Camino de los 4000 muertos. Segunda Nación del mundo en muertos por Covid-19 tras Italia. Los frutos de la desidia y la inepcia criminal del gobierno social-comunista adquieren el cariz dantesco cuando sabemos, con absoluta certidumbre, que tres alertas científicas y sanitarias desde enero, pusieron en solfa la realidad letal inminente que se nos venía encima. No obstante lo cual, el gobierno no sólo no hizo acopio de mascarillas y respiradores, no sólo no blindó a la sanidad de España ante la crisis, sino que desparramó idiocia y negligencia para consumar el aquelarre feminista del 8 M y permitir centenares de manifestaciones por toda la geografía nacional.

Por ello Pedro Sánchez y los delegados del gobierno socialistas han sido demandados ante la Justicia española por un abogado que alega prevaricación gubernamental y negligencia criminal, en lo que es, sin lugar a dudas, un atentado contra la salud pública del pueblo español impulsado desde la horda socialista y comunista que sacrificó la vida de miles de españoles con tal de satisfacer las perturbadas filias ideológicas concentradas en un 8 de marzo de 2020. Un 8 M donde el feminismo masificado que bullía en salivazos contaminados, se convirtió en el foco de la tragedia contagiadora de Madrid y de España.

El Estado de Alarma decretado por el gobierno el 14 de marzo, cuando era inminente la inmersión de España en la desolación mortífera, se convirtió, de matute, en un estado de excepción que nos han colado de forma fraudulenta y tramposa para imponer un recorte de libertades y derechos ciudadanos sin precedentes, donde las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de la Constitución española están desde el 19 de marzo anuladas. El Congreso de los diputados sufrió, ese día, la amputación de su función de control al gobierno cuando la Mesa, con la aplastante mayoría izquierdista, aprobó un acuerdo en virtud del cual todas las iniciativas, mociones y preguntas al gobierno de los diputados se suspenden “sine die”. Vox alegó que la Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio y la Constitución declaran expresamente la vigencia de los poderes constitucionales durante cualquier estado excepcional. Pero daba igual. El Congreso fue suspendido en virtud de un extravagante acuerdo de la Mesa de la Cámara baja, como lo había sido el Senado tiempo atrás. En el Senado el PP votó a favor de esa suspensión decretada por la izquierda ( y eso que Cayetana Álvarez de Toledo dijo que “El Parlamento no se cierra ni en guerra”)

Mientras el golpismo institucional de la izquierda ha anulado las Cortes como órgano fiscalizador del gobierno, el Ministerio de Justicia ha dictado una resolución en virtud de la cual los plazos administrativos no se detienen para tramitar expedientes de indulto, que el gobierno retomará sin la obligación de informar a las Cortes españolas, que están suspendidas “sine die” en su potestad de control. Los delincuentes separatistas del “Proces” y los etarras que están siendo acercados en número de decenas a cárceles vascas, están de enhorabuena porque la horda social-podemita va a cumplir la parte del acuerdo de investidura suscrito con Gabriel Rufian y remachado en la infame mesa de negociación celebrada hace semanas entre el ilegitimo gobierno de Sánchez y el ilegal y sedicioso gobierno catalán del inhabilitado Torra.

A este golpismo, legislativo e institucional, que transforma al gobierno social-podemita en absolutista se une el blindaje del comunismo en todo el Estado: aprovechando los Reales Decretos dictados para configurar la “lucha contra la Pandemia”, Pablo Iglesias ha sido consagrado en la Comisión que dirige el Centro Nacional de Inteligencia cambiando por la puerta de atrás la ley reguladora de la institución, de tapadillo y de forma completamente oscurantista. El comunismo chavista español abrevado a las narco-dictaduras sudamericanas, financiado con dinero sanguinario, controla desde ahora las informaciones, datos y estrategias que afectan a la vida, libertad y derechos de todos los ciudadanos y a la seguridad del Estado.

Si nos creíamos que el Estado de alarma iba a ser cosa de una excepcionalidad basada en el reforzamiento de la autoridad gubernativa para recentralizar España y ordenar la vida social ante la crisis nos equivocábamos: el caos médico-sanitario por insuficiencia de medios materiales se acelera, al igual que el colapso hospitalario. El gobierno no ha centralizado nada, más que la Seguridad, basada en sacar a la guardia civil, policía y ejército en todo el territorio. No existe vertebración nacional del sistema de salud para homogeneizar compras de mascarillas, respiradores o camas porque las cacicadas regionales de presidentes autonómicos como Chimo Puig (que ordena silenciar la catástrofe de los hospitales valencianos y las residencias de mayores), de Torra o de Urkullu (que impiden la llegada de ayuda sanitaria al resto de España y a sus ciudadanos), son clamorosas. Si no fuera por la ayuda solidaria de empresas como Inditex que han enviado cargamentos de equipos de seguridad médico sanitaria –algunos de los cuales están siendo retenidos por caciques autonómicos como el valenciano Chimo Puig-, nuestra Sanidad vería a más médicos y profesionales contagiados y muertos –ostentamos el récord mundial en siniestralidad de profesionales sanitarios-.

