Es preciso recordar la evolución política de fondo desde la transición. Tras la muerte de Franco se abrió la posibilidad de una evolución a la democracia, desde o contra el  franquismo.  La segunda opción (“ruptura”) significaba depositar la legitimidad histórica y democrática en el Frente Popular, amalgama de separatistas y totalitarios presentados como “republicanos demócratas”. En una jugada maestra, Torcuato Fernández Miranda abrió paso al reconocimiento democrático de la legitimidad histórica del franquismo, en el referéndum de 1976, demostrando que el antifranquismo rupturista carecía de fuerza popular. Esa legitimidad fue minada  progresivamente por los rupturistas,  una tarea difícil  que exigía paciencia y tenacidad, pero favorecida por una derecha “falta de formación histórica e ideológica, y por ello condenada a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda”.  Un hito en este largo proceso corrosivo lo cumplió Aznar en 2002 al condenar el alzamiento del 18 de julio, y de paso, implícitamente, el referéndum del 76. A partir de ahí, el proceso se aceleró con Zapatero y con Rajoy. Después, puede decirse que solo quedaban dar los últimos pasos hacia la disgregación de España. 
La labor disgregadora fue acometida especialmente por los separatistas catalanes, auspiciados y financiados por los gobiernos del PP y del PSOE, e ideológicamente por todo el arco antifranquista, desde la ETA al PP. Y llegó al referéndum de 2017, que ya abría camino directamente a la secesión de Cataluña y desintegración de España. Fue entonces cuando Felipe VI frenó la deriva con un discurso histórico, obligando a un renuente y saboteador gobierno de Rajoy a tomar algunas medidas.  Por primera vez en cuarenta años, los opositores a los separatismos, ninguneados hasta entonces,  se vieron arropados por una gran autoridad. Aquel discurso cambió la situación política en España. Uno de sus efectos fue el impulso de VOX, hasta entonces ninguneado y silenciado por los demás partidos, sobre todo por el PP. VOX consiguió también que algunos de los golpistas fueran a la cárcel. No obstante, PP y PSOE siguieron cooperando con los golpistas, inaplicando la Constitución y permitiéndoles actuar como gobierno independiente con sus “embajadas” y aparato de propaganda en el extranjero. 
La llegada del Doctor y su pandilla al poder, ha acelerado nuevamente el proceso, aunque, por primera vez, encuentra una oposición real en VOX. Y en Ayuso, por cierto. La maniobra actual del PSOE tiene dos aspectos: un golpismo en complicidad con los golpistas  catalanes, y provocación de una gravísima crisis constitucional, obligando al rey a hacerse cómplice a su vez,  firmando un acto radicalmente ilegal, anticonstitucional y antiespañol. Ya Juan Carlos firmó la ley de memoria histórica, primer paso a la deslegitimación de la propia monarquía. Y ahora se le daría casi el tiro de gracia. El rey tiene la obligación absoluta de negarse, por mucho que su decisión llevara consigo un conflicto del mayor calado.
Pues bien, esta maniobra puede volverse fácilmente contra sus promotores. Constitucionalmente, el rey tiene obligación de firmar (“expedir”) las decisiones del consejo de ministros, pero  las medidas de gracia son la excepción: el rey no las “expide”, sino que las “ejerce”, y el gobierno meramente las propone. Si el rey rechaza  los indultos, el conflicto y crisis constitucional se transforma en mero conflicto y crisis de gobierno, y la única salida es la dimisión del Doctor y su banda,  y la convocatoria de elecciones… a menos que el gobierno se declare abiertamente en rebeldía.
Andan por ahí  muchos peperos especulando con un aplazamiento del problema hasta que juzgue el Tribunal Constitucional. Al respecto es preciso tener esto en cuenta: 
a) La unidad de España no depende de una interpretación constitucional, ni de la Constitución. Esta no declara la unidad, sino que la reconoce. La unidad está por encima de la Constitución, es lo que permite la existencia de esta, y no a la inversa.
b) Por este reconocimiento, el indulto es anticonstitucional y además técnicamente ilegal porque los indultables no se han retractado de su golpismo y se mantienen en plena y abierta rebeldía. Por lo tanto, los indultos son actos de colaboración con el golpismo por parte de otros golpistas.
c) El rey no puede justificar su negativa a firmar sobre la base de cómo interprete el TC la palabra “ejercer”. El TC ha demostrado repetidas veces su bellaquería y cobardía al servicio de los partidos, haciendo constitucional lo que es abiertamente  anticonstitucional. Puede defender la legalidad o alinearse contra ella, no hay la menor seguridad.
d) La negativa del rey solo tendrá efecto si viene acompañada de una explicación clara y convincente del carácter golpista de los indultos,  dirigida a la población, como en 2017. Es seguro que con ello se ganará el apoyo de la mayoría de los españoles, como cuando el referéndum golpista.  Solo con la presión de esta mayoría es posible que el TC admita como inconstitucional lo que evidentísimamente lo es, y que el gobierno dimita
e) De lo que se trata es, como dije antes, de convertir una crisis constitucional en crisis de gobierno, que seguramente perdería la banda mafiosa del Doctor. Y más si se declarase en rebeldía abierta.
Nos encontramos en una situación histórica que puede empezar a revertir el proceso frentepopulista  de los últimos años. Todo dependerá de que el rey vuelva a ser valiente ante los matones como en 2017. Si no fuera así, habría firmado la sentencia de la monarquía y de muchas cosas más.