Desde la llegada al Gobierno de la coalición socialcomunista la política española se ha convertido en una suerte de crónica negra, en la que el ejercicio del poder no es otra cosa que una infame sucesión de acontecimientos que tienen como principal objetivo enterrar el espíritu de concordia que animó la transición española, el cual, a pesar de una deficiente materialización permitió a España mantenerse en la senda de la convivencia pacífica, del progreso y de la prosperidad. Así, en un obsceno alarde de abuso de poder por parte de la coalición izquierdista instalada en la más absoluta radicalidad, hemos asistido en un breve lapso de tiempo a la subversión del orden constitucional, a la degradación del Estado de Derecho hasta cotas inconcebibles, a la deslegitimación de las instituciones del Estado, con la Corona en el punto de mira, a la eliminación de facto de la separación de poderes por la existencia de un Poder Ejecutivo que tiene sometido al Poder Legislativo y controlado al Poder Judicial y, como corolario inevitable de todo ello, al cercenamiento de los derechos y libertades individuales de  los españoles. La finalidad última de todo ello no es otra que eliminar el Estado social y democrático de derecho y la Monarquía Parlamentaria, para, en su lugar, implantar una República Plurinacional de orientación neomarxista y carácter nítidamente confederal.

Esta agenda ideológica rupturista se ha visto reforzada en extremo por el vergonzoso pacto establecido por la coalición socialcomunista con fuerzas políticas golpistas y filoterroristas, que no tiene otra hoja de ruta que la destrucción de la unidad y permanencia de la nación española.

Pero para que este proyecto colectivista y totalitario pueda culminar con éxito resulta fundamental imponer un “pensamiento único”, para así eliminar cualquier tipo de disidencia ideológica. En consecuencia, con su implacable lógica marxista, este nuevo Frente Popular, nacido por el afán de poder y unido por la aversión a la hispanidad, ha volcado buena parte de sus esfuerzos en el adoctrinamiento y la supresión de las libertades de expresión e información.

Las declaraciones realizadas antes de llegar al Gobierno por Pablo Iglesias –ese ser irremediablemente orgulloso de proceder de la aristocracia del crimen organizado- en el sentido de que el hecho de que “existan medios de comunicación privada ataca la libertad de expresión” ya ponía de manifiesto, por un lado, su desprecio al derecho que otorga a los ciudadanos la decisión de expresar lo que piensan y, por otro lado, la mordaza que su llegada al poder podría traer consigo. Poco tiempo después, ya gobernando los socialcomunistas, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, con la finalidad de tapar la nefasta gestión de la pandemia por coronavirus llevada a cabo por el comité de expertos nombrado por el Ministerio de Sanidad, declaraba que desde la Moncloa se había decidido monitorizar las redes sociales para minimizar las críticas al Gobierno, con lo que la amenaza a la libertad de expresión que se barruntaba entre bambalinas tras la llegada al poder de la funesta coalición entre socialistas y comunistas no hizo otra cosa que confirmarse.

No obstante, con ser todo ello malo para la salud democrática del país, lo peor estaba aún por llegar. Así, el Gobierno socialcomunista ha vuelto a situar a los medios de comunicación y redes sociales en su punto de mira, anunciando en el BOE la creación por parte del Consejo de Seguridad Nacional de un Comité –dirigido por Iván Redondo, jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación- cuya función será la de monitorizar la información e impedir su difusión cuando considere que se trata de “fake news”. 

En consecuencia, haciendo caso omiso del artículo 20 de la Constitución, que establece el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, sin que ello pueda restringirse mediante ningún tipo de censura previa, salvo que haya una resolución judicial que así lo establezca, Pedro Sánchez -ese narcisista patológico, carente de todo principio moral- ha hecho realidad la distopía orwelliana, creando una especie de “Ministerio de la Verdad” que determinará que contenidos informativos son verdaderos o falsos y, a partir de dicha consideración, establecerá si pueden ser difundidos o no. De esta forma, como anticipó George Orwell, en su obra “1984”, el “Gran Hermano” nos vigilará a partir de ahora y una “policía del pensamiento” velará por todos nosotros, desde la convicción de que “La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza”. 

En cualquier caso, resulta ciertamente el colmo de la hipocresía que P. Sánchez haya impulsado tal comité censor con la excusa de perseguir las “fake news”, cuando el Consejo de Transparencia le ha puesto varias veces en evidencia precisamente por propagar bulos, como el de la existencia de un comité de expertos responsable del retraso en la desescalada de la Comunidad de Madrid o que hubiera un informe de la Universidad Johns Hopkins según el cual España ocupaba el quinto puesto del mundo en la realización de test diagnósticos de infección por coronavirus. En definitiva, demasiadas mentiras procedentes de aquel que supuestamente quiere acabar con los bulos, demostrando los hechos que lo que realmente pretende es controlar y manipular a la opinión pública. 

A la vista de lo expuesto, ya no cabe dudar de que la arbitrariedad, la intolerancia y el totalitarismo son las verdaderas señas de identidad de este Gobierno socialcomunista, que pretende acallar a todo aquel que no comparte sus siniestras ideas, para, de esta forma, una vez silenciada la disidencia, llevar a cabo su proyecto dictatorial en medio de la impunidad más absoluta.

Señalaba Aristóteles que “El hombre es un ser social por naturaleza”, pero para que este rasgo propio del ser humano pueda desarrollarse en todo su magnitud se hace preciso un escenario donde la libertad individual pueda ejercerse sin más cortapisas que las que impone el imperio de una ley emanada no de recónditos conciliábulos, sino del previo acuerdo de una ciudadanía soberana y consciente de su responsabilidad. 

De otra forma, como ocurre en todos los regímenes socialcomunistas, el ser humano queda reducido a un simple autómata incapaz de pensar por sí mismo y por ello alienado y esencialmente aislado en medio de una multitud que trabaja y consume sin saber tan siquiera porque lo hace, pero que sigue haciéndolo día tras día a lo largo de su estéril existencia, quizás porque la fuente de las emociones, tempranamente obliterada, hace ya mucho que se secó irremediablemente. Y envolviendo este sombrío panorama de forma inevitable se levanta una ciudad más sombría todavía, cercada por un infranqueable muro que la convierte en infinita prisión. 

Aunque el panorama dibujado pueda parecer un tanto exagerado, lo cierto es que desde que el fantasma del comunismo apareció sobre la faz de la Tierra, este tipo de situaciones no han dejado de producirse. De hecho, mucho nos tememos que España esté cerca de precipitarse en el abismo que supone la instauración de un régimen de carácter neomarxista y populista. Por ello, en consonancia con las palabras de Víctor Hugo que señalaban que “Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho”, entendemos que el pueblo español tiene en el momento actual la obligación de luchar con todas sus fuerzas frente a la deriva totalitaria emprendida por el gobierno socialcomunista, para así poder recuperar las libertades perdidas. Sea como fuere, si así actuamos, jamás olvidaremos que cuando fue necesario formamos parte de la “resistencia”.