Entrevista con Marcin Romanowski, viceministro de Justicia de Polonia, en su despacho del Ministerio de Justicia en Varsovia.

Durante la crisis migratoria provocada por el gobierno bielorruso contra Polonia y los países bálticos, fueron muy llamativas las acciones de activistas de extrema izquierda que han sido detenidos dañando la valla fronteriza. ¿Cuál es la situación ahora en la frontera?

Esta situación ya no es posible gracias al estado de emergencia decretada por el Estado. También creo que estos grupos se han dado cuenta de que no cuentan con el apoyo de la gran mayoría de los polacos, que están preocupados por la seguridad y por esta guerra hibrida que se está llevando a cabo por el régimen de Lukashenko. De todos modos, en esta crisis está muy claro que la respuesta del gobierno polaco es conforme a con nuestras obligaciones como miembro de la comunidad de derecho internacional. No se trata de una crisis de refugiados, sino de una crisis de migración organizada y pagada por las autoridades bielorrusas. Estoy más que seguro de que puedes entender la diferencia.

Sí, he estado en Bielorrusia y pensar que un migrante puede llegar de ese modo a la frontera es inconcebible.

Así es. El único caso de refugiados que tenemos desde Bielorrusia es el de los miembros de la oposición democrática, pero no de personas procedentes de Afganistán o de Irak. Esta el caso de Kristina Timanovskaya, que participaba en las Olimpiadas de Tokio y que ha sido acogida en Polonia o el de los partidarios de la oposición que se han refugiado aquí o en Lituania. Son dos problemas totalmente distintos.

En este caso Polonia cuenta incluso con el apoyo de la Unión Europea.

Exactamente, es algo insólito. Sin embargo, el problema de la inmigración que afecta a Europa debe ser resuelto, pero no de la forma en que se planteó en 2015. Ahora muchos gobiernos no quieren repetir la experiencia, aunque sigan llegando a Europa grandes cantidades de inmigrantes que se emplean como mano de obra barata en muchos países o para resolver el problema demográfico. El reto al que se enfrenta Europa provoca un problema de choque de civilizaciones, de excesiva influencia de culturas como la islámica que no comparten nuestros valores y por tanto no se integran en la sociedad europea. Para nosotros, esta ola de inmigración de 2015 fue un plan demográfico y cultural para rediseñar la sociedad europea. Recuerdo que en Alemania, por ejemplo, las diferencias hace veinte años y ahora son enormes. El problema de la inseguridad y otros problemas actuales no existían hace veinte años. No queremos que eso ocurra en Polonia.

La inseguridad es un problema cada vez mayor en Alemania, Francia o España, donde cada vez son más frecuentes los guetos o las ‘no go zones’. No sucede lo mismo en Polonia.

Polonia es un país muy seguro. No tenemos problemas de criminalidad gracias a las políticas del gobierno y, precisamente para que eso no cambie, no vamos a cambiar ni un ápice nuestra política.

En Hungría ha salido adelante una ley de protección de la infancia que ha sido duramente atacada desde Europa por una supuesta “lgbtfobia”. ¿Se han planteado formular una ley similar en Polonia o actualmente no la necesitan?

En mi opinión, en Polonia tenemos los mismos problemas. Podemos verlo con lo que acaba de suceder en Europa con esta propuesta de la Comisión resumida en una frase: “matrimonio gay en un país, matrimonio gay en todos los países”. Todo esto trata de pasar por encima de los tratados firmados y de imponer el matrimonio homosexual en Polonia y Hungría en base a la libertad de movimientos. Sin embargo, está claramente especificado en los tratados y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que el matrimonio y la familia se determinarán de acuerdo con las leyes nacionales, no por la agenda ideológica de la UE. No cederemos a estas presiones y, por supuesto, no añadiremos a nuestro registro civil estas uniones del mismo sexo realizadas en otros países. Para nosotros, un matrimonio es la unión de un hombre y una mujer.

