Durante el estado confinatorio, y según el Consejo General de la Abogacía Española, las asistencias a víctimas de violencia de género se han reducido un 50 por cien en Madrid durante el Estado de alarma. Lo mismo sucede en Vascongadas, donde las denuncias han caído un 50 por ciento. Casi del mismo modo, en el resto de las provincias de España.

Las Comisarías de Policía, y los servicios telefónicos para atender a víctimas “viogen” han seguido funcionando en todo momento. Las calles han estado más repletas de agentes de policía que nunca. Entonces, ¿cómo se explica este descenso abrupto en las denuncias, tan acusado, contrastado con toda la serie anterior del mismo periodo? ¿Los malvados y heteropatriarcales varones españoles se han vuelto mansos?

Se explica por la sencilla razón de que los chiringuitos de género, ésos que trincan subvenciones de la Unión Europea y de las distintas Comunidades Autónomas, han visto limitada y reducida su capacidad de acción para empoderar y enardecer a muchas mujeres.

Se trata de ONGs, asociaciones y despachos jurídicos que viven pegados a las ubres mantecosas de los cientos de millones de euros que cada año reparten la Unión Europea y las Autonomías (en 2018 el PSOE andaluz presupuestó 43 millones de euros para el “Instituto autonómico de la mujer”) y que estimulan la denuncia falsa para justificar su parasitismo. Estas organizaciones se han dado de bruces contra una circunstancia- el confinamiento- que ha limitado su actividad de manipulación obscena que practican sobre miles de mujeres induciéndolas a un ejercicio, el de la denuncia falsa, que no es perseguido de oficio por la Fiscalía, y que reporta pingües beneficios a los chupópteros que viven por y para violar la presunción de inocencia del hombre y arrebatarle su patrimonio e hijos en durísimos procesos de divorcio o separación.

La industria de género es un negocio millonario que desde 2004 no ha eliminado las muertes de mujeres, y que las ha aumentado: la media de mujeres asesinados a manos de sus parejas entre 1999 y 2003 –antes de la entrada en vigor de la Ley contra la violencia de género- era de 58,4; entre 2005 y 2019, durante la vigencia de la ley de violencia de género y sus chiringuitos, ha sido de 59,4. También ha aumentado el número de denuncias falsas: entre 2005 y 2015 hubo casi 1.500.000 denuncias de las cuales solo 178.000 acabaron en condena judicial (estadísticas del Consejo General del Poder Judicial).
Más del 85% de esas denuncias fueron retiradas, fueron sobreseídas o acabaron en absolución del denunciado. Pero, mientras tanto, las denuncias falsas fueron utilizadas escandalosamente en procesos de separación o divorcio y en pleitos judiciales por la custodia de los hijos, destrozando la vida de muchos hombres que no habían cometido ningún delito. Algunos de ellos pasaron mucho tiempo en prisión por denuncias que luego se demostraron falsas.

Pese a que está demostrado que durante el confinamiento, desde el mes de marzo, el chollazo de la Industria de género ha caído por los suelos y se han visto sus vergüenzas, ello no fue óbice para que en la sesión parlamentaria del miércoles 29 de abril de 2020 todos los grupos parlamentarios salvo Vox, apoyaron inflar con millones de dinero público la publicidad institucional feminista, los programas de adoctrinamiento escolar en ideología de género y el “pacto contra la violencia de género” para arrebatar más derechos y garantías al hombre y convertirlo en rehén de las denuncias falsas, los calabozos, la pérdida de su patrimonio y hasta de su vida. En definitiva; en esa vergonzosa sesión parlamentaria todos los grupos salvo Vox aprobaron más dinero para:

- Fundaciones, observatorios y asociaciones a los que se reparten millones de euros para todo tipo de talleres, programas, estudios y payasadas relacionados con la ideología de género.

- Abogados sin moral que recomiendan a sus clientes recurrir a la estrategia de denunciar en falso para conseguir ventajas en los procesos.

- Redes organizadas de presentación de denuncias falsas (que luego son retiradas) para conseguir la nacionalidad para mujeres inmigrantes.

- Denuncias que se presentan y luego se retiran (de común acuerdo con la pareja) con el fin de conseguir las ayudas que las leyes prevén para mujeres maltratadas.

Recordemos que a primeros del mes de marzo, mientras existían varios muertos encima de la mesa y decenas de contagiados por coronavirus, la principal ambición del gobierno social-comunista español era perseguir el “piropo” e implantar una normativa jurídica escandalosamente anticonstitucional que presentada por la inefable Irene Montero pretende que el mero testimonio de la mujer baste para convertir en violador y apestado al hombre cuando la voluntad de la denunciante así lo disponga.

La panoplia legislativa progre no ha servido para nada más que para alimentar a trepas y a feministas y para enfrentar a los sexos, dejando fuera de la protección de la sectaria ley contra la violencia de género de 2004 a los hombres, a los niños o a los ancianos que sufren violencia intrafamiliar.
Estas otras agresiones “olvidadas” representan más del 50% de las agresiones en el ámbito de la familia. De cada 3 muertos por violencia intrafamiliar, uno es hombre. De cada 5 homicidas en el ámbito intrafamiliar, uno es mujer.

Pese a que sus leyes ideológicas son un fracaso y una aberración, el consenso progre jamás admitirá la aplicación de la cadena perpetua ni la justicia punitiva contra los criminales sexuales y querrá que asesinos y violadores sigan gozando de beneficios penitenciarios. La hipocresía progre seguirá anclada en la obsesión de poner las filias ideológicas más nauseabundas por encima de la protección de la vida y la salud, como hicieron cuando permitieron las manifestaciones feministas del 8 M que extendieron el coronavirus convirtiendo Madrid en la fosa mortal de España.

Lo adecuado, lo correcto, lo humano y lo justo sería que el escandaloso dineral, cuasi imposible de cuantificar en cifras totales por su volumen gigantesco, que supone la industria del género que estos días no ha hecho nada más que seguir chupando del bote, fuera destinado a todo cuanto es menester asistir en tiempos de emergencia sanitaria y social: a nuestros contagiados, nuestros ancianos y nuestros parados. Lo correcto sería que esta basura subvencionada que mina la familia y la convivencia entre los sexos reproductores, dejara de existir de una puñetera vez.

El déficit público español va a sepultarnos bajo el rescate financiero obligado y en buena medida va a ser culpa de todos esos sacamantecas que como la industria de género, antepusieron sus filias y obsesiones ideológicas a la vida y salud de los españoles.