Pero el golpismo institucional, sanitario y social para contribuir a la muerte de miles de españoles mientras el comunismo se abigarra en las instituciones del poder y de la propaganda, también se extiende a los medios de comunicación.

El rajoyismo, que es ese cóctel repugnante de cobardía e ineficacia, puso a disposición de Atresmedia y Mediaset el poder absoluto sobre el panorama mediático español regalándoles las Licencias, televisiones, frecuencias y subvenciones. Hizo Mariano Rajoy lo mismo que Suarez efectuó cuando regaló a Polanco todas las emisoras de la SER y las ayudas con las que construyó el grupo/imperio del socialismo felipista llamado PRISA. Aznar permitió el famoso “antenicidio” que mantuvo la preponderancia de PRISA y la SER. Son los presidentes de “centro-derecha”, tontos y cobardes, quiénes regalan a la izquierda el poder mediático supremo que envenena a los españoles.

Hete aquí que La Sexta era un medio zombi, que estaba en quiebra cuando Zapatero dejó el poder, y Rajoy, ya en el gobierno permitió su salvación avalando la fusión con Antena 3, y endiosando en el espectro televisivo y mediático al monstruo adoctrinador que hoy ejerce de matón policial contra los disidentes del marxismo gubernamental, a los que estigmatizan como “fake news” o encorsetan en sucintas pero bravuconas amenazas por delitos de odio.

Gracias a que el inepto Mariano Rajoy construyó Atresmedia y, además, por si fuera poco, salvó al grupo PRISA de su quiebra convirtiendo al IBEX en accionista de ese grupo mediático, hoy la libertad de expresión mediática está amordazada.

Está amordazada porque hay un golpe de Estado institucional, social y policial del social-comunismo dado en España aprovechando una alarma sanitaria para imponer una Dictadura camuflada. El despotismo gubernamental y el HAMPA mediático que lo rodea ya se ha cobrado cabezas periodísticas: Alfonso Ussia ha sido sacrificado del medio en el que escribía punzantes columnas de crítica contra el Gobierno- La Razón-. Francisco Marhuenda ha censurado su libre expresión prohibiéndole publicar una columna en la que atacaba al gobierno; para que luego presuma en los patios de la Sexta, como es habitual, de patriotismo e independencia. Ussia escribía en un medio –La Razón- partícipe del imperio ideológico del mal llamado Atresmedia y sabía que tarde o temprano le llegaría su hora.

Por supuesto, los liberticidas mediáticos dirigidos por la inefable Ana Pastor –esposa de Ferreras, el que fuera mentiroso jefe de informativos de la SER que se inventó en el 11M de 2004 el bulo de los terroristas suicidas-, están tratando de guillotinar con amenazas a los digitales que como El correo de España denuncian lo que el podrido establishment izquierdista ni siquiera anuncia. A este podrido establishment izquierdista se unen medios como La Razón, Antena 3, Grupo Planeta… Que son parte de Atresmedia, es decir, del imperio izquierdista de la intoxicación, aunque mucha gente piense lo contrario. Esa es una comidilla mediática tutelada, intervenida y capitalizada a golpe de subvención por el poder; primero de Rajoy y ahora de Sánchez. Un poder al que le molestaba Alfonso Ussia con sus opiniones punzantes.

Nadie escapa del control totalitario de la información que desde el dinero de todos los contribuyentes hace la izquierda sobre unos medios informativos que domina por la entrega y renuncia de la derecha cobarde.

La pesadilla orwelliana dibujada en la novela “1984” parece cobrar fuerza inédita, cuando a España se la está sometiendo a un golpe institucional y político de primera mano para liquidar las instituciones del Estado. Sumir en el caos social anhelado por el comunismo a toda una Nación es la intención última.

Las instituciones del Estado de derecho están anuladas. La libertad ciudadana de expresión está arrinconada. Los grandes medios de comunicación sirven de comparsa al totalitarismo comunista. Somos ciudadanos teledirigidos y vampirizados por unos comisarios del terror que buscan en la nueva crisis económica dramática el caldo de cultivo para explotar su barbarie.

Hoy, cuando les escribo, a los mandos reales del CNI está Pablo Iglesias, el gobierno social-comunista castiga y persigue medios de información libres, los ciudadanos estamos encerrados sine die, nuestros teléfonos móviles están siendo usados ya para controlar nuestros movimientos, el despotismo se ceba con periodistas. ..Y nuestros mayores mueren masivamente en hospitales y residencias por culpa de no tener un gobierno previsor, y sí una panda de desalmados que desde enero y con tres alertas sanitarias dadas, prefirieron llevar a España al matadero a costa de un 8 M feminista convertido en botón trágico de una España que ya está inmersa en el totalitarismo comunista.