Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, se creó en 2004 para ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE. En España está presente en las islas Canarias, donde llegaron siete agentes en noviembre de 2020 que pasaron a ser 28 en diciembre debido a la presión migratoria. Frontex tiene su sede en Varsovia y está financiada con los presupuestos de la UE y con las contribuciones de los países asociados a Schengen, alcanzando en 2020 los 420,6 millones de euros (un 34,6% más que en 2019). La importancia de Frontex no solo se refleja en el aumento de su presupuesto, la organización es una de las prioridades de la Unión Europea y está previsto que su personal pase de los 1.000 efectivos actuales a los 10.000 en los próximos años.   

Pero el pasado 27 de enero Frontex entraba en la interminable pugna política de Bruselas contra el gobierno de Viktor Orbán. Su portavoz, Chris Borowski, anunciaba que “Frontex ha decidido suspender sus actividades operativas en Hungría. Nuestros esfuerzos comunes para proteger las fronteras exteriores de la UE solo pueden tener éxito si nos aseguramos de que nuestra cooperación y actividades están plenamente en consonancia con las leyes de la UE”. Borowski se refería a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 17 de diciembre de 2020, que, entre otras cosas, condenaba a Hungría por las devoluciones en caliente de migrantes a Serbia (2.346 según los datos oficiales). La sentencia del TJUE señala que, al escoltar por la fuerza a los solicitantes de asilo al otro lado de la valla a pocos metros de la frontera entre Hungría y Serbia, las autoridades policiales húngaras están deportando a los migrantes a una franja de tierra en la que no hay infraestructura disponible y violando el derecho de la UE y el derecho internacional, ya que en la práctica los migrantes no tienen más remedio que abandonar el territorio de Hungría y partir hacia Serbia sin posibilidad de recurso legal. Borowski también señalo que las operaciones conjuntas podrían reanudarse de inmediato una vez que las autoridades húngaras acatasen el fallo del tribunal, hasta entonces los 20 agentes de Frontex destinados en Hungría serán enviados a las fronteras de países cercanos.

La decisión de Frontex llega después de una campaña iniciada el 18 de enero por la rama húngara de la ONG “Comité de Helsinki”, una de las muchas organizaciones financiadas por la Open Society Foundation (OSF) de George Soros. La ONG, que acusa al gobierno húngaro de haber cometido 50.000 devoluciones desde 2016, pidió a Frontex que reconsiderase “su colaboración con la policía húngara que mantiene una práctica infractora”. La influencia de esta campaña no debe ser desdeñada. En febrero de 2020, Grégor Puppinck y Delphine Loiseau presentaron un informe que demostraba que entre 2009 y 2019 al menos 22 jueces de los 100 que sirvieron en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fueron exfuncionarios o colaboradores de siete ONG, la OSF y otras seis financiadas por ella entre las que se encontraba el Comité de Helsinki. 

El anuncio de Borowski también ha sido del agrado de la élite de Bruselas. La Comisaria europea de Interior, la sueca Ylva Johansson, escribía en Twitter: “Después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de diciembre que exigía a Hungría detener las devoluciones a Serbia, la suspensión de las operaciones fronterizas de Frontex en Hungría es bienvenida”.

7KoeKmaHijXiKeBcs

Zoltán Kovács y Judit Varga

La respuesta del gobierno húngaro no se ha hecho esperar. La ministra de Justicia, Judit Varga, señaló que Hungría había cumplido hasta ahora con todas las normas. “Irónicamente, mientras los países europeos luchan y cierran sus fronteras para proteger a sus propios ciudadanos contra una pandemia hasta ahora desconocida, esperan que Hungría deje que multitudes de migrantes invadan Europa. Nuestro objetivo es proteger nuestro país”. 

Varga también señaló que, según las normas internacionales, Serbia es un país seguro, lo que significa que los migrantes ilegales en Hungría devueltos al país balcánico no corren ningún peligro. “Serbia no es simplemente un país seguro, sino que es un candidato a la UE con el que estamos llevando a cabo conversaciones para su plena adhesión. En estos tiempos difíciles, cuando la vida de las personas está en juego, se necesitan informes objetivos e imparciales”.

Zoltán Kovács, Secretario de Estado de Comunicación y Relaciones Internacionales, ha respondido a la retirada de Frontex en nombre del gobierno húngaro: “Parece que Bruselas quiere quitarnos incluso lo poco que ganamos. Hungría no cederá a la presión de las fuerzas pro-migración. Seguiremos defendiendo al pueblo húngaro y al país, y a las fronteras de la UE. Esperamos que esto no sea una señal de que algunos quieran retener fondos de los países que insisten en proteger las fronteras”. La referencia a las recientes negociaciones de Hungría y Polonia con la UE no está fuera de lugar. La retirada de Frontex de Hungría, un cuerpo policial que también es financiado por el país magiar, es un claro indicio de que el acuerdo firmado en diciembre no era más que una tregua temporal. Una tregua que los globalistas de Bruselas, las ONG de la red Soros y los grandes medios de comunicación a su servicio están decididos a enterrar.