Sigue el ejecutivo de Pedro Sánchez haciendo pequeños cambios en las leyes que pasan relativamente desapercibidos, pero que sirven perfectamente a sus fines. El hecho de que a partir de ahora los altos cargos que nombre Sánchez no tienen por qué ser funcionarios abre las puertas para que pueda nombrar  a dedo a personas de su confianza.

Según la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de 1997, los directores generales serán nombrados, a propuesta del titular del correspondiente departamento, «entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente».

La ley contempla ciertas salvedades, justificadas siempre por «las características específicas de las funciones» de la correspondiente dirección general. Es decir, casos puntuales y excepcionalmente motivados. El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha convertido esa excepción en norma para eximir del requisito de ser funcionario hasta a 23 directores generales. 

La excepción afecta, por ejemplo, a la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que seguirá en manos de José Félix Tezanos, o a la Oficina Española de Cambio Climático (OECC).

También, entre otros, a los titulares de las direcciones generales integradas en la Agenda 2030, que gestiona Podemos, como la de Derechos de los Animales, la de Migraciones, la de Inclusión y Atención Humanitaria, la de Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, la de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI o la de Consumo.