El Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix ha sido condenado a pagar 239.364 euros por unas obras de dos pistas de pádel y tres de tenis que se construyeron en 2011 al margen de los procedimientos legales establecidos -su construcción fue ordenada por el alcalde y un cargo de confianza al margen del Pleno municipal-, según recogen dos sentencias, y que además tuvieron que ser derruidas posteriormente por haberse ejecutado con deficiencias técnicas.

Los hechos se remontan a 2011, cuando el alcalde entonces, Jesús Sainz Arias, un tránsfuga del PSOE que montó el partido local AISA y entró al Gobierno tras liderar una moción de censura contra el PP, ordenó el inicio de las obras

 

Según recoge ahora una sentencia del juzgado de lo Contencioso número 1 de Madrid, la contratista, que demandó al Ayuntamiento por impago, comenzó las obras a pesar de que sabía que el alcalde no era el órgano competente para ello, sino que lo era el Pleno municipal.

En esta sentencia se hace referencia a otra sentencia anterior, del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid, donde consta que, el 15 de marzo de 2011, un cargo de confianza del entonces alcalde envió un correo electrónico al aparejador de la contratista de la obra para decirle que «el alcalde me ha informado de que finalmente las nuevas pistas deportivas van a ser ejecutadas por OCA (los demandantes)». 

Ese día, el alcalde asimismo envió un correo electrónico a la arquitecta y al aparejador de la contratista señalando: «¿No creéis que ya va siendo hora de que me digáis qué día van a empezar las obras y que ese día sea lo más pronto posible?».

Se da la circunstancia de que Sainz ordenó parar las obras poco después cuando el PP, en la oposición, denunció que eran irregulares y los servicios técnicos municipales constataron de que carecían de la aprobación definitiva.

El juez en la sentencia condena al Ayuntamiento a pagar por esas obras, porque aunque la contratista no actuó de buena fe, al menos incurrió en unos gastos y el Ayuntamiento aprovechó esas pistas. En la citada sentencia de 2013 se condenó además al aparejador contratado por la empresa que ejecutó las instalaciones a pagar una multa por la comisión de una infracción urbanística.

En dicha sentencia el juez considera que contratista y técnicos se «apresuraron a ejecutar y finalizar dichas pistas en campaña electoral», al margen de los procedimientos legalmente establecidos, «sin más títulos que los apremios del alcalde», que no son suficientes «para iniciar la ejecución de unas obras que carecían de toda aprobación definitiva por el órgano competente».

Así las cosas, el Pleno del pasado 25 de enero aprobó una partida presupuestaria para poder abonar esos casi 240.000 euros por unas pistas que fueron demolidas posteriormente por el Ayuntamiento por entender los técnicos municipales que no se habían ejecutado correctamente y no eran aptas para su uso.

Desde Ciudadanos han pedido al Gobierno local que informe de estos hechos a la Fiscalía por si hubiera un posible delito y responsabilidad penal [el alcalde entonces es en la actualidad edil en la oposición por AISA]. «Nos toca pagar por unas obras que se hicieron con fines electoralistas como recoge el juez y que los vecinos no han usado», señala Ana García, portavoz de Ciudadanos en la localidad.

García critica además la actitud del PSOE en el pasado pleno, cuando acusó a Ciudadanos de "estar en campaña electoral" por denunciar este tema en la sesión. "Me parece increíble que el PSOE no denunciara nada ni actuara antes, igual es que sólo lo hacen en campaña electoral", precisa.