En Alcorcón, según se ha señalado en el programa "Espejo Público", el alcalde está utilizando una ordenanza que protege la dignidad de la persona para sancionar con multas a todos los que le critican o le insultan. El dirigente político afectado se defiende alegando que él no es el que impone las multas y que las sanciones se están determinando conforme a una ordenanza que regula la convivencia de los ciudadanos.

Desde una perspectiva jurídica, la citada ordenanza, aprobada por el PSOE en el año 2007, puede ser cuestionada por diversas razones. El artículo 9 de la norma recoge una regla por la que se podrá sancionar todo acto que atente contra la dignidad de la persona, siendo el precepto bastante ambiguo en lo que al establecimiento del hecho sancionable se refiere.

La dignidad de la persona forma parte del fundamento del orden político y de la paz social, pero no puede justificar sanciones de un modo directo, pues se requiere, para fijar las infracciones, una descripción precisa y taxativa, de forma que no puedan castigarse actividades arbitrariamente.

Lo kafkiano es que la misma normativa que se quiere aplicar para defender la dignidad de la persona se podría estar aplicando para atentar contra ella. Es el problema de la arbitrariedad, que puede llegar a generar resultados absolutamente incoherentes e indeseables.

Si se producen calumnias o injurias hay otros medios más neutrales para lograr sanciones e indemnizaciones. El Código Penal recoge los delitos de calumnias e injurias y la Ley Orgánica 1/1982 determina el derecho a indemnización de aquellas personas que sufran lesiones en sus derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

En cualquier caso, todavía queda mucho por ver en lo que a este asunto se refiere. Al fin y al cabo, lo que esconde este polémico suceso es un conflicto político.