Hemos tenido algunos problemas con las acusaciones de desigualdad y discriminación contra Polonia y contra algunos gobiernos locales. Habrá oído hablar de las ‘zonas libres de LGBT’ que, por supuesto, no existen. En realidad, fue una respuesta testimonial de cientos de gobiernos locales a la propaganda de género imperante. La Unión Europea ha intentado chantajear a estos gobiernos locales para que cambien de opinión utilizando el argumento del dinero y de retirar los fondos europeos. Así que, en general, tenemos la misma situación que Hungría. Nuestra Constitución dice, en el artículo 18, que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y, en la intención de sus autores, vemos que esta disposición concreta se hizo para abordar los problemas que tenemos hoy en día. Esta definición tan exacta del matrimonio se hizo así porque los miembros del parlamento eran conscientes de que enfrentaríamos este problema en el futuro.

El problema principal de la protección del matrimonio y de la familia es el de hacer frente a los ataques ideológicos organizados por la UE y, en parte, desde las ONG en donde se pueden encontrar vínculos con Soros. El mes pasado se publicó un informe sobre la aplicación del Convenio de Estambul en Polonia y, en general, el informe dice que no hay un problema real de violencia doméstica o violencia contra las mujeres La principal acusación contra Polonia es la falta de aplicación de la ideología de género. Por nuestra parte, deberían saber que nunca decidiremos basar nuestro sistema jurídico en una ideología subjetiva y destructiva.

Una ideología de género que, según la presidenta europea Ursula von der Leyen, es el centro de los valores europeos.

En mi opinión estos son antivalores, todos sabemos que los verdaderos valores europeos son los valores cristianos Ahora tenemos otro grave problema, precisamente porque hemos olvidado estos valores y hemos dado un nuevo significado a los valores fundamentales y a los derechos humanos. Hoy en día, sirven más bien como una especie de herramienta política que permite a las élites neoliberales imponer su agenda política en nombre de los reconstruidos y depravados “derechos humanos”, que en realidad son su negación.

Como parte de esta recuperación del verdadero significado de los derechos humanos, las iniciativas académicas parecen ser cruciales. Tengo entendido que el Ministerio de Justicia está comprometido en este campo a través de la Academia de Justicia.

De hecho, la Academia de Justicia ha ampliado recientemente su programa académico con la apertura de la Facultad de Derecho. La universidad es responsable de la preparación de la escuela de futuros funcionarios judiciales. Además, en enero de este año comenzó a funcionar el Instituto de Investigación de Políticas Europeas, que es una iniciativa muy interesante teniendo en cuenta el problema de las élites, la educación superior y la investigación. Tenemos que entender que la revolución neomarxista y la “Escuela de Frankfurt” se han convertido en la ideología principal y exclusivamente permitida en las universidades, por lo que este tipo de contrarrevolución es parte de nuestra tarea. En Polonia decimos que “un pez se pudre de la cabeza para abajo”, es decir, un Estado cae cuando su dirección se ha podrido.

El mismo problema que se ha producido en las universidades puede verse en nuestro poder judicial. La élite comunista y su influencia nunca fueron eliminadas de la academia ni de los tribunales, los antiguos comunistas se adaptaron a las circunstancias actuales y ahora nos enfrentamos a la falta de libertad de expresión e investigación en las universidades. Muchos estudiantes conservadores o cristianos tienen miedo de expresar sus opiniones abiertamente por los problemas que podrían tener en sus exámenes. Hubo numerosos actos de discriminación contra profesores e investigadores conservadores, por ejemplo en Katowice, Torun o Varsovia. El problema es generalizado en toda Polonia y la reforma realizada hace dos años no lo ha solucionado. Por eso, iniciativas como nuestra Academia de Justicia (Szkoła Wyższa Wymiary Sprawiedliowści) y otros proyectos son una forma de crear un espacio real para la libertad de expresión y de investigación. Es crucial para oponerse a la reconstrucción de los derechos humanos y de los valores europeos a los que nos enfrentamos hoy en día.