la Guerra Civil y, mucho menos, de una Dictadura que ellos no conocieron, sino que representa la memoria de quienes, como víctimas, cayeron como consecuencia de la Guerra Civil y a los que se debe honrar para que la historia no se repita.

Además la iglesia es un lugar de patrimonio cultural.

Efectivamente, la iglesia parroquial, en la que se encuentran las inscripciones, está inscrita en el Catálogo de edificios protegidos con un grado de protección estructural total, por lo que no procedería ningún tipo de reforma, ya que en el art. 15 pto. 2 se afirma: “Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”. Llevar a cabo dicho borrador, supondría vulnerar la ley referente al patrimonio, puesto que según el plan urbanístico, sólo se pueden llevar a cabo obras de restauración, conservación y rehabilitación. En este sentido la iglesia parroquial se ha reformado de manera integral hace muy poco tiempo por lo que no cabe ninguna nueva acción en base a esta salvedad.

¿Qué otros argumentos tienen para recurrir la eliminación de los nombres?

Creemos que la decisión de eliminar las inscripciones de nuestros familiares, víctimas inocentes de la Guerra Civil, no ayuda a cicatrizar heridas, sino a reabrirlas. No se trata de destruir los nombres de unos para honrar a los otros. Creemos que la historia no puede ser utilizada con fines de división o enfrentamiento. Los tristes sucesos ocurridos en mi pueblo causaron un dolor indescriptible a quienes lo vivieron y las generaciones nuevas. Deben tener presente que cuando se siembra el odio se cosechan enemistades, violencia y drama

¿Qué organizaciones y medios les apoyan?

Ha sido para los familiares una inmensa alegría contar con tanta gente que nos ha dado su apoyo. Comenzando por vosotros que nos habéis permitido expresar libremente nuestra opinión, Falange Española de las Jons, que ha puesto a nuestro servicio su gabinete jurídico, la Asociación Hazte Oír, que organizó una campaña de recogida de firmas para enviarlas a la Diputación de Badajoz y ha conseguido, de momento, más de 30.000, Abogados Cristianos, que también se ha implicado en el caso y ya ha comenzado a actuar enviando cartas a la Diputación de Badajoz y ha hecho gestiones con el Arzobispado, Vox, que ha emitido un comunicado de prensa para prestarnos su apoyo y criticar la decisión de la Diputación, la cadena de televisión Toro TV, que emitirá un reportaje sobre los caídos y sobre la situación actual de las inscripciones. En definitiva mucha gente que rema en nuestra misma dirección. Gracias a todos.